El gobernador Cuauhtémoc Blanco, acompañado de integrantes de su gabinete, ayer, afuera de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR. El gobierno del estado denuncia ante las autoridades federales al exmandatario, pero también a su esposa, a su hijastro y a Alberto Barona Lavín, al que el exmandatario regaló una notaría antes de concluir el sexenio.
El gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo acudió este miércoles a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República, a iniciar una denuncia por presuntos actos de corrupción en los que estaría implicado el ex mandatario Graco Ramírez Garrido Abreu y miembros de su familia. Se identificó la compra irregular de dos propiedades en Cuernavaca por un valor de 22 millones de pesos.
El ejecutivo inició la denuncia de hechos por los probables delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Blanco Bravo se presentó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, acompañado por el jefe de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz Rivera, el asesor anticorrupción Gerardo Becerra Chávez de Ita, el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado y el secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas.
Luego de realizar el trámite correspondiente, el gobernador aseveró -en conferencia- que esta es una muestra de que en su administración va a combatir la corrupción, tal y como lo prometió en campaña, no permitirá la impunidad. Expresó su confianza en las autoridades federales y advirtió que no se quedará de brazos cruzados ante el daño causado a los morelenses.
Becerra Chávez indicó que en la denuncia de hechos por posibles actos delictivos, como los ya referidos, podrían estar implicados el ex gobernador Graco Ramírez Garrido, su esposa y ex presidenta del sistema DIF Morelos Elena Cepeda de León, su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda y el notario Alberto Javier Barona Lavín, también ex secretario de administración del gobierno del estado.
Lo anterior, porque se descubrió la adquisición -presuntamente irregular- de dos inmuebles ubicados en Cuernavaca, por un costo estimado de 22 millones de pesos.
Becerra Chávez también expuso que pudiera haber tráfico de influencias y la existencia de “empresas fantasma”, al tiempo de añadir: "Las compra ventas son entre la familia del ex gobernador Graco Ramírez y algunos muy cercanos colaboradores del ex gobernador… detectamos esto desde que estuvimos en la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos y mucho de los que se ha publicado por ustedes los periodistas".
Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno del estado Samuel Sotelo Salgado apuntó que en días subsecuentes, presentarán más denuncias por otros hechos que podrían configurar delitos y señaló que la Unidad de Delincuencia Organizada determinará qué otros delitos se configuran y qué otras personas estarían implicadas.
Además, explicaron que son recursos de difícil recuperación porque se plantea un asunto de posible defraudación fiscal.
Por su parte, el delegado especial de programas de bienestar social en Morelos Hugo Eric Flores Cervantes informó brevemente en entrevista, que ayer miércoles por la mañana el gobernador se reunió en Palacio Nacional con el consejero jurídico de presidencia Julio Scherer Ibarra, encuentro en el que se abordaron distintos temas: “lo que está pasando en la Fiscalía General del Estado, el tema de la consulta de la termoeléctrica de Huexca, este tema de las denuncias que se vino a presentar de parte del gobierno estatal. Yo acudí por lo de Huexca”.
Flores Cervantes, entrevistado a las puertas de la Fiscalía General de la República, después del encuentro con el consejero jurídico comentó que en lo que se refiere a la termoeléctrica se tomará en cuenta todas las voces y sostuvo que “no hay activismo” por parte del gobierno federal y sólo se busca dar información a la población y a quien la solicita.