La consulta
No importa cuál sea el resultado de la consulta: la central termoeléctrica de Huexca es el primer problema social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; el punto de ebullición del tema fue el asesinato de Samir Flores y “las benditas redes sociales”.
El sábado y domingo se llevó a cabo la consulta para definir la marcha de la termoeléctrica de Huexca; todos los municipios de Morelos y algunos de Puebla y Tlaxcala participaron en este ejercicio democrático ordenado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y organizado por la Secretaría de Gobernación. Al momento de escribir esta columna no había resultados oficiales, pero tampoco duda que la planta se pondrá en funcionamiento porque así lo determinará el pueblo sabio. La central de ciclo combinado es el primer gran problema social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le va a dar muchos dolores de cabeza a lo largo del sexenio.
Muchas cosas se han escrito sobre la planta de energía que desde hace años se construye en la comunidad de Huexca, en el Estado de Morelos; desde que se hizo público el PIM (Proyecto Integral Morelos), distintas voces sociales y políticas se manifestaron en contra de una obra que, dijeron, pondría en riesgo a la gente de la región, representaba un grave problema de salud y además quitaría el agua a muchas comunidades. Uno de las principales voces que se expresaron a favor de la lucha de los pueblos y en contra de la termoeléctrica fue la de Andrés Manuel López Obrador.
Todavía durante la campaña del 2018 el candidato de Morena retomó el tema y confirmó que “como siempre” su causa estaría del lado del pueblo, porque la obra afectaría a la gente, cambiaría su modo de vida y era un negocio de la mafia del poder. El pueblo se envalentonaba cada vez que su líder les expresaba su apoyo y con esa fuerza resistían la presión de los gobiernos federal y estatal.
En Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle entendió el reto y rápidamente se dio a la tarea de operar social y políticamente el tema: el proceso poblano fue largo y complicado, hubo resistencia ciudadana, pero al final como resultado de la operación política y el convencimiento a las comunidades se dio vía libre a la colocación de más de 90 kilómetros de gasoducto que llegaría hasta la central de ciclo combinado en Morelos.
En Morelos se actuó diferente: igual que en Puebla el gobierno federal dejó en manos del gobernador la operación social y política: Graco Ramírez recibió muchos recursos del gobierno de la república para sacar adelante la obra, pero en lugar de canalizar el dinero a las comunidades y tender puentes de diálogo con los ciudadanos inconformes (como se hizo en Puebla), el perredista se quedó con el dinero y utilizó a la policía para reprimir las inconformidades y proteger la construcción. La oposición a la termoeléctrica nunca acabó, simplemente se contuvo a base de toletazos.
Con esos antecedentes llegamos al día de hoy: como presidente de México López Obrador escuchó de voz de los Zapatistas su rechazo al proyecto y durante su última visita al estado la gente le volvió a pedir que la obra se cancelara, pero ahora la respuesta del ejecutivo federal fue que la puesta en marcha de la planta la definiría “el pueblo sabio” en una consulta. A los inconformes, a quienes en otro tiempo apoyó y de quienes por muchos años recibió apoyo, los llamó radicales de izquierda, conservadores.
En estas semanas que han transcurrido del nuevo gobierno la operación política federal en el tema ha sido prácticamente nula; ni el delegado federal Hugo Erick Flores, ni ningún otro funcionario federal se preocuparon por hablar con los inconformes, por abrir mesas de diálogo y buscar algún tipo de acuerdo que permitiera bajarle presión al tema y abrir la posibilidad de un entendimiento. Todos los involucrados en el tema imaginaron que la voz de Andrés Manuel López Obrador sería suficiente para calmar los ánimos y hacer desistir a los críticos. No fue así.
Las cosas se complicaron aún más cuando hace unos días asesinaron a uno de los líderes opositores del proyecto; la ejecución de Samir Flores se convirtió en la bandera de muchos grupos (los radicales de izquierda, según AMLO) que de la noche a la mañana se sumaron a la causa y llevaron el tema hasta palacio nacional, en la capital de la república.
Aún en medio de esta crisis y en la víspera de que se colocaran las urnas ningún funcionario federal ni nadie de Morena se ocuparon de atemperar los ánimos, por el contrario, los diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional y el delegado federal reiteraron que la consulta sería definitiva “porque así lo había mandatado” el presidente López Obrador.
Entendamos algo: el problema de la termoeléctrica de Huexca viene desde hace varios años, es federal, se complicó por la forma como lo manejó el gobierno de Graco Ramírez y no ha mejorado porque el delegado federal Hugo Erick Flores nunca operó políticamente con los grupos inconformes. Seguramente este lunes se informará de manera oficial que la consulta fue un éxito, que la gente participó nutridamente en la consulta y de manera democrática el pueblo sabio decidió que la central de ciclo combinado debe ponerse en marcha. ¿Y luego?
Quizá después de la consulta, con el sí en la mano, el gobierno federal inicie la puesta en marcha de la central termoeléctrica y se apoye (como lo hacía la mafia del poder) en la fuerza pública para que la conexión de gas concluya y la planta comience a funcionar. A pesar de ello las cosas no mejorarán: los pueblos continuarán su lucha, la violencia reaparecerá y el estigma social quedará pirograbado en la frente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cancelar la obra no es opción para el gobierno porque representa una enorme inversión y hacerlo representaría un muy mal mensaje del gobierno federal al extranjero; concediendo que todas bondades que presume el PIM sean ciertas, sería una locura tirar a la basura un proyecto energético tan importante como el de Huexca… sería algo así como suspender las obras de un nuevo aeropuerto cuando va a más de la mitad de su construcción.
