Muchos coincidiríamos con el diagnóstico del presidente López Obrador cuando ayer, en su conferencia mañanera, se refirió a Pemex.

“Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos, es de las empresas que más paga impuestos en el mundo. Vamos a dejarle recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex”, fueron sus palabras.

En los últimos seis años (hasta septiembre de 2018 para ser precisos con cifras nominales), Pemex aportó al gobierno 2 billones 787 mil millones de pesos, lo que significó 34 por ciento de sus ingresos totales.

Lo subrayó, no de su utilidad, sino de sus ingresos totales.

De hecho, en ese periodo, más que utilidad, Pemex tuvo pérdidas, derivadas, entre otras cosas, de la enorme carga de impuestos y derechos. Incluso, el porcentaje se bajó durante el sexenio de EPN.

En el año 2013 ese porcentaje fue de 43.2 por ciento, mientras que en los primeros nueve meses de 2018, fue de 25.4 por ciento.

Sin embargo, la carga sigue siendo altísima.

Para comparar cuánto pagan otras petroleras, por ejemplo Exxon pagó el año pasado una tasa de Impuesto sobre la Renta equivalente al 37.5 por ciento, pero de sus utilidades.

El gran problema que hemos tenido en México es que tenemos un sistema fiscal que ha requerido los recursos de Pemex.

Nos es imaginable en estos momentos un gasto público como el que tenemos, sin la aportación de Pemex.

Los sucesivos gobiernos no han querido o no han podido hacer una reforma fiscal que a través de otros impuestos genere los recursos que Pemex transfiere al gobierno.

Ayer, en términos generales, la declaración del presidente fue muy bien recibida por los mercados financieros.

Pero cuando se vea el detalle van a empezar las preguntas. Para conseguir una reducción significativa de la carga fiscal de la petrolera, se va a necesitar un sacrificio fiscal importante.

En el sexenio pasado se pudo hacer, en virtud de una reforma fiscal que no gustó a muchos pero que tuvo el mérito de ser altamente recaudatoria.

Ahora, sería necesario realizar cambios fiscales que dieran más recursos al gobierno, pues no es convincente la afirmación de que dichos recursos provendrán de los ahorros que se realicen en el gasto del gobierno.

De acuerdo con el Presupuesto aprobado, la reducción esperada del gasto para este año es del orden de 2.4 por ciento en términos reales, lo que equivale a un monto estimado de 100 mil millones de pesos. Una reducción así –que tiene que distribuirse en todo el sector público– no será suficiente para la capitalización que requiere Pemex.

Creo que la intención de AMLO es apreciable. Hay que aplaudirla. Sobre todo porque si no se hace algo con Pemex en el curso de los siguientes meses, se puede poner en riesgo su grado de inversión y si lo pierde, puede tener consecuencias funestas para las finanzas del país.

Qué bueno que ya se entendió este hecho.

Ahora lo complicado va a ser instrumentarlo. Insisto, como le comenté anteriormente, una opción que no debe desecharse son las asociaciones estratégicas que puede establecer Pemex (los llamados farm-out) que pueden permitir diversificar los riesgos de sus inversiones sin ninguna pérdida de la propiedad de los activos.

En otras palabras, instrumentar un cambio tan complejo como el señalado ayer por el presidente AMLO, requerirá de tener una visión pragmática y creativa, y no ideológica y rígida.

¿Podrán hacerlo? Más nos vale a todos.