Trump emprende un camino muy controvertido políticamente y plagado de dudas jurídicas. La declaración de emergencia nacional supone un uso poco ortodoxo del poder presidencial en este caso y puede provocar una batalla en los tribunales sobre su justificación. La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, advirtió en rueda de prensa de que se tratataba de una emergencia "creada por él" y dejó la puerta abierta al litigio. Trump arguye que EE UU sufre una situación de crisis migratoria que no se sostiene con las cifras: aunque el número de familias que llegan a la frontera sin papeles y pidiendo asilo sí ha alcanzado un récord, el número de personas que cruzan ilegalmente se encuentra lejos de su máximo de hace dos décadas.
"¿Quiere hablar de emergencia nacional? Hablemos de hoy", dijo Pelosi, en referencia al primer aniversario de la matanza en un instituto de Parkland (Florida) y el debate sobre un mayor control de armas. La Constitución de EE UU establece que no se puede desviar dinero alguno desde el Tesoro sin una ley del Congreso, pero una ley de 1976 autoriza al presidente a arrogarse poderes especiales en casos de emergencia. Esa vía es lo que quiere activar Trump a partir de esta noche y obtener recursos que podrían proceder del Departamento de Defensa. El Senado dio luz verde al paquete presupuestario pactado entre republicanos y demócratas esta tarde con una amplia mayoría, 83 votos a 16, y la Cámara de Representantes hizo lo propio al final de del día, con 300 síes por 128 noes. Luego estaba prevista la firma del presidente y la posible declaración de emergencia.
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Lo que el Congreso ha aprobado es un amplio acuerdo de financiación de la Administración hasta al menos septiembre, que ronda los 333.000 millones de dólares. Pero los recursos destinados a la seguridad fronteriza se convirtieron desde el principio en el corazón de la batalla, debido al pulso de Trump por el muro, promesa estelar de su campaña electoral. La pugna impidió el acuerdo sobre el presupuesto en diciembre y, debido a la paralización de los fondos, se desencadenó el cierre parcial del Gobierno más largo de la historia. El país más rico del mundo tuvo que funcionar a medio gas durante más de un mes, con cientos de miles de empleados públicos sin cobrar, porque sus legisladores no se ponían de acuerdo. El presidente cedió el pasado día 25 y se abrió una tregua que ha finalizado en un pacto entre los legisladores.
La consecución del acuerdo de los legisladores, sobre uno de los asuntos más peliagudos de la actualidad política, había abonado la esperanza de una mayor colaboración bipartita, pese a lo polarizado de la situación política. Ha habido otras señales recientemente: el martes el Senado aprobó con mayoría casi absoluta el mayor plan de protección de zonas naturales en una década, que supone crear más de 1,3 millones de acres (526.000 hectáreas) de suelo protegido, y en diciembre salió adelante la reforma de justicia más relevante en décadas también con abrumadora mayoría. El riesgo, sin embargo, se encuentra ahora en la Casa Blanca, que lo bendice para evitar el cierre pero busca una tercera vía muy discutible para lograr sus mismos propósitos.
El acuerdo del Congreso queda a años luz de lo que Trump exigía respecto a su tan traído y llevado muro con México. El coste global de construirlo es de unos 25.000 millones de dólares (unos 22.100 millones de euros) y lo que el presidente republicano reclamaba en este paquete legislativo era una partida de 5.700 millones para empezar. Al final, lo que ha quedado negro sobre blanco son 1.375 millones de dólares para 88 kilómetros de “vallas” y “barreras”, pero sin mención alguna a la muralla de hormigón que prometió.
La búsqueda de vencedores y vencidos en esta batalla puede convertirse en un asunto de léxico, si esos millones en vallado pueden considerarse una primera pieza de ese muro, pero estos ya figuraban en la oferta del pasado diciembre, que los republicanos y Trump rechazaron de plano.
El martes, recién conocidas las líneas maestras del acuerdo, Trump se mostró derrotado. “No puedo decir que esté contento”, dijo a la prensa en la Casa Blanca. Por la noche, sin embargo, recondujo la situación, pese a no confirmar si firmaría o vetaría el pacto. “Me acaba de exponer el concepto y los parámetros del acuerdo de seguridad fronteriza el muy trabajador senador Richard Shelby. Mirando todos los aspectos y sabiendo que a esto se le enganchará mucho dinero de otras fuentes, tendremos casi 23.000 millones de dólares para seguridad fronteriza. Independientemente del dinero para el muro, está siendo construido mientras hablamos”, escribió en Twitter. Pero con el paso de las horas, y las críticas del sectores más duros del trumpismo, parece convencido de recurrir a la emergencia nacional.
Más allá de los 1.375 millones en vallas, el plan prevé mejoras en la vigilancia en la frontera, más agentes para patrullar y ayuda para los indocumentados detenidos. Además, mantiene la policía de inmigración, que los más progresistas entre los demócratas quieren abolir, aunque contiene su presupuesto, en un intento de reducir el número de retenidos.