El sector de las energías renovables en México ha tenido un inicio de sexenio movido. En una semana, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tumbado, sin mucha explicación, una herramienta y una infraestructura fundamentales para el desarrollo del sector: la cuarta subasta eléctrica a largo plazo y una línea de interconexión clave para transportar la electricidad del sur al centro del país. La industria renovable, que acumula varios años con fuertes tasas de crecimiento en uno de los países con mayor potencial del planeta, ha reaccionado con una mezcla de preocupación y perplejidad ante las decisiones, que pueden hacer descarrilar la promesa verde y los objetivos de reducción de emisiones a los que se han comprometido las autoridades mexicanas.
La Secretaría de Energía citó la semana pasada “consideraciones técnicas, económicas y de planeación energética” para justificar la cancelación de la cuarta subasta eléctrica,un sistema que permite a los generadores de energía vender su producción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE, de titularidad pública) y a otros compradores privados. López Obrador (Morena), que de palabra siempre se ha mostrado a favor de la transición hacia una matriz eléctrica más verde, confirmó la decisión este martes. Pero el intento del presidente por aclarar la cuestión y la presentación del Programa Nacional de Electricidad —que se espera para la próxima semana— no despejan, ni mucho menos, la incertidumbre.
El mecanismo, establecido por el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) en 2013, es visto por los expertos como un instrumento clave para alcanzar el 35% de energías limpias para 2024, frente al 21% en 2017. Con el retraso en el lanzamiento de nuevos proyectos que provoca la cancelación de las subastas, ese objetivo peligra. La alta participación en las convocatorias anteriores redujo, además, los precios de la electricidad a mínimos históricos: en la última, celebrada a finales de 2017, la italiana Enel se comprometió a producir energía solar a 17,7 dólares por MWh, un récord mundial. La patronal del sector eólico, Amdee, estima que de la primera subasta —celebrada a principios de 2016— ya está en operación más de la mitad de los proyectos.
Antes de la decisión, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la voz del sector privado mexicano, había expresado su “profunda preocupación” por el futuro de este mecanismo. “Cancelar estas subastas implicará inhibir las futuras inversiones del sector privado en las energías renovables”, advirtió en un comunicado. Durante los tres últimos años, la CCE cifra la inversión renovable en 8.600 millones de dólares, pero el potencial es mucho mayor. La Secretaría de Energía estima que los recursos solares son 75 veces superiores a la capacidad instalada actual y los eólicos, casi ocho veces mayores.
El otro golpe ha venido por el lado del sistema de transmisión eléctrica, cuya saturación es vista como un limitante para el sector. Tras meses de retrasos, la Secretaría de Energía finalmente suspendió la licitación de la línea de interconexión entre el istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca (sur) —una región favorecida por los fuertes vientos y que concentra gran parte de la producción eólica— y el centro del país —el principal consumidor de electricidad, con la Ciudad de México y el Bajío, uno de los grandes polos industriales mexicanos—. La falta de infraestructura puede limitar la construcción de nuevas plantas, ante la incapacidad para que la electricidad pueda ser transportada hasta el lugar donde se consume: los grandes centros urbanos y manufactureros.
La decisión no afecta a todo el sector por igual. Las empresas fotovoltaicas, por ejemplo, tienen una clara ventaja sobre las eólicas: en un país como México, la luz solar es un recurso ampliamente accesible y es más sencillo instalar las placas cerca de los puntos de consumo. El viento, en cambio, está concentrado en ciertas regiones del país, alejadas de los Estados en los que se concentra la mayor proporción de población y de actividad económica, por lo que el transporte es clave. Otras empresas del sector eólico consultadas por este diario afirman que esa decisión tampoco les repercute porque sus plantas ya están conectadas al sistema, pero solo es una cuestión de plazo: cuando quieran crecer en México —y el sector tiene al país norteamericano entre ceja y ceja—, necesitarán de esta nueva infraestructura para poder evacuar la electricidad generada.
Para Amdee la construcción de esta línea es fundamental para que se cumplan sus proyecciones de triplicar la generación de aquí a 2024. Su esperanza es que la suspensión no acabe en una cancelación definitiva. Más allá del reto energético, Juan Carlos Belausteguigoitia, director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales, opina que la anulación del plan sería un sinsentido desde un punto de vista de lucha contra la pobreza, una de las prioridades del nuevo Ejecutivo mexicano: “El Gobierno quiere desarrollar el sureste de México y para eso necesitan líneas de transmisión”.
Confusión entre los empresarios
El giro de López Obrador ha dejado a prácticamente todos los actores del sector especulando sobre los motivos, “absolutamente vagos” en opinión de Pablo Ordorica, socio de la consultora McKinsey. En el caso de la línea de interconexión suspendida, Jacqueline Mongrut, vicepresidenta de HydroQuébec, una de las mayores productoras de energía hidroeléctrica del mundo, descarta la posibilidad de una cancelación definitiva: “Desconozco las razones, pero el transporte es demasiado crítico en México para que no saquen alternativas”, asegura. Oliver Flores, jefe de Unidad de la Comisión Reguladora de Energía, la entidad que vigila el buen funcionamiento de este mercado, tampoco tenía una respuesta: “Puede que haya una ruta mejor; seguramente están analizando otras opciones”.
El fortalecimiento de CFE, uno de los organismos paraestatales que más se vio beneficiado por los Presupuestos federales para 2019, con un incremento del 18% respecto al año anterior, hace pensar a algunos expertos en que el Gobierno planea una reforma en profundidad del sistema eléctrico. El viernes, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, habló con nostalgia de la época en que la empresa generaba el 100% de la electricidad del país —ahora produce la mitad y la iniciativa privada, la otra mitad, como consecuencia de la liberalización del sector emprendida por Peña Nieto—. La reforma podría incluir el salto de la compañía a la producción de energía renovable no convencional, como ya hace con la energía térmica, geotérmica o nuclear. Ordorica considera que ese escenario, de confirmarse, es peor que el actual. “Supondría entrar en un área donde CFE no tiene experiencia, cuando ya hay un mercado de empresas altamente especializadas”, asegura.
López Obrador se presentó a las elecciones con una clara agenda renovable. Sin embargo, en sus primeros dos meses en el cargo ha centrado la atención en su plan para resucitar la declinante industria petrolera mexicana. También han sorprendido algunas declaraciones de los miembros de su Gabinete: tras prometer López Obrador que su Gobierno no promovería la extracción de crudo a través de fracking —una técnica polémica por su impacto medioambiental—, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo la semana pasada que el Gobierno no descartaba su uso. Unos días más tarde, el presidente salió a desmentirla. El viernes el mandatario anunció una consulta popular para poner en operación una central termoeléctrica ya construida en el Estado de Morelo. Durante el anuncio, denunció, sin dar pruebas, que algunos de los movimientos ambientalistas que han pedido el cierre de la planta están apoyados por "empresas extranjeras que no quieren competencia".
Esos giros y los recientes anuncios han situado al sector energético —y no solo a la parte renovable— en un estado de constante zozobra. Y en energía, como en cualquier otra área de la economía, “la incertidumbre puede salir cara”, cierra Belausteguigoitia.