Presupuesto
La falta de certeza en materia económica tiene paralizadas las actividades en el gobierno estatal y en los municipios. Los diputados se toman su tiempo, posponen el trabajo, encarecen la negociación y olvidan que retrasar la aprobación presupuestal afecta a miles de ciudadanos. Obvio, lo que buscan es un beneficio personal.
El daño que han causado los diputados de la 54 legislatura a Morelos en tan solo cuatro meses de gestión son enormes y tienen repercusiones en distintos ámbitos; su negativa a aprobar el Paquete Económico 2019 tiene detenida la marcha del estado y los municipios, ha complicado la operación de diversas instituciones e influye de manera negativa en aspectos sustantivos como la seguridad, la salud y el transporte. La postura de los legisladores morelenses no es a favor de la legalidad, ni mucho menos representa un compromiso con la gente, es una actitud chantajista con objetivos económicos personales.
La negociación presupuestal de Morelos está entrampada en una especie de limbo político que impide que las instituciones funcionen de manera correcta; no olvidemos que Morelos atraviesa por un momento crítico en materia económica: las finanzas del estado y de casi todos los municipios se encuentran en números rojos derivado de los malos manejos cometidos por las autoridades anteriores.
A ello se suma una contracción económica que se arrastra desde hace varios años y el cierre de cientos de empresas y comercios como consecuencia directa de la política de compras y contrataciones de la administración de Graco Ramírez; en el sexenio pasado todos los productos y servicios que compraban o contrataban el estado y los municipios (alineados a Rodrigo Gayosso y Elena Cepeda) eran adquiridos a proveedores externos, lo cual provocó el quiebre de muchos negocios locales y la consecuente pérdida de plazas laborales .
Añádase a lo anterior lo que vemos en muchos municipios: desde hace al menos tres administraciones los alcaldes han manejado las finanzas públicas de manera irresponsable o dolosa, hundieron financieramente a los ayuntamientos y dejaron deudas millonarias que las nuevas autoridades no tienen manera de afrontar. En algunos casos, como Jiutepec, los presidentes municipales sembraron problemas laborales y formaron nuevos sindicatos con el objetivo de protegerse y generar inestabilidad a las administraciones entrantes.
Detener la aprobación del paquete Económico tiene consecuencias serias para todos a pesar de que el ejecutivo se mueva con el presupuesto del 2018; la incertidumbre que causa la legislatura al estado y a los municipios no sólo es anímica, también ha impedido que los recursos económicos fluyan con normalidad, que la planeación (económica, social, política…) se haga sobre bases sólidas; hoy se corre el riesgo de que Morelos pierda varios miles de millones de pesos considerados en el presupuesto 2019.
La postura legislativa sobre el Paquete Económico es dolosa desde cualquier ángulo; en el discurso los diputados han dicho que su objetivo es el bien del estado y por ello bloquearon la propuesta enviada por el ejecutivo; en los hechos vemos otra cosa: el presupuesto que aprobaron ellos incluye una partida de 10 millones para la diputada Tania Valentina, considera 300 millones de pesos para obras de los diputados y aumenta 100 millones de pesos al presupuesto que tenía el poder legislativo en 2018 con 10 diputados más.
A pregunta expresa de reporteros ningún diputado del G15 ha podido sostener con argumentos su postura, ni tampoco ha podido explicar la base técnica que sustenta sus decisiones; en algunos casos queda en evidencia que no leyeron el Paquete Económico y en otros es notorio que ni siquiera tienen conocimiento de lo que aprobaron.
El retraso en la aprobación presupuestal ha causado un problema mayor al estado, varios municipios han externado su preocupación porque aún no saben cómo van a operar en materia financiera, los trabajadores de la Fiscalía se manifestaron para exigir que les proporcionen los recursos necesarios para trabajar y el fiscal ha dicho públicamente que no tienen dinero “ni siquiera para levantar a los muertos”.
Los pueblos indígenas se presentaron en las instalaciones del Poder Legislativo y exigen a sus integrantes que aprueben el presupuesto; trabajadores de varias dependencias del ejecutivo estatal, empezando por clínicas y hospitales, han denunciado que carecen del material básico para realizar su labor porque no hay dinero y en la policía están a punto de quedarse sin combustible para patrullar.
La falta de aprobación del Paquete Económico es un problema mayor: si el Ejecutivo se va con el Presupuesto 2018, el aumento considerado para el estado en 2019 (que anda en alrededor de 3 mil millones de pesos) se perderá.
… Y todo, dicen, porque 15 diputados quieren un moche de 10 millones para cada uno de ellos a cambio de votar el presupuesto.
¡Corruptos!
· posdata
Ahora fue un funcionario del ayuntamiento de Emiliano Zapata, el director de Parque Vehicular, otra víctima de la delincuencia que azota a Morelos. La delincuencia ya no espera a que la luz del sol se oculte para actuar, los delincuentes saben que el estado está rebasado, que la policía no tiene capacidad de respuesta y que ellos son más, un chingo, y superan en número e inteligencia a las autoridades.
El primer mes del 2019 cerró con 90 personas ejecutadas, cifra nunca antes vista en la historia de Morelos; los datos son duros y la forma de operar de la delincuencia es cada día más cruel. Las víctimas de la delincuencia son en su mayoría personas relacionadas con el crimen, dicen las autoridades; pero entre ellas hay también personas que perdieron la vida luego de ser secuestradas, que las asesinaron por negarse a pagar una extorsión o resistirse a un asalto. Son los “daños colaterales”, diría el ex presidente Felipe Calderón.
El fin de semana la muerte alcanzó a un ex candidato a presidente municipal en Tlaquiltenango y ayer las balas cortaron la vida a un funcionario municipal; en este baño de sangre hay niños y mujeres que han perdido la vida porque se encontraban en el lugar y momento equivocado. Todos al final se convierten en estadística para el gobierno.
