Una avalancha de conflictos y violaciones a los derechos humanos sacude al Centro de Readaptación Social Número 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.

Hace meses el penal obtuvo una calificación por debajo de la media nacional en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.

La CNDH documentó que en en ese penal federal, en el que se apiñan casi tres mil internos, algunos de ellos de máxima peligrosidad —ahí fue enviado, por ejemplo, en agosto pasado, Roberto Moyado Esparza, El Betito, líder de la Unión Tepito—, todo o casi todo es deficiente.

La infraestructura, la higiene, los servicios, el personal.

Las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del centro penitenciario son constantes. Los internos sufren maltrato físico, insultos, humillaciones y amenazas del personal de Villa Aldama.

Familiares de internos que entraron en contacto con el columnista relataron las condiciones en los que estos se encuentran. El relato coincide punto por punto con los hallazgos reportados por el informe sobre Villa Aldama realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que documenta irregularidades severas y violaciones a leyes nacionales e internacionales.

La CNDH denunció por su parte que los internos no reciben los alimentos necesarios y que estos son invariablemente de mala calidad. A quienes han caído enfermos no se les proporcionan las dietas prescritas por el médico.

No hay, por lo demás, médicos especializados, y hasta los medicamentos son insuficientes.

Los internos deben esperar horas, y a veces días, para recibir atención médica.

Cuando algún interno es aislado, no hay nadie que se presente a certificar su integridad física.

En el centro no existen actividades laborales remuneradas, se carece de actividades deportivas: los reclusos permanecen en sus estancias la mayor parte del tiempo, entre otras razones porque no hay personal suficiente para vigilarlos.

En los últimos meses conviven en los mismos espacios, con resultados atroces, internos sentenciados y aquellos que esperan sentencia. En 2017 se registraron ahí 59 riñas.

En enero de ese año la CNDH ordenó a la Comisión Nacional de Seguridad que resolviera esas deficiencias, que sancionara a personal que incurría en torturas y en uso indebido de la fuerza, y dispusiera que un funcionario entrara en contacto con las autoridades penitenciarias para supervisar las medidas correctivas.

No sucedió absolutamente nada.

En una zona donde en las madrugadas invernales la temperatura llega a descender a los cero grados, los internos carecen de todo abrigo.

En las celdas, las micas de las ventanas suelen presentar fracturas por las que se cuelan rachas de viento helado; las instalaciones sanitarias tienen fugas y presentan, invariablemente, encharcamientos.

La corrupción alcanza niveles de escándalo. Los jefes del crimen organizado reciben privilegios indebidos, según una carta que un grupo de internos hizo llegar al columnista.

La organización World Justice Project reprobó a Veracruz en materia de derechos humanos y justicia penal. De acuerdo con la organización, el sistema penitenciario viola los derechos humanos.

Los internos acusan al director general Jaime T. Fernández, al director Jurídico Ignacio Bautista y al director de Seguridad y Custodia, José de Jesús Zavala, de “violentar el trato humano de nuestras personas y nuestras familias” y “de impedir que tengamos acceso a la dignidad humana”.

Las historias que documentan todo esto sobran. Relataré algunas en los días que vienen.
 

@hdemauleon
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