Desde hace unas semanas Olga Sánchez Cordero no siente lo duro, sino lo tupido.

La quieren quitar de la Secretaría de Gobernación, pues envidian esa posición de privilegio junto al oído del Presidente.

Como López Obrador no quiere ver la realidad, tampoco ha percibido que dentro de su equipo de trabajo hay luchas sordas en que los aceros se blanden de un lado a otro.

Incluso hay personajes a quienes se les veía más allá del bien y del mal, alejados de ambiciones políticas, que resultaron ser unos samurái con el sable para herir a sus adversarios internos.

Grillísimos, pues.

Ayer el Presidente volvió a cargar contra los medios de comunicación porque uno de ellos dio a conocer que Olga Sánchez Cordero omitió dar a conocer en su declaración patrimonial que posee un departamento en Houston.

Cómo llegó el periódico a la Oficina de Avalúos del Condado de Harris, Texas, en busca de un departamento propiedad de una mexicana llamada Olga Sánchez y de su esposo, es asunto suyo. Excelente e irreprochable nota.

Y si hay interés en los medios de comunicación por las propiedades no declaradas de los miembros del gabinete, no es porque a este gobierno se le cargue la mano y a los anteriores no.

Fue el Presidente quien obligó a sus colaboradores a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y les dio un plazo que de no cumplir serían despedidos.

Si sólo ahora es obligatorio hacerlo, por mandato presidencial, sólo ahora es noticia cuando alguien viola la regla. ¿O no?

Entonces no viene al caso que el Presidente ataque a los medios por una publicación así.

Tal vez debería mirar adentro de su equipo para saber quién le pone minas a Sánchez Cordero para volarla de la pista.

Ayer hubo carreras para enmendar, aclarar y lavarse las manos en lo que a todas luces fue una emboscada contra la secretaria de Gobernación.

Ella misma acudió a la conferencia mañanera para aclarar que entregó a la Función Pública la información del departamento en Houston.

Esa propiedad y las que ella posea, como cualquier persona medianamente informada sabe, son producto de su trabajo y del de su esposo.

Quien omitió dar a conocer esa información no fue Sánchez Cordero, sino la secretaría de la Función Pública.

La secretaria de Gobernación expuso ayer que “yo lo tenía declarado (el departamento), le pregunté al director (de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP) por qué no se publicó”.

En respuesta, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en lugar de colaborar con su compañera de gabinete, se le fue a la yugular:

“Ella sabía (que la información no se subiría de manera automática al portal Declaranet)… Tendría que haber una nota aclaratoria de puño y letra (de Sánchez Cordero) para que (la declaración) fuera total. Esta situación fue siempre del conocimiento de la secretaria de Gobernación”.

En síntesis: Sánchez Cordero dijo la verdad y la enredaron en un galimatías burocrático.

Salió a defender su honor, sin comprender que eso no está en juego –y para quien la conozca, ni siquiera a discusión o en duda.

Lo que quieren es algo mucho más mundano que el honor: su puesto.

Ya le dicen que está muy grande. Que se duerme en las conferencias matutinas. Que no soporta estar en pie mucho rato. Que no se le puede hablar por teléfono en la madrugada porque se molesta. Que necesita dormir ocho horas.

La quieren sacar de Gobernación.

Alguien –o varios–, de manera desesperada o cuando menos apresurada (llevamos apenas dos meses de gobierno), atiza el fuego para que no resista el calor de la flama.

Sánchez Cordero y otros secretarios que aportan sensatez en el gabinete están siendo golpeados por el fuego amigo.

Y el Presidente, en lugar de poner orden, prefiere eludir la realidad y culpar al mensajero –un medio– del canibalismo desatado en su entorno de colaboradores.