El viernes 15 de febrero por la noche, 11 de 12 gobernadores del PAN dejaron plantados y esperando al gabinete de seguridad en pleno del presidente López Obrador al no presentarse a una reunión en la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre la Guardia Nacional. Al Palacio de Covián, a donde habían confirmado su presencia la docena de mandatarios panistas, sólo llegó el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García.

En el salón se quedaron esperando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer García. Todos molestos e indignados con el “desplante” de los panistas que ni siquiera llamaron para cancelar.

“Hasta donde tengo memoria mi padre me enseñó que a los generales no solo se les tenía respeto sino agradecimiento por lo que hacen por la población. Los panistas no me dejaron plantada sólo a mí, lo peor es a los generales y almirantes que son los que cuidan a su población, por cierto de los estados más violentos como Tamaulipas, Guanajuato Quintana Roo, etc.”, comentó a esta columna la secretaria Sánchez Cordero, quien confirmó la inasistencia de 11 gobernadores blanquiazules a la reunión oficial y el enojo que el plantón provocó en el gabinete de seguridad federal.

“¿Qué harán entonces si se retiran? (los militares de los estados que gobierna el PAN) Aunque no lo van a hacer, no por su desplante sino porque es la población la que sufre del crimen, por la incapacidad de su policía”, dijo en su molestia con los gobernadores la titular de Gobernación.

El sábado en este mismo espacio publicamos que la inasistencia de los gobernadores del PAN al encuentro confirmado en Gobernación se debió a una operación del dirigente nacional de su partido, Marko Cortés, quien les habría pedido a los mandatarios no acudir a la reunión ni negociar nada por su cuenta sobre la Guardia Nacional, fuera de la posición del CEN y de la fracción panista en el Senado en contra del carácter militar de ese cuerpo policíaco. Sin embargo, la primera versión que tuvimos era que el diálogo era sólo con la secretaria Olga Sánchez Cordero y sus subsecretarios, pero la funcionaria nos confirmó que se trataba de un encuentro con todos los integrantes del gabinete de seguridad federal, que se quedaron esperando a los panistas.

El tamaño del plantón a todo el gabinete de seguridad en un encuentro formal y previamente confirmado, da una idea de lo confrontadas que están las cosas entre los panistas y el gobierno de López Obrador, empezando por el tema de la Guardia Nacional, donde la oposición blanquiazul en el Senado parece irreductible, como por el desmantelamiento del programa de estancias infantiles que ha anunciado el presidente, porque Acción Nacional sabe que esa acción y los señalamientos no documentados hasta ahora de corrupción son directos a un programa que comenzó con el gobierno panista de Felipe Calderón. ¿Se agudizará la guerra entre la 4T y sus mayores opositores? ¿Y habrá consecuencias para los gobernadores panistas por su desplante?
 
NOTAS INDISCRETAS…Ante la noticia confirmada de que Roberto Campa Cifrián, ex secretario del Trabajo en el gobierno de Peña Nieto fue designado el viernes como director de Asuntos Corporativos del Grupo Femsa, el mayor productor refresquero del país, el propio Campa se adelanta a cualquier señalamiento de “conflicto de interés” en su reciente contratación en el sector privado, antes de que su nombre vaya a ser mencionado en la conferencia mañanera de Palacio Nacional. “Pues solo que tenga yo información privilegiada sobre la fórmula de la Coca-Cola. 

Estoy ahí desde el viernes y no tengo conflicto de interés alguno. No tuve información privilegiada, ni (Femsa) es proveedor del gobierno”, dijo el ex secretario del trabajo sobre su llegada a la empresa de José Antonio Fernández, El diablo…A propósito de la mañanera, los señalamientos del presidente López Obrador la semana pasada sobre la existencia de una “mafia de la ciencia” que opera en el Conacyt  “que era intocable, que está molesta y se siente desplazada” avivaron más la hoguera en el organismo de Ciencia y Tecnología. Si ya la doctora María Elena Álvarez-Buylla traía encendidos los ánimos entre la comunidad científica, las acusaciones presidenciales fueron gasolina al fuego.

El calificiativo de mafiosos a investigadores y científicos mexicanos coincidió además con la presentación de la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que reforma artículos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. La iniciativa en manos del Senado, contempla desaparecer la Cibiogem, lo que significa disolver un cuerpo colegiado y plural para dar paso a decisiones unilaterales y centralizadas en el sector. La propuesta ya desató la reacción de la comunidad científica, y más de 20 especialistas, entre ellos el Dr. Fausto Kubli-García, coordinador del Área de Derecho del Consejo Consultivo Científico, mandaron un documento al  Senado donde cuestionan que la iniciativa no solo atenta contra la vida democrática, sino que supone un criterio unilateral y limitado porque deja a la nueva dirección de Conacyt definir qué es  el uso seguro de la biotecnología moderna. Implica además “coartar la ciencia y el desarrollo en biotecnología moderna en México; acrecentar la dependencia tecnológica del país con el extranjero, y perder la soberanía alimentaria y científica, llevando a un déficit mayor en la balanza comercial, con la importación de tecnología”.

Así que en momentos en que se va a analizar y definir el rumbo del sector científico y tecnológico de la nación, el presidente López Obrador decidió abrir fuego contra los especialistas mexicanos. Y desde el Conacyt la doctora Álvarez-Buylla debió haber dicho “¡No me ayudes, compadre!”…Serpiente doble de los dados. Mal augurio para la semana.