El caso del departamento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Houston, que fue omitido en la parte pública de su declaración patrimonial, es un buen ejemplo de que la transparencia no está siendo el fuerte de la Cuarta Transformación. Porque a pesar de la instrucción terminante del presidente Andrés Manuel López Obrador, que exigió a todos sus colaboradores del gabinete presentar y abrir al escrutinio público sus declaraciones no sólo patrimoniales, sino fiscales y de conflictos de interés, tal como él lo hizo en su momento. Hoy no está claro si todos los hombres y mujeres del presidente cumplieron a cabalidad con esa orden, que fue además la condición para que pudieran seguir trabajando en este gobierno.

Porque aunque ayer Sánchez Cordero defendió su propiedad de 11 millones de pesos adquirida “hace 10 años” como producto de su trabajo de “100 años” junto a su marido, y acusó a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública de haber omitido publicar el departamento en su declaración pública, la respuesta de su compañera de gabinete, Irma Eréndira Sandoval, de que doña Olga no autorizó expresamente a publicar todos sus bienes y los de su cónyuge, generó más confusión. No queda claro si hubo intención de ocultar propiedades o si se trató de un “error” y de quién fue; y lo más grave, si ese tipo de “errores” también están en las declaraciones de otros funcionarios del gabinete.

“Cada servidor público es responsable del ingreso de sus datos y de decidir hacer públicas o reservadas sus declaraciones”, dijo la Función Pública al eludir la responsabilidad de la omisión y aclaró que cuando un funcionario ingresa sus datos en la plataforma Declara.net y decide reservar sus declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés, sólo pueden hacerse públicas si el mismo funcionario envía un escrito a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia, donde expresamente pida publicitarlas, incluidas las propiedades de sus cónyuges, para lo cual debe mencionar el consentimiento expreso del tercero. ¿Hizo eso o no lo hizo doña Olga? Y ¿cuántos secretarios y directores más reservaron sus declaraciones y omitieron también propiedades a nombre de sus cónyuges?

El tema es delicado porque está de por medio la palabra del presidente López Obrador, que todavía ayer, con cara de molestia, reiteraba que “nosotros tenemos que transparentar todo, la vida pública tiene que ser cada vez más pública”. Incluso, en lo que pareció una nueva advertencia a sus colaboradores, reconoció que si no hay esa transparencia, “para eso sirve y ayuda, porque todo lo que resiste apoya, para eso sirve y hay que aceptarlo y respetarlo, la labor del conservadurismo y la prensa ‘fifí’”, dijo en alusión a las denuncias de los medios que revelaron las omisiones en las declaraciones de los miembros de su gabinete.

A partir de este caso está a prueba si el presidente cumplirá su promesa pública de transparencia total entre los miembros de su gabinete. O si su sentencia solo fue una declaración más para la prensa y va a permitir que, haciendo uso de reservas que son legales, varios secretarios omitan, escondan o no declaren todo su patrimonio y el de sus cónyuges, tal y como él lo hizo con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, incluidas sus cuentas bancarias, ahorros y sus conflictos de interés. ¿Pedirá López Obrador otra vez que Irma Eréndira haga su trabajo y revise e informe a fondo lo que declararon todos los secretarios? Ya veremos. Por lo pronto dicen que ayer, desde Palacio Nacional parecía escucharse la célebre frase de la Nasa: “Houston, Houston…tenemos un problema”. Y ese problema se llama opacidad y transparencia a medias en la 4T.

NOTAS INDISCRETAS…Ayer la Universidad de Guadalajara, la segunda casa de estudios pública más grande del país, eligió a un nuevo rector. Por mayoría absoluta de votos, el Consejo General Universitario declaró rector a Ricardo Villanueva Lomelí, quien fuera hasta ahora rector del Centro Universitario de Tonalá y antes coordinador General de Patrimonio de la UdeG y presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Villanueva Lomelí, además de su trayectoria universitaria y sus grados académicos, también tuvo una faceta política como secretario de Planeación, Administración y Finanzas en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, que después lo hizo, en 2015, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara, campaña que perdió frente al actual gobernador Enrique Alfaro. Es un académico y político joven, de 40 años, que sin dejar de ser parte del grupo de Raúl Padilla López, tuvo la habilidad de convencer a otros ex rectores y políticos del llamado “Grupo UdeG”, tan es así que con sus 106 votos de consejeros universitarios, superó por más del doble a la doctora Ruth Padilla Muñoz con 43 votos y a los otros dos candidatos, Jaime Andrade Villanueva y Héctor Raúl Solís, ambos con 17 votos... Por cierto que el gobernador Enrique Alfaro tuvo que salir ayer a negar que se haya plagiado la tesis sobre derechos humanos de un investigador jalisciense, cuyos párrafos aparecieron íntegros, prácticamente copiados con copy paste, en la iniciativa para redactar una Nueva Constitución y convocar a un nuevo Congreso Constituyente en Jalisco. Alfaro se la sacó con el argumento de que “no fue plagio” porque el autor de la tesis, Gerardo Ballesteros de León, dio su consentimiento para que se fusilaran su tesis en la iniciativa del gobernador y que, según su abogado, David Bernal, el académico fue parte del equipo de asesores que participaron en la redacción de la nueva propuesta constitucional para los jaliscienses. Incluso hicieron que el doctor Ballesteros mandara una carta donde dice que él autorizó que le copiaran casi un capítulo completo de su tesis porque son “argumentos científicos”. El caso es que el gobernador Alfaro y su abogado se vieron muy mal con su iniciativa con argumentos fusilados. Que copiones…Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
 
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