En el juicio contra los corruptos el gobernador Cuauhtémoc Blanco se está jugando el todo o nada; si logra poner tras las rejas a los ladrones y estabiliza las cosas en Morelos, su futuro personal y político se abrirá. Pero si no lo hace…
Una y otra vez el gobernador Cuauhtémoc Blanco y su equipo han señalado a los fiscales General y Anticorrupción como la primera línea de protección del ex gobernador Graco Ramírez y su familia. Les sobran razones para afirmarlo: Uriel Carmona fue designado Fiscal en el gobierno anterior y recibió de manos del perredista la patente de una notaría; Juan Salazar fue consejero jurídico del gobierno de Ramírez Garrido y ambos recibieron de la legislatura pasada el beneficio de una nueva ley que los volvió inamovibles y los premiaría, en caso de ser destituidos por cualquier motivo (¡por cualquier motivo!) con una jubilación vitalicia al cien por ciento de su salario, sin afectar otras jubilaciones y/o prestaciones de ley. El compromiso de los fiscales con Graco Ramírez es enorme y se nota
Al presentar una denuncia de hechos en la FGR el gobernador de Morelos elevó sustancialmente el tono del debate con la administración anterior; ya no se trata de la acusación mediática en la prensa, ni de las promesas de campaña que se las lleva el viento, ahora es una querella formal ingresada a una dependencia federal en la que acusa a varias personas de delitos sumamente graves. El tema se ha puesto en la cancha del Gobierno de México y el resultado es de pronóstico reservado.
Cuauhtémoc Blanco y su equipo ya se dieron cuenta que viven momentos complicados como administración y necesitan hacer algo para recuperar la confianza de la ciudadanía, su desgaste social es alto y el reclamo ciudadano aumenta en proporción a los problemas que se viven en la entidad. En cuatro meses de gestión el ex seleccionado nacional ha perdido gran parte de la popularidad que lo ayudó a ganar la elección y su discurso de justicia y empatía social penetra cada vez menos en la mente de sus gobernados.
Los números están a la vista: de acuerdo a una encuesta publicada ayer por El Heraldo de México, el gobernador de Morelos se ubica en el lugar 27 de 32 en Capacidad, sólo, por encima de Jaime Rodríguez de Nuevo León, Guillermo Pacheco de Puebla, Marco Mena de Tlaxcala, Silvano Aureoles de Michoacán y Francisco Vega de Baja California. En cuanto a Honestidad, el ex seleccionado nacional mejora su posición al estar a media tabla, en el lugar 16, pero que al hablar de Integridad el ex americanista se ubica al fondo en la posición 31 de 32, solo arriba del ejecutivo de Tlaxcala.
El desgaste del mandatario morelense es evidente y se puede observar desde distintos ángulos: a Cuauhtémoc Blanco le ha afectado mucho el enfrentamiento con el congreso, el aumento de la inseguridad, los feminicidios, la recesión económica y la falta de justicia. En estos primeros meses el jefe del ejecutivo ha ido sorteando el vendaval con promesas de justicia, con la afirmación reiterada de que él está con la gente y que no les fallará. Pero su discurso ya se agotó.
Al mandatario le urgía dar un golpe de timón y de eso se trató la demanda presentada ante la FGR; la denuncia de hechos contra Graco y su familia fue un golpe mediático que le brindó oxígeno, aunque no resuelve todos sus problemas. Lo que sigue es que la denuncia tenga fundamento, proceda e inicie una actuación legal contra los imputados. Si eso no ocurre, la estrategia será contraproducente.
Cuauhtémoc Blanco prometió justicia a la gente y eso es lo menos que los ciudadanos esperan de su gobierno; junto con la seguridad, llevar a juicio a los bandidos es la demanda principal hacia una persona que ganó las elecciones de manera abrumadora, pero ahora enfrenta un intenso desgaste en el gobierno y la resistencia de un congreso decidido a ponerle piedras en el camino, porque no aceptó sus chantajes económicos.
Queda claro que el proceso judicial contra el ex gobernador, su familia, amigos y ex colaboradores dependen de que se cambien a los fiscales; Uriel Carmona y Juan Salazar están dedicados de lleno a la protección de Graco Ramírez y los suyos, han puesto a las dos dependencias a su disposición y la estructura de ambas instituciones está convertida en la primera línea de defensa del perredista.
Las denuncias que se han presentado hasta el momento duermen el sueño de los justos, los fiscales aseguran que los imputados están en calidad de “desaparecidos” porque no tienen manera de localizarlos, a pesar de que varios de ellos han documentado jurídicamente su domicilio en ambas fiscalías. Es imposible pensar que Carmona o Salazar actuarán de manera parcial cuando le deben tanto al ex gobernador, están blindados ante cualquier ataque y tienen asegurado su futuro financiero.
Más aún: los dos personajes forman parte del entramado de corrupción del gobierno anterior, conocen la manera como se operaron muchas cosas y el destino que tuvieron cientos de millones de pesos que se desviaron del erario. Los fiscales se han negado de manera reiterada a proceder porque entienden que su futuro va de por medio, porque además de brindarles certeza económica y laboral con una ley a modo, el ex gobernador los tiene agarrados por otros temas que los involucran en actos fuera de la ley y negocios al amparo del erario.
El primer paso para combatir la corrupción en Morelos, entonces, es cambiar a los fiscales, pero eso no será posible sin el voto de la mayoría de los diputados; ahí se vuelven a complicar las cosas. Morena ha cerrado filas en el congreso con los diputados graquistas y se rehúsan a mover a Uriel Carmona y Juan Salazar, a pesar de que ello contradice el discurso de honestidad del presidente López Obrador. Los diputados andan molestos porque su chantaje presupuestal no funcionó y no obtuvieron los 10 millones de pesos por diputados que solicitaron por aprobar el Paquete Económico. El desquite es directo: ponerle piedras al gobernador.