¿Qué se debe hacer ante un panorama de horror como el que estamos viviendo en el estado? ¿Se debe continuar con la misma estrategia (si es que existe) o es necesario replantear el camino? ¿Es tiempo de pedir a la federación ayuda urgente y quizá valorar la necesidad de entregar al Gobierno de México el control absoluto de la seguridad?
Cada día se reúnen en torno a una mesa los representantes de las policías local y federales, miembros del ejército mexicano, del gobierno de Morelos, del gobierno de México y de vez en vez algún representante de los poderes. Todas las mañanas se revisa el parte de novedades, se analiza lo ocurrido en la jornada previa y (supongo) se toman decisiones. ¿Qué falta para que las cosas mejoren?
Un punto sustantivo en esta historia es el económico: la policía estatal está en quiebra, apenas subsisten y la falta de recursos (derivada también de que no se ha aprobado el presupuesto) se refleja en la operatividad de la corporación y las tareas de vigilancia, investigación y prevención del delito. Hay ocasiones, cuentan, que no hay dinero ni para gasolina.
La gravedad del problema de seguridad en Morelos es otra razón que obliga al gobernador, a los diputados y a los magistrados a buscar acuerdos y sumar fuerzas. Si no es por el bien superior del estado, lo tienen que hacer por el interés personal de que la estadística no los alcance. Hoy las amenazas de la delincuencia ya mencionan a figuras públicas.
Si la necesidad de paz no es capaz de conciliar los intereses de nuestros gobernantes, nada podrá hacerlo.
Y si eso no sucede, ninguno de ellos merece estar en el cargo que hoy ocupa.
· nota
El jefe de la oficina de la gubernatura entregó ayer al congreso el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. José Manuel Sanz acudió a la cámara de diputados, a donde fue recibido sólo por cuatro legisladores: Alfonso de Jesús Sotelo, Rosalina Mazari, Maricela Jiménez Armendáriz y Dalila Morales.
La imagen dice más que mil palabras: la legislatura le hizo vacío a José Manuel Sanz, el G15 se ausentó de manera intencionada con el objetivo de mandar un mensaje al gobernador. En este acto protocolario no estuvo la presidenta de la Junta Política Tania Valentina, ni los diputados José Casas y Ana Guevara, aunque estos dos últimos presumen diálogo con el funcionario de la gubernatura, uno de manera directa y la otra a través de la amistad que existe entre presidenta de su partido Jessica Ortega y la secretaria de administración Mirna Zavala.
La ausencia de la mayoría de los diputados en la entrega del Plan Estatal de Desarrollo es un fuerte mensaje político al gobierno estatal, sobre todo porque sigue en el aire la aprobación del Paquete Económico 2019. La postura de los legisladores deja ver que aún no hay acuerdos en materia presupuestal y eso anticipa que la cámara volverá a mandar el presupuesto en los mismos términos.
Es urgente que los encargados del rumbo del estado comiencen a hacer política, es imposible que la situación mejore si dos de los tres poderes del estado están confrontados y dirimen sus diferencias en un tema (el presupuesto) que afecta a todos los morelenses.
Ha quedado claro que la legislatura 54 no es mejor que la anterior, que sus integrantes son igual o más corruptos que sus antecesores y que el dinero se ha convertido en la prioridad para los 20 diputados. Pero del lado contrario el ejecutivo no ha tenido la capacidad de hacer algo para destrabar el problema, no ha dimensionado las consecuencias y el costo que acarrearía navegar con el presupuesto del año pasado y olvidan que en política como en la vida no hay victorias o derrotas definitivas.
Insisto: a Morelos le urge que la clase política deje de pelearse y comience a dialogar; no hay forma de que las cosas salgan bien por el camino que siguen los poderes ejecutivo y legislativo y aunque en el corto plazo el gobernador pudiese librar el chantaje parlamentario, continuar por la ruta de la confrontación representará un lastre para su gobierno, lo tendrá de manera permanente bajo amenaza de juicio político y ubicará al estado en la misma situación de retraso que se ha vivido en los últimos años.
Lo que sucedió ayer en la cámara de diputados no es bueno para nadie.
· post it
Duro están tundiendo en redes sociales a la diputada presidenta de la Junta de Política del Congreso de Morelos; también al legislador José Casas. Ambos enfrentan una embestida similar a la que vivieron los integrantes de la pasada legislatura y las consecuencias de ello, como pasó con los otros, serán terribles para la carrera política de todos.
Tania Valentina y José Casas se han convertido en el punto de ataque del G15 porque son los dos integrantes más vulnerables del bloque, ambos tienen historias negras y los dos han actuado de manera facciosa; el segundo, además, se separó del partido que lo proyectó al congreso (Morena).
En ninguno de los dos legisladores se nota un signo de prudencia o inteligencia en su actuar; teniendo la confianza del gobernador, se dejaron llevar por un interés económico mediático y perdieron de vista lo que pudo representarles el ser los ojos y la voz del ejecutivo en la cámara.
Es evidente que Cuauhtémoc Blanco y sus asesores se equivocaron al apostar por Tania Valentina y José Casas; la falla se vio desde el principio y se le hizo notar desde que se supo que esa iba a ser su decisión. Todos, excepto el gobernador y su hombre fuerte, sabíamos lo que iba a suceder si entregaban su confianza a Casas y Valentina.
Hoy el daño está hecho y aunque la relación pueda retomarse, la confianza se ha perdido para siempre.
Las preguntas son obligadas ¿Aguantarán esos dos diputados un pleito de tres años con el gobernador? ¿Los apoyarán siempre el resto de sus compañeros?
· redes sociales
El G15 será G11, dicen.
¿Será?
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