No conozco a Yasmín Esquivel Mossa, la actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, pero quienes sí la conocen me dicen que es una abogada brillante y magistrada que actúa con capacidad y honradez. También es esposa de José María Rioboó, el contratista favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esta es al parecer la razón por la que ha sido incluida en la terna de aspirantes a la Suprema Corte con la aparente bendición del Mandatario para ocupar el lugar que dejará vacante Margarita Luna Ramos.
La acompañan en la terna otras dos abogadas que, independientemente de sus virtudes o defectos, han sido también nominadas por su cercanía al Presidente y a su partido. Loretta Ortiz Ahlf, esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, amigo y colaborador de López Obrador durante décadas, fue fundadora de Morena; aunque dejó su militancia apenas el pasado 17 de diciembre, en un fútil gesto de independencia cuando ya buscaba ser ministra. Cecilia Maya García, la única nominada con carrera judicial, fue candidata de Morena al gobierno del estado de Querétaro.
El 12 de marzo de 2015 escribí en este espacio que la imposición de Eduardo Medina Mora, un abogado capaz pero sin experiencia judicial o en investigación jurídica, era un acto de arrogancia. “La imposición era innecesaria –escribí–. Al final será una victoria muy costosa”.
Añadí: “Todos salimos perdiendo en este arreglo cupular. Pierde el Presidente, que lejos de mostrarse como un mandatario que gobierna para todos se presenta como un político que busca repartir puestos de servicio público como botín. Pierde la Corte, que deja de ser vista como una institución imparcial de impartición de justicia para convertirse nuevamente en apéndice del poder presidencial. Pierde Medina Mora, que ha sido objeto de ataques politizados que poco o nada tienen que ver con su verdadero desempeño en el servicio público y que ahora será cuestionado en cada fallo como ministros. Pierde también el pueblo mexicano. por la incertidumbre surgida de una visión de que estamos regresando a los tiempos de un viejo PRI que dominaba todos los aspectos de la vida pública”.
Hoy tendría que agregar que México perdía también, porque cualquier nuevo presidente se sentiría justificado para nombrar ministros que en vez de imparcialidad ofrecieran compromiso con causas políticas. Si bien los miembros de Morena en su momento cuestionaron la nominación de Medina Mora, quien no era miembro de ningún partido, hoy han olvidado sus argumentos y respaldan por segunda ocasión un descarado intento por llenar la Corte con simpatizantes del Presidente.
Cuando Ernesto Zedillo cambió la Constitución para destituir a todos los ministros en diciembre de 1994, yo lo cuestioné porque la medida parecía un golpe de Estado y porque descartó por igual a buenos y a malos ministros. Reconozco, sin embargo, que cuando llegó el momento de nominar a los nuevos, propuso a abogados reconocidos, la mayoría con carrera judicial y sin antecedentes políticos.
“Por primera vez en nuestra historia –declaró en su informe de 1995–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano genuinamente autónomo, electo por el Senado de la República. Reitero que se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del Presidente sobre la Suprema Corte.” Una de las nominadas fue Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación.
Los tiempos de los nombramientos políticos no terminaron. Peña Nieto abrió la puerta para regresar, pero López Obrador ha entrado por ella sin asomo de rubor.
¿Y por qué?
¿Por qué habría la CNTE de dejar de bloquear vías de ferrocarril si ya demostró que la extorsión es la mejor forma de obtener dinero y privilegios del Gobierno?