El título de esta columna, que podría confundirse con el de la exitosa película inglesa-americana nominada este año al Oscar y que será la gran competencia para la mexicana Roma al tener también 10 nominaciones al codiciado premio de Hollywood, no alude a ninguna princesa o consorte de algún palacio real, sino a la terna que ayer envío el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya a la ministra saliente, Margarita Luna Ramos, que termina su encargo este 18 de febrero.

Y es que en esta terna, a diferencia de la que envío el 11 de diciembre de 2018, y de la que resultó electo el actual ministro Juan Luis González Alcántara, no queda duda, en automático y a simple vista, de quién de las tres juristas nominadas es la “favorita” del Palacio Nacional. Al repetirse en el conjunto de nombres postulados por López Obrador dos de las mujeres que ya rechazó en diciembre el Senado, el de la doctora Loretta Ortiz y el de Celia Maya, la primera ex diputada de Morena y abogada especialista en derechos humanos, y la segunda ex candidata también de Morena a la gubernatura de Querétaro, ex jueza y magistrada, ambas rechazadas en su momento por la bancada de oposición con el argumento de su militancia política en el partido gobernante y su cercanía con el presidente; está claro que es el tercer nombre el que le interesa que se apruebe al presidente.

La magistrada Yazmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, tiene todas las cartas credenciales y la experiencia para aspirar a ocupar una silla en la Corte. Doctora en Derecho con más de 30 años de experiencia, en los cuales ha sido juzgadora a nivel federal y en la Ciudad de México, también actualmente presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Administrativos y secretaria de la Asociación Mexicana de Juzgados y vicepresidenta de la Asociación de Doctores en Derecho. Y sin embargo, con tantos cargos y trayectoria, lo que más destacaban ayer los medios tras su postulación es que es “esposa del empresario proyectista y asesor del presidente López Obrador, José María Rioboo”.

¿Su matrimonio la inhabilita? Legal y constitucionalmente no; pero políticamente está claro que la magistrada Esquivel tiene también una cercanía y una afinidad política con el proyecto político del actual gobierno, algo que por lo demás tienen y han tenido al ser postulados la mayoría de los actuales ministros de la Sala Superior de la Suprema Corte. Muy pocos ministros, si no es que ninguno, pueden presumir una pureza total como juristas; aunque al final, lo cierto es que a los integrantes de la Corte no se les debe juzgar por su independencia y autonomía al momento de entrar en una terna —a donde casi todos llegan por el guiño, la afinidad o la simpatía que les tiene un presidente— sino por qué tan autónomas e independientes de los intereses políticos, empresariales o de cualquier otro tipo, son sus decisiones y sus votos al momento de definir la constitucionalidad de leyes o acciones de los poderes, instituciones y gobernantes.

Por supuesto que el presidente López Obrador busca que la nueva ministra que sustituya a la conservadora Margarita Luna Ramos represente un voto más y un asiento en la Corte afín a su proyecto, en busca de consolidar una mayoría de ministros como la que ya se perfiló en la reciente elección del actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pensar que no es así sería ingenuidad. En ese sentido la designación de la magistrada Esquivel Mossa se vuelve estratégica en el indiscutible plan de AMLO para tener mayor control sobre la Corte.

Pero la realidad es que Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para lograr la mayoría constitucional de dos terceras partes del Senado que apruebe el nombramiento de la nueva ministra y, en ese sentido, volverá a estar a prueba la operación del coordinador Ricardo Monreal en momentos en que el tema se le junta en el periodo ordinario que comienza con la atorada Guardia Nacional en donde los morenistas no logran aún convencer a los senadores de la oposición, especialmente del PRI y del PRD, que podrían darles los 15 votos que les faltan para sacar la urgente Guardia que quiere el presidente para su estrategia de seguridad.

En el cine, “La Favorita” de Yorgos Lanthimos habla de las disputas de dos damas de la Corte de la Inglaterra de 1707 por ganarse el favor de la Reina Ana de Gran Bretaña, última monarca de la casa de los Estuardos. Y la duda es si esta gran cinta podrá desbancar a la mexicana Roma de Alfonso Cuarón a la que le disputa las principales categorías. En la política y en el Senado, la trama es ver si el nuevo ministerio entra en un paquete de “negociaciones políticas” que están buscando desde el gobierno y la bancada de Morena en el Senado donde el tema de la Guardia Nacional y la nueva ministra de la Corte serán las prioridades del grupo gobernante. Y la pregunta es si ¿pasará Yazmín Esquivel el filtro de las bancadas de oposición que sí le dieron su voto al ministro González Alcántara, a pesar de la estigma que, no sin algo de machismo y misoginia, le pondrán a la magistrada como “esposa” del polémico ingeniero Rioboo?

Notas indiscretas… “Retener salarios de los trabajadores en México es inconstitucional y es pecado social”, dijo ayer el presidente López Obrador al recibir del periodista Ricardo Rocha, director de Ciudad TV 21.2 el Canal del Congreso de la CDMX una denuncia por la retención ilegal que las áreas administrativas, por instrucciones de la mayoría de Morena, han hecho de los sueldos de un mes completo a 100 trabajadores de ese canal de televisión público. Tras el atraso de dos quincenas en el pago a los empleados del canal del Congreso capitalino, Rocha aprovechó ayer la conferencia de prensa matutina para entregarle al presidente dos hojas en donde resume el conflicto y las presiones que, desde el Gobierno de la ciudad y la bancada mayoritaria del Congreso se han venido realizando en contra del canal televisivo al que, acusa su director, quieren desaparecer “sin medir las consecuencias y argumentando una versión falsa sobre una reunión”. Y es que Ricardo niega las afirmaciones del ex diputado y actual secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, sobre una supuesta reunión con la ex coordinadora de Morena, Ernestina Godoy, en septiembre pasado, en la que él, en su carácter de director del canal del Congreso, habría aceptado un acuerdo para desaparecer CiudadTV21.2. “Es absolutamente falsa la versión de Alfonso Suárez del Real…No estaba en mis facultades, ni en mi interés, ni en mi propósito, semejante determinación”, señala el periodista. Explica que el canal legislativo de la ciudad es el de menor presupuesto de todas las televisoras públicas, pero el que más producción propia genera y transmite con 16 horas de programación diaria, noticieros, programas etc. propios, y que desde su arranque, hace tres años y medio, se le han escatimado recursos asignados que nunca se le entregaron y se ajustó a la nueva política de austeridad con un recorte de 50% de su presupuesto total que para este año apenas quedó en 30 millones de pesos. Finalmente Rocha pide la intervención del presidente para que la Oficialía Mayor y las fracciones del Congreso dejen de retener los sueldos de las dos últimas quincenas a los 100 trabajadores del canal y advierte que la injerencia de un funcionario del gobierno de la ciudad, como Alfonso Suárez del Real, en un canal que pertenece al Poder Legislativo local, representa una “aberración legal” por la invasión de poderes y una “transferencia o reasignación” totalmente anómala de un Canal televisivo que fue concebido para servir a los ciudadanos y cuyos únicos mandos deben ser las fracciones legislativas del Congreso de la capital mexicana. ¿Actuará López Obrador en congruencia con su discurso contra el acto inconstitucional y de pecado social que cometen contra los trabajadores del Canal del Congreso de la CDMX?...Los dados mandan Escalera doble. Buena semana.