La palabra bizarro tiene dos acepciones. Una que proviene de su origen francés, usada también en inglés, que se refiere a una persona extraña, peculiar o extravagante. Otra en español, donde suele confundirse el término, que es positivo y quiere decir valiente. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, los dos sentidos de la palabra se ajustan perfectamente. Tiene un enorme valor para enfrentar todo y a todos, todo el tiempo, para alcanzar el cambio prometido en la campaña. Al mismo tiempo, utiliza sus enormes recursos políticos para forzarlos sin importarle que el país que dirige no está aislado del mundo y que algunas de las decisiones que están tomando podrán afectar a su gobierno, su proyecto y al país de una manera inimaginable. Este sábado se dio el último paso al territorio de los problemas.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados distribuyó el proyecto de dictamen de 84 páginas donde cambia el esquema de gobierno corporativo de Pemex. Hace casi un mes lo había anticipado la exsíndica de Texcoco, Karla Yuritzi Almazán, miembro de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero no hubo muchas voces que expresaran su preocupación. Este sábado se concretó su iniciativa, donde se descabeza el gobierno corporativo de Pemex y se le otorgan facultades plenas al titular de Pemex, que para efectos reales y prácticos es el presidente López Obrador, para hacer lo que plazca con la empresa productiva del Estado mexicano sin rendirle cuentas a nadie.

El proyecto señala: “La presente iniciativa pretende establecer un marco jurídico que garantice y permita al director general dirigir, ejecutar, administrar y operar Petróleos Mexicanos y las diversas empresas que la componen, de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación”. En la actualidad, agrega el proyecto, la ley “diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no opera”. Por lo tanto, los consejeros independientes dejarán de ser realmente independientes y serán funcionarios públicos que le den “certeza” a la buena marcha de Pemex, y se sacuden a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que el titular pueda contratar lo que desee sin un órgano regulador.

Lo que pretende el Presidente es regresar el esquema que había venido construyendo Pemex en los últimos años para adecuarlo a las reglas del mundo, y retroceder más de tres lustros, cuando la arquitectura de las empresas cambió tras los escándalos corporativos en Estados Unidos, entre 2000 y 2002. Corporaciones como Enron Corporation, la empresa petrolera y energética de Houston con fuertes vínculos con el gobierno de George W. Bush, Tyco International y WorldCom, encabezaron una serie de escándalos de malas prácticas que rompieron la confianza de los inversionistas en las contabilidades que les presentaban al declararse en bancarrota, pese a la solidez financiera de algunas de ellas. Esa crisis originó demandas urgentes para reestablecer los estándares regulatorios que habían sido desmantelados siete años antes, lo que les había facilitado actuar fraudulentamente.

Con el fin de establecer nuevos estándares contables, el senador Paul Sarbanes y el diputado Michael Oxley prepararon una iniciativa de ley que restablecía un marco regulatorio al que incorporaban una administración corporativa y un consejo de administración corporativo, a fin de que, nunca más, las empresas públicas se manejaran sin pesos ni contrapesos, o sin rendir cuentas a nadie. Esta ley es lo que se conoce como el Acta Sarbanes-Oxley, que fue aprobada en 2002 para proteger a los inversionistas de posibles actividades contables fraudulentas por parte de las empresas.

Esa Acta creó un sistema de reglas, prácticas y procesos que se le llama gobierno corporativo, que regula la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Como explica Deloitte, una empresa multinacional con operaciones en México, “establece las relaciones entre la junta directiva y el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para generar valor”. La aplicación de un código de buen gobierno, agrega, es la garantía para el crecimiento sostenible, restablece la confianza de los inversionistas y aumenta el acceso al crédito.

El proyecto que distribuyó la diputada Almazán, el sábado, camina en sentido contrario. Opacidad contra transparencia, sin contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas, con manejo unipersonal de Pemex para tomar decisiones verticales. El gobierno corporativo desaparece por completo y la empresa se manejará de acuerdo con los intereses del presidente en turno a través del titular en turno. De concretarse en Ley la iniciativa de Morena, chocará con el Acta Sarbanes-Oxley, que busca proteger a los inversionistas, con lo que se abre la posibilidad de que, en el futuro, todo lo que quiera hacer Pemex en el mundo sea revisado por la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos.

No se puede decir que de aprobarse la ley se le cerrará el crédito a Pemex en el mundo y se parará la inversión extranjera en la empresa, pero sí se puede argumentar que la colocación de bonos para financiamientos, la búsqueda de líneas de crédito o de inversionistas, será cada vez más difícil de conseguir. Es cierto que el presidente López Obrador ya dijo que Pemex no emitirá bonos de deuda ni se endeudará, y que se revisarán los contratos con inversionistas extranjeros porque no le gustan los resultados. También ha dicho que no quiere tratos petroleros con el mundo, sino mirar solamente hacia adentro. Eso también es un proyecto de nación. Inexistente, por cierto, hasta en Corea del Norte.