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Asesinan a un activista mexicano en vísperas de la consulta sobre una termoeléctrica

 

Samir Flores había denunciado el impacto medioambiental de una planta energética en Morelos. López Obrador mantiene la votación pese al asesinato

 

 
 

 

Habitantes de Huexca, frente a la central termoeléctrica. FOTO/VIDEO: Teresa de miguel

El martes denunció un proyecto al que se oponía. Un día después ha sido asesinado. Samir Flores, un conocido activista de 35 años, se había manifestado en contra de la puesta en marcha de una termoeléctrica en el Estado de Morelos (centro de México). En la madrugada de este miércoles fue baleado cuando salía de su casa en el pueblo de Amilcingo. El asesinato se produce tres días antes de la consulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado sobre la central energética, cuyas obras iniciaron en 2012, y que ha sido denunciada por académicos y habitantes de la zona por su posible impacto medioambiental. El mandatario, que ha pasado de oponerse a la central a apoyarla, no ha dado marcha atrás a la consulta pese al asesinato. “Tenemos que continuar; no podríamos detenerla”, ha asegurado López Obrador este miércoles mientras aumenta la tensión en Morelos.

A las 5.00 de la mañana del miércoles dos automóviles pararon frente al domicilio de Flores y lo llamaron para que saliera, según informan activistas de la zona. Tras escuchar cuatro balazos, los vecinos encontraron al activista tirado en el suelo con dos disparos en la cabeza. Lo trasladaron al hospital, pero murió antes de llegar. Medios locales han informado que junto al cadáver del activista los asesinos habían dejado una nota que lo vinculaba al “Comando Tlahuica”, un grupo de la delincuencia organizada que opera en Morelos. “X Puto Chismoso. Denunciaste Abraham Ocampo y sigues tu Michoacano con tu pendeja banda. Atte. Comando Tlahuilca”, dice el mensaje. Activistas consultados por este periódico desconocen la existencia de este comando. Sí denuncian, en cambio, la presencia de un grupo de choque en el pueblo que ellos vinculan al gobierno del Estado, en manos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido oficialista, y a Humberto Sandoval, líder de la Central Campesina Cardenista y defensor de la termoeléctrica.

Samantha César Vargas, vecina de Amilcingo y compañera de Flores, asegura que el asesinato tiene como objetivo “amedrentar” a los activistas. “Lo mataron por su oposición al proyecto”, dice. Sin embargo, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, vinculó el suceso a la “delincuencia organizada”. “No tenemos ningún elemento que lo relacione con la consulta de la termoeléctrica”, ha dicho este miércoles en una entrevista con Radio Fórmula. El presidente, que ha tachado el asesinato de “vil y cobarde”, ha propuesto una tercera lectura: “El objetivo era quizás afectar la organización de la consulta”. Es decir, frenarla, en vez de facilitarla acallando a una de las voces más críticas como aseguran los activistas.

El activista Samir Flores.
El activista Samir Flores.

 

Samir Flores ya había sido objeto de amenazas con anterioridad. El activista, campesino y miembro del Frente en Defensa de la Tierra y del Agua, era fundador de la radio comunitaria Amiltzinko. Desde este medio, había hecho campaña contra la termoeléctrica y el gasoducto que transporta gas natural a lo largo de 160 kilómetros hasta la planta para producir la electricidad. La tubería cruza las tierras del pueblo de Flores. “No se consultó a los habitantes”, dice Vargas. “Se impuso a golpes”. El gasoducto es polémico porque bordea las faldas del volcán Popocatépetl, una zona de riesgo eruptivo. Según un análisis del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad de Puebla, su trazo supone un “peligro inminente” que fue ignorado a la hora de empezar la construcción. “Las justificaciones oficiales (...) reflejan la incomprensión del fenómeno disruptivo”, asegura el centro.

La lucha de Amilcingo también se ha vivido en otros lugares de Morelos, como Huexca, el pueblo de unos 1.000 habitantes donde se construyó la termoeléctrica. En 2013, pobladores montaron un plantón para frenar las obras que no les habían consultado. El Gobierno, que ha invertido unos 1.600 millones de dólares en el proyecto, envió un centenar de policías para desalojarlos. “Cuando empezaron a construir, no sabíamos ni qué era. Ahora todo el tiempo tengo que ver ese monstruo, esa bomba a la que quieren prender la mecha”, dice Teresa Castellanos, activista de ‘Huexca en Resistencia’. Como en el caso de Samir Flores, Castellanos denuncia haber sido víctima de amenazas por su activismo.