Analicemos: si Cuauhtémoc Blanco quiere proceder legalmente contra la corrupción del pasado, lo primero que debe hacer es modificar la estructura legal y política presente; es imposible que los juicios avancen si Uriel Carmona y Juan Salazar son los fiscales General y Anticorrupción y es imposible también que ambos puedan ser removidos de su cargo mientras Tania Valentina siga siendo la presidenta de la Junta Política del congreso.
El duelo de Cuauhtémoc Blanco contra Graco Ramírez no puede ser únicamente documental, se requiere de una buena estrategia y fundamentación legal, pero sobre todo de la operación política local y nacional para destrabar los nudos que dejaron los graquistas para protegerse.
Algo está claro para todos: si Cuauhtémoc Blanco no logra, al menos, llevar a proceso a Graco Ramírez y a su familia, cualquier cosa que haga como gobernador de Morelos será insuficiente para que su administración sea considerada exitosa.
Peor: Si la gente se da cuenta que no habrá justicia contra el ex gobernador, comenzará a pedir la cabeza del nuevo gobierno.
· posdata
Las mujeres se organizaron, se juntaron, se manifestaron y dejaron ver que su dolor es tan grande como la indignación que provocan todas las agresiones que sufren.
La del domingo fue una marcha numerosa, pacífica pero sobre todo representativa del enorme problema que se vive en el estado y en el país.
Las agresiones contra las mujeres no son nuevas, tristemente esta historia se ha venido contando desde hace años sin que las cosas cambien; peor: en lugar de mejorar, la situación luce cada día más complicada.
Varias veces el gobierno federal ha lanzado alertas de violencia de género en distintos municipios, muchas ocasiones los gobernantes se han indignado con los hechos, se solidarizan con la causa y repudian la violencia. Pero no cambia nada.
El problema es enorme y no se ve por dónde se resuelva en el corto plazo; en menos de dos meses del 2019 se han sumado ya 203 ejecuciones en Morelos, muchas de las cuales corresponden a damas y otras más a niños.
La solidaridad colectiva con las mujeres es obligada, pero lo importante es que las autoridades hagan algo al respecto y todos iniciemos en casa una campaña de conciencia y respeto hacia los demás.
· nota
El próximo domingo se llevará a cabo la consulta popular para que el pueblo sabio determine la viabilidad o no de la termoeléctrica de Huexca. La decisión será democrática, respetada por el gobierno y con la garantía de que sus resultados reflejarán el verdadero sentir de la gente, como sucedió en el nuevo Aeropuerto de Texcoco y el Tren Maya.
La consulta será organizada por la Secretaría de Gobernación y en Morelos se colocarán 74 urnas a lo largo de todo el territorio para que la gente de manera honesta y voluntaria deposite su opinión. ¿Qué puede fallar?
El problema es que detrás de esta planta de energía hay una larga historia de inconformidades sociales que van más allá de la factibilidad técnica y beneficios sociales de una termoeléctrica; para quienes se oponen al proyecto nada cambia con las palabras del presidente, ni tampoco se modificará su postura, sea cual sea el resultado de la consulta.
Visto lo que ha ocurrido en las pasadas dos consultas es imaginable lo que sucederá: tendremos una alta participación social y una incuestionable mayoría votará a favor del proyecto, como ya lo ha anticipado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Insisto ¿Qué puede fallar?
Pero ¿Qué tal si los pueblos del oriente no quedan satisfechos con el resultado de la consulta y no aceptan los resultados? ¿Qué hará Jorge Zapata y los suyos, quienes se la han pasado desde hace varios años luchando contra esa inversión y han prometido que nunca se pondrá en marcha? ¿Cambiarán de opinión si la consulta así lo determina o si el presidente lo avala?
Ojo: hace algún tiempo en el oriente del estado ya se vivieron momentos de tensión y violencia por la termoeléctrica y eso puede fácilmente repetirse si la “izquierda radical” (AMLO dixit) no se ajusta a los cánones de la cuarta transformación. Un muerto por este conflicto sería la locura, pero es posible en el escenario que vivimos.
La consulta y puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca es el primer reto que debe cumplir el delegado Hugo Erick en Morelos; si las cosas salen mal (y hay muchas formas de que salgan mal), el ex presidente nacional del PES podría vivir sus últimos días como funcionario federal.
Morelos no es un estado sencillo de gobernar.
· post it
Una y otra vez los diputados han pospuesto las reuniones programadas para analizar el Paquete Económico; no les urge a pesar de que este retraso ha metido en complicaciones a varias dependencias y afecta de manera directa a cientos de trabajadores.
La 54 se ha convertido rápidamente en una legislatura deplorable, mercantil y profundamente ineficiente; sus integrantes no sólo son limitados en lo profesional y en lo político, también han dejado ver una cara de corrupción que contrasta con la bandera que enarbolaron en campaña.
En el pecado llevarán la penitencia: ¿Cuántos de ellos volverán a ser postulados por sus partidos? ¿Cuándos recibirían de nuevo el voto de los ciudadanos?
· redes sociales
La mayoría de los delitos y asesinatos que se cometen en Morelos, dice el fiscal general Uriel Carmona, están relacionados con la delincuencia organizada.
¡Ah bueno!
¿Entonces ya no nos preocupamos?
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