Estados Unidos ha vuelto a poner bajo la lupa al antiguo círculo rojo de Humberto Moreira, exgobernador del Estado mexicano de Coahuila. Las autoridades mexicanas detuvieron la semana pasada a Jorge Torres, que sucedió a Moreira como interino cuando dejó el Gobierno estatal para presidir el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un caso de fraude bancario y lavado de dinero abierto hace más de cinco años en Estados Unidos. En la causa está también Javier Villarreal, extesorero y mano derecha del exmandatario priista, que ha colaborado con la Justicia estadounidense desde 2014 y dado información sobre un supuesto esquema criminal durante la Administración de Moreira. Con la extradición de Torres en puerta, un especialista en el caso y litigantes de alto perfil señalan que es latente la posibilidad de que el juicio mediático contra el que fuera uno de los políticos más poderosos de México se convierta en un proceso legal en forma en una corte estadounidense.

El Gobierno de Moreira, entre 2005 y 2011, quedó marcado por cifras estratosféricas de endeudamiento: el Estado debía 25 millones de dólares al inicio de su mandato y lo dejó con 2.500 millones de deuda. Moreira fue señalado por tener supuestos vínculos con Los Zetas y por utilizar las arcas de Coahuila como caja chica para financiar campañas políticas del PRI y del expresidente Enrique Peña Nieto, pero la Justicia mexicana no pudo demostrar ningún delito. Tras mudarse a Barcelona, España lo arrestó en 2016, pero lo liberó por falta de pruebas de que haya delinquido en ese país. El exgobernador ha negado las acusaciones y ha puesto sus triunfos en el banquillo como argumento de su inocencia en cada escandalo que ha enfrentado.

"En México los juicios por corrupción contra exgobernadores se hacen mal y a las prisas, se construyen más para dañar al acusado políticamente que para fincar responsabilidades, y a veces solo hay que señalar las deficiencias en las acusaciones para defender a tu cliente", apunta un penalista que ha defendido a varios políticos y que pide el anonimato. En muchos casos, la labor deficiente de los ministerios públicos es crítica porque por principio de derecho nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si te libras una vez, sales avante de esos cargos para siempre.

Moreira, invicto en los tribunales, tiene un frente abierto en otra corte. En 2013, un juzgado de Texas acusó a Torres y Villarreal de triangular 35 millones de dólares en recursos públicos desde México al banco JP Morgan Chase de Estados Unidos para después mandarlo a otras cuentas privadas en Bermudas, cuando eran funcionarios. También se les persigue por comprar terrenos y plazas comerciales para blanquear el dinero. Villarreal se declaró culpable a los pocos meses. Torres, que gobernó Coahuila entre enero y diciembre de 2011, estuvo prófugo hasta el pasado 5 de febrero.

"No había nadie que tuviera más poder en el Gobierno de Moreira que Villarreal, se decía que él decidía absolutamente todo", comenta Carlos Arredondo, periodista coahuilense del diario La Vanguardia. Villarreal reveló en un testimonio de 2017 que, como gobernador, Moreira se había apropiado de 150 millones de dólares. Las revelaciones surgen de un acuerdo común en la Justicia estadounidense. La sentencia por lavado es de 20 años y de fraude bancario, 30. Pero si testifican y ofrecen pruebas útiles sobre otros casos, Villarreal y Torres podrían recibir penas reducidas. Ese juego se extiende hasta que sean sentenciados. Después de nueve aplazamientos está previsto que el juicio de Villarreal concluya en julio.

¿La detención de Torres apunta a que Estados Unidos está construyendo un caso contra Moreira? Arredondo y un abogado de alto perfil no tienen dudas. Pero no hay información pública sobre si existe un expediente, cuán avanzada está la investigación y qué nuevos detalles desvelaría Torres si accede a incriminar a Moreira. Por eso, otro litigante con una cartera de clientes que ha pasado por procesos similares pide cautela: "Por ahora son hechos independientes, si más adelante el testimonio de Torres abona contra Moreira, otra cosa será".

Si Estados Unidos asume que los acusados actuaron por su cuenta, que es una supuesta red criminal que va "hacia abajo" y no apunta a los altos mandos, que todos los desvíos de dinero público de Villarreal y Torres no tienen conexión con Moreira o no lo puede comprobar, entonces el indicio es que no tendrá elementos para enjuiciarlo. "Torres es un peligro para Moreira porque tiene muchos más problemas para tolerar el escándalo público y puede ser un testigo mucho más cooperador", considera Arredondo.

La prensa mexicana dio a conocer hace dos meses que la defensa del exgobernador tramitó un recurso jurídico para saber si había una investigación en su contra en México. "Han sido numerosas las investigaciones que se han realizado sobre mi persona y posteriormente archivadas por inexistencia de prueba alguna, por lo que el que existan declaraciones de personas investigadas que declaran contra mí a cambio de futuros beneficios penitenciarios no es novedoso", dijo Moreira en un comunicado.

Con la reapertura de su proceso en España el año pasado, un juicio en Estados Unidos cambiaría el panorama del caso por completo. Pero también se debe considerar que Estados Unidos y España solo pueden juzgar, lo mucho o lo poco que haya pasado en sus territorios. Medios locales han criticado que "haya más interés" por investigar a Moreira fuera de México que dentro de sus fronteras. La opinión de uno de los abogados consultados es cruda: "La decisión de investigar o no a un exgobernador ha sido históricamente política, el presidente da el visto bueno o dice a quién no se toca". Está por verse si la procuración de justicia mejorará en un país que ha sido lastrado por la opacidad y que ha elegido a su primer fiscal general autónomo hace menos de un mes.