El máximo órgano judicial del país está viendo amenazada no sólo su función como el principal contrapeso del Poder Ejecutivo, sino también su autonomía, dos de sus características fundamentales que de acuerdo con expertos el presidente busca desdibujar ante sus intenciones de centralizar el poder en México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está contra las cuerdas.
Especialistas ven una clara intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con el único contrapeso que tiene el Gobierno federal.
Se trata de una embestida no sólo por el tema de los altos salarios en el Poder Judicial, el impulso a nuevos ministros con una clara cercanía al primer mandatario o las declaraciones de López Obrador sobre su intervención en decisiones que no corresponden al Ejecutivo.
Todos esos movimientos forman parte de una estrategia para reformar al Poder Judicial desde la raíz.
Andrés Manuel López Obrador todavía nombrará a un nuevo ministro: el sustituto de José Fernando Franco González Salas, quien termina su periodo el 12 de diciembre del 2021
La intención de esa transformación fue plasmada por el hoy presidente López Obrador desde que era líder de Morena, en su Plan de Nación 2018 – 2024, en el que señaló que su equipo había recibido varias propuestas, entre las que destacaba desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal.
Morena no tuvo que esperar a que el tabasqueño tomara el poder para sacudir al Poder Judicial.
Sus bancadas en el Congreso de la Unión comenzaron a presentar iniciativas de reforma desde el inicio de la 64 Legislatura, que iban desde la rotación de los impartidores de justicia hasta la aplicación de la prueba del polígrafo y de exámenes toxicológicos a los jueces.
Vino después la ofensiva por los altos salarios de los ministros, magistrados y jueces; y luego las ternas de personas cercanísimas a López Obrador y su movimiento para ocupar los espacios vacantes en la SCJN.
Durante su sexenio, el presidente de la República todavía nombrará a un nuevo ministro: el sustituto de José Fernando Franco González Salas, quien termina su periodo el 12 de diciembre del 2021.
De concretarse la cooptación del Poder Judicial, la Suprema Corte podría verse reducida a un órgano en el que se avalen todas las medidas tomadas desde el Ejecutivo
Al volverse mayoritariamente conservador, perdería su papel como máximo tribunal garantista, que ha ganado en los últimos años.
¿El peligro? Que la SCJN quede indefensa ante el poder del Ejecutivo, y ante una mayoría del partido oficial en el Legislativo, lo que vuelve al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto un ente casi todopoderoso.
Dos manos en el Poder Judicial
Para el jurista Sergio Méndez Silva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta a una de sus peores crisis en este inicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por estar constantemente amenazada.
“Yo creo que es muy peligrosa la situación en la que hoy nos encontramos, porque el presidente no tiene una, sino dos manos metidas en el Poder Judicial. Y con el grandísimo poder que tiene y con una oposición que es sólo una pantomima y se entrega a la menor provocación, en un escenario así la Suprema Corte es un poder inerme; está indefensa”, considera Méndez Silva en entrevista.
En cualquier momento, apuntó el abogado, al presidente puede ocurrírsele un cambio constitucional y “barrer” con los ministros, como ocurrió durante la presidencia de Ernesto Zedillo.
Méndez Silva sostuvo que todo lo que ha ocurrido en los meses recientes, desde el escándalo sobre los salarios de ministros y magistrados hasta las propuestas para la SCJN, forman parte de una clara intención de López Obrador de centralizar el poder, como ocurría en los tiempos del PRI.
“Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar el control absoluto y centralizar el poder, y su único obstáculo para lograrlo era la Suprema Corte, que en los últimos años ha tenido una labor histórica en la transformación del país”
“Me parece muy lamentable que ante el ánimo autoritario, digamos light, del presidente —porque aunque él no sea una persona mala, ni represora, ni nada por el estilo—, su ánimo autoritario se nota en sus ganas de centralizar el poder. Y eso, sea una buena persona o no, es una característica del régimen autoritario”, afirma Méndez Silva.
Estas acciones del titular del Ejecutivo, indicó el jurista, romperán aún más el equilibrio que tenía la SCJN en el pasado, en el que había un grupo de ministros progresistas y otros conservadores; pero en la próxima conformación, es evidente que el máximo tribunal tenderá más al conservadurismo.
Desde la visión de Méndez Silva, los ministros conservadores —en el sentido de la aplicación de la ley a rajatabla—son Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora.
Del ala garantista están Arturo Zaldívar Lelo de Larrea —hoy presidente del máximo tribunal—, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek.
Aun sin definición estarían los nuevos ingresos: Juan Luis González Alcántara Carrancá y otra ministra aún por elegir.
Sin embargo, Méndez Silva indicó que aunque actualmente sólo 5 de 11 ministros son abiertamente conservadores, la presencia de dos o más ministros cercanísimos al presidente López Obrador puede mover el péndulo de la SCJN hacia el conservadurismo y a que ésta apoye las decisiones del Ejecutivo que se sometan a revisión constitucional.
Esto no será positivo en casos tan delicados como la revisión de la Guardia Nacional, medidas garantistas como el matrimonio igualitario o la discusión de violaciones a los derechos humanos.
Analistas y expertos en materia jurídica consideran que si la SCJN queda supeditada a los deseos del Poder Ejecutivo el único contrapeso real actual al gobierno de López Obrador desaparecería
“Todo esto es una simulación, lamentablemente, propia del régimen autoritario; y todo parece indicar que el presidente de la República quiere diluir esta auténtica independencia de la que gozó la Suprema Corte (…) A mí me parece muy claro que lo que pretende el presidente es no tener un contrapeso real. Yo creo que es muy preocupante.
“Si la gran virtud de los nuevos ministros es la cercanía con el Ejecutivo, pues a mí me parece muy claro que estarán fallando a favor del gobierno de López Obrador. Y esa es una manera de garantizar el control de la Corte por parte del presidente”, alerta.
Méndez Silva es coordinador de Litigio Constitucional de la organización Justicia ProPersona y, junto a otros juristas, han presentado amparos contra el nombramiento de los ministros Eduardo Medina Mora, Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá —y lo harán con la nueva ministra—por considerar que el procedimiento para realizar esos nombramientos viola el derecho de la sociedad a tener un tribunal independiente e imparcial.
Ministros cercanos
La acción más clara de injerencia del gobierno obradorista al Poder Judicial es la nominación de personajes cercanos a él como nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo como presidente de México, todos los candidatos propuestos para integrase como nuevos ministros de la SCJN tienen una relación cercana con el tabasqueño
El acto consumado más reciente fue la propuesta, aprobada por el Senado, de nombrar como nuevo ministro a Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El nuevo miembro de la SCJN es cercano a López Obrador desde que este fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando presidió el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Junto a González Alcántara Carrancá fueron nominadas Loretta Ortiz Ahlf, militante de Morena y miembro del gabinete de transición; y Celia Maya García, magistrada y excandidata a la gubernatura de Querétaro, por Morena.
Para el nuevo proceso de selección fueron nominadas nuevamente Ortiz y Maya, junto a Yasmín Esquivel, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, cuestionada por ser esposa de José María Riobóo, uno de los constructores más cercanos a López Obrador.
Para Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, estas nominaciones son la muestra de que hay una fuerte amenaza de intromisión sin cuidar siquiera las formas.
“Esto manda un muy mal mensaje en esta narrativa del discurso de querer cambiar las formas, y me parece que más bien se está acentuando y hace evidente que hay procesos que son demasiado apresurados, como muy a las prisas, sin cuidar siquiera las formas (…).