La preocupación por la entrada en funcionamiento de la central es palpable, pero la comunidad científica está dividida. Algunos señalan que las termoeléctricas de ciclo combinado, que utilizan una mezcla de gas natural y vapor de agua para producir electricidad, son más eficientes. Está previsto que la central cubra el 80% de la demanda de Morelos, con una población de más de un millón y medio de personas, con mucho menos contaminantes que las centrales que utilizan carbón. Este tipo de energía se considera “limpia”, una categoría amplia que incluye desde las renovables a la nuclear. Otros científicos insisten en la alternativa que representa la energía fotovoltaica, más barata de operar y menos dañina para el entorno.

Dos años de resistencia

El agua, fundamental para el funcionamiento de la termoeléctrica, está en el centro del debate. Morelos tiene un gran peso agrícola y necesita de mucho riego. Úrsula Oswald, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera la central un despropósito por este motivo. “Rompe los recursos hídricos de la región, que ya están muy explotados”, dice la científica. “En temporada seca, van a tener que extraer agua del acuífero que no tiene más disponibilidad; la extracción solo se permite para usos prioritarios y la termoeléctrica no lo es”. La central consumirá unos 280 litros por segundo, procedentes de una planta de tratamiento de flujos residuales. Esa agua tratada va actualmente al caudal del río Cuautla, que riega campos de maíz, tomate y frijol.

Mapa de la zona.
Mapa de la zona.

 

Campos como los de Francisco García y Virgina Valencia. Sus familias tienen tierras en la zona desde hace tres generaciones. “Antes llegaba mucha más agua que ahora. Si empieza a funcionar la termoeléctrica, ¿qué vamos a cosechar? ¿Puro lodo?”. El agua, una vez utilizada, saldrá a unos 40 grados y contaminada. Es lo que llaman agua muerta porque le falta oxígeno y es muy dañina para la vegetación si se vierte en el río. López Obrador ha prometido nuevas instalaciones para limpiarla, pero todavía no hay nada concreto.

García y Valencia y varios centenares de campesinos de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla llevan dos años y medio acampados en el lugar donde se construye el acueducto que ha de llevar el agua de la planta de tratamiento para la termoeléctrica. “Nos turnamos para que siempre haya alguien. Aquí no se descansa, no hay festivos”, asegura Valencia, quien mata el tiempo bordando, sentada en un sofá deshilachado.

La decisión de López Obrador de someter el proyecto a consulta ha sorprendido a los habitantes de la zona, donde Morena, el partido del presidente, arrasó en las últimas elecciones presidenciales. Todavía recuerdan un discurso de 2014 en el que el político equiparaba la construcción de una termoeléctrica en esta zona tan cargada de historia revolucionaria a “un basurero en Jerusalén”. Los tiempos han cambiado. Hace una semana, el mandatario defendió la central por el desperdicio que supondría dejarla parada y endulzó la propuesta con la promesa de reducir la tarifa eléctrica para los municipios afectados. También cargó contra “algunos” movimientos ambientalistas que aseguró estaban pagados por “empresas extranjeras”.

El cambio de posición ha sido criticado por los opositores. “Él era luchador social y ahora nos estamos enfrentando a un luchador social que no quiere escuchar”, señala Castellanos. Samir Flores había denunciado la consulta en su programa de radio. La consideraba “amañada” en favor de la puesta en funcionamiento de la planta. El proceso, el tercero que lanza López Obrador desde julio, se ha convocado con tan solo dos semanas de antelación y se llevará a cabo en todo el Estado, no solo en los municipios afectados, sin la supervisión del Instituto Nacional Electoral, el órgano independiente encargado de vigilar las votaciones. La victoria del ‘sí’ es probable. “No sé si es un proyecto en el que están pensando en mis hijos”, dudaba Flores, el día antes de su muerte. “Primero es el capital y después las comunidades”.

 

 

 

 

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