Regresamos al primer punto: política. Al gobierno federal anterior le falló la operación política porque le encargó la socialización de la obra a un orangután represor como Graco Ramírez; A la administración de López Obrador también le ha fallado el pulso, porque a pesar de conocer a la perfección a ese tipo de grupos y sus luchas, no envió a un buen operador político federal a atender el tema.
El problema en Huexca es mayor y no concluye con una consulta a modo. Al presidente López Obrador le urge que algún representante de su administración, con sensibilidad y conocimiento de la región, se ponga a hacer política en Morelos.
· posdata
Luego de casi dos meses de retraso fue aprobado el Paquete Económico 2019; la falta de presupuesto hizo que el arranque de año en Morelos fuese complicado para todos, limitó el actuar de muchas instituciones y afectó de manera directa a miles de trabajadores.
La falta de acuerdos en torno a este tema deriva de las ambiciones personales de los diputados, quienes en lugar de apostar por la estabilidad del estado luego de un sexenio de corrupción y excesos se montaron en la ola del dinero y pidieron para cada uno 10 millones de pesos a cambio de su voto.
Tania Valentina, José Casas y Ana Guevara fueron los diputados que desde el principio pusieron piedras en el camino del gobernador, a ellos se les ocurrió la idea de chantajear al ejecutivo con dinero y los que armaron un bloque opositor que intentó poner de rodillas al estado a cambio de dinero. Son, digámoslo así, los líderes del cártel legislativo que pretendió cobrar derecho de piso.
Pero las limitaciones neuronales de la tripleta son muchas a pesar de que han contratado la asesoría de un personaje (Javier López Sánchez) que conoce ese tipo de estrategias y tienen el respaldo de un ex diputado que entiende perfectamente el funcionamiento de la cámara de diputados y del diseño presupuestal. La ambición los hizo perder.
Y no había forma de que ganaran: su lucha no era contra un gobernador inexperto, sino contra un estado cansado de abusos, excesos y ocurrencias. Ni el lo local ni en lo federal se iba a permitir que el congreso morelense arrebatara el poder al ejecutivo y se convirtiera en ejecutor de obras; si eso sucediera el hecho sentaría precedente para otras legislaturas y en el propio gobierno federal.
Se invirtieron semanas con diputados para destrabar el tema, para quitar de la mesa los temas intransitables, ajustar las peticiones legislativas y acordar un presupuesto que dejara tranquilas a todas las partes. Fueron muchas horas y un esfuerzo de operación política enorme, porque el presupuesto no sólo estaba parado, entre los poderes legislativo y legislativo ya se había generado un enfrentamiento personal innecesario .
El presupuesto 2018 para Morelos fue resultado de la voluntad de las dos partes (congreso y ejecutivo), de la disposición de varios actores políticos y del cabildeo de dos personas: Pablo Ojeda y Ulises Bravo; el secretario de gobierno y el hermano del gobernador entraron al quite de un tema perdido: retomaron el diálogo, conciliaron con los diputados y lograron el voto de 14 de los 20 integrantes de la 54 legislatura.
Pablo Ojeda y Ulises Bravo hicieron lo que otros actores debieron hacer desde el año pasado, sentaron las bases para una nueva relación entre poderes y dejaron ver el rostro político de la administración de Cuauhtémoc Blanco. La aprobación del paquete económico era urgente para el estado, pero lo más importante de esta operación política es que abren el diálogo entre poderes y la posibilidad de que la agenda legislativa retome otros asuntos importantes para el estado y para el gobierno, como la remoción de los fiscales.
El gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya vio lo que puede lograr cuando se utiliza la política como herramienta para gobernar. Ojalá a partir de ahora la relación entre poderes y la del gobierno con la sociedad se haga en esos términos, de diálogo, de acuerdo, de conciliación… de política.
· nota
La robusta titular de la Comisión de Atención a Víctimas será llamada a cuentas por la Comisión de Justicia de la cámara de diputados. El desempeño de la otrora poderosa Nadxieelii Carranco, amiga personal de Elena Cepeda e incondicional de Graco Ramírez, acusada desde hace meses por malos manejos, desvío de recursos públicos y maltrato a los familiares de las víctimas de la violencia, será evaluado y su continuidad será sujeta de un análisis.
Carranco Lechuga es una mala persona; como funcionaria victimiza a las víctimas y utiliza los recursos públicos para hacer negocios personales.
Sus malos resultados están a la vista. Su destitución sería un acto de justicia para todas las víctimas de violencia en Morelos y un punto a favor de esta legislatura.
· post it
La votación presupuestal muestra el reacomodo de piezas en el congreso luego de la operación entre legisladores.
Así fue el voto legislativo en el paquete económico:
A favor: Dalila Morales, José Luis Galindo, Rosalina Mazari, Erika García, Elsa Delia González, Alejandra Flores, Ariadna Barrera, Keila Figueroa, Javier García, Tania Valentina, Maricela Jiménez, Andrés Duque, Cristina Xochiquetzal y Alfonso Sotelo.
En abstención: Rosalinda Rodríguez, Blanca Nieves Sánchez, Ana Cristina Guevara, Marcos Zapotitla y José Casas. Naida Díaz no asistió a la sesión.
· redes sociales
Hay dos maneras de ