-Por los presuntos desvíos de recursos económicos que afectaron la operatividad del Legislativo
-Así como a Silvia Irra y Julio Espín, quienes permitieron la malversación de los fondos del Congreso local
El Congreso local pretende llamar a cuentas a los ex presidentes de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino y Hortencia Figueroa Peralta, por los presuntos desvíos de recursos económicos, que afectaron la operatividad del Poder Legislativo.
Aun cuando no hay fecha definida, extraoficialmente, el órgano colegiado determinó tal acción, que está sustentada en términos legales. Dentro del proceso de entrega-recepción, a cargo del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, se detectaron diversos vacíos.
Por lo anterior, en el mes de agosto del año pasado, legisladores del Grupo Parlamentario de los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano interpusieron una denuncia penal, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y desviación de recursos, en contra de los ex presidentes de la Mesa Directiva, la Junta Política y de Gobierno (JPyG), y de la Comisión de Vigilancia en la LIII Legislatura; esto tuvo verificativo ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
Entonces, el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, expuso que esta acción se derivó de los depósitos que los ex diputados debieron realizar al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; lo cual no sucedió. Estas omisiones afectaron los ejercicios 2016, 2017 y 2018, al desviarse más de 20 millones de pesos.
Entonces, se informó que la denuncia va contra las perredistas Hortencia Figueroa Peralta, y Beatriz Vícera Alatriste; el priista Francisco Moreno Merino (ex presidentes del Congreso), así como Silvia Irra Marín y Julio Espín Navarrete (también del Partido de la Revolución Democrática), quienes fungieron como presidentes del Comité de Vigilancia. Estos dos últimos, supuestamente, por permitir la malversación de los fondos del Poder Legislativo.
Trascendió que, al interior del Congreso, las fuerzas políticas que lo componen están consensuando la forma en que se producirá el llamado a los ex parlamentarios referidos. Como es del dominio de la opinión pública, este poder enfrenta un déficit de 90 millones de pesos; el inmueble que lo alberga presenta carencias también. Las oficinas no se han culminado. Hay espacios vacíos.