“Sí hay una fuerte amenaza en términos de esta intención de injerencia. El mensaje que se manda con estas ternas muy cercanas a él, es querer tener aseguradas ciertas posiciones (…)
Es preocupante, porque estos perfiles no están garantizando la autonomía ni la independencia judicial para una institución como la Suprema Corte”, expuso Checa en entrevista.
Organizaciones de la sociedad civil han pedido al Senado rechazar la nueva terna de candidatas a sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos por los evidentes conflictos de interés y cercanía con el presidente
La abogada y activista consideró que la SCJN es una de las instituciones que más deben cuidarse en el país, pues se trata no sólo de un contrapeso del poder, sino de una institución que debe fortalecerse para resolver la problemática de impunidad, poco acceso a la justicia y constantes violaciones a los derechos humanos.
El Observatorio de Designaciones Públicas y otras organizaciones de la sociedad civil han pedido al Senado de la República que rechace la nueva terna de candidatas a sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos, por los evidentes conflictos de interés y de cercanía que las tres nominadas tienen con el primer mandatario.
Intención anunciada
La cargada contra el Poder Judicial de la Federación va más allá de las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho contra ministros, magistrados y jueces.
A ojos de expertos, varias de estas declaraciones han sido abiertamente injerencistas.
“Juez, magistrado, ministro, que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo que hubo una transa, me quede yo callado; porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, fue una de las más recientes sentencias que lanzó López Obrador desde el podio de su conferencia de prensa diaria, el 4 de febrero pasado.
El Poder Judicial, como ente independiente del Estado, tiene al Consejo de la Judicatura Federal, encargado de administrar sus labores y de vigilar, sancionar o denunciar a los jueces, magistrados y ministros que cometan irregularidades
Por ello, las constantes declaraciones del primer mandatario son vistas como un claro intervencionismo a un poder autónomo.
López Obrador y su equipo han tenido en mente transformar el Poder Judicial desde antes de ser gobierno.
En su Plan de Nación 2018 - 2024, que Morena presentó el 20 de noviembre del 2017, López Obrador mencionó que en nombre de la austeridad republicana, las estructuras del Poder Judicial merecían “una revisión”
“Modificar las estructuras del Poder Judicial, cualquiera que sea su nivel (si federal o local), repercute directamente en las personas que en ese momento enfrentan un litigio (…) por esa razón estas deben ser tan precisas como si fueran de bisturí.
“Sin embargo, la magnitud de los presupuestos asignados, en términos de una austeridad republicana, y la importancia de la tarea jurisdiccional, ameritan una revisión a esas estructuras institucionales”, sostuvo Morena en su Plan.
López Obrador no dio por hecho sus planes para la reforma al Poder Judicial, y más bien asentó que en caso de ganar las elecciones, realizaría mesas de trabajo para hacer una propuesta de transformación.
Eso sí: López Obrador, entonces presidente de Morena, reveló que había recibido “un mayor número de peticiones” sobre algunos temas que debía contemplar esta transformación, sin decir de quién provenían esas solicitudes.
La primer propuesta es suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y, en su lugar, crear una sala más en la SCJN encargada de toda la administración, “generar ahorros y al mismo tiempo evitar injerencias de otros poderes”.
La segunda propuesta fue revisar los exámenes de oposición para evitar llegar a una plaza de juez o magistrado después de litigar los resultados de las evaluaciones.
Y una tercer propuesta fue que los ministros de la SCJN fueran ungidos por elección popular o por una propuesta unipersonal del presidente de la República, “para evitar el desprestigio de los otros candidatos de la terna, sometidos innecesariamente a la crítica partidista; y porque la elección de uno solo, de esos tres, deriva de arreglos partidistas”, estableció López Obrador en su Plan de Nación.
Las constantes declaraciones del primer mandatario en contra de la SCJN son vistas por expertos como un claro intervencionismo por parte de López Obrador a un poder autónomo que le hace contrapeso
Nadie puede acusar sorpresa. El propósito de López Obrador de sacudir el Poder Judicial fue anunciado desde hace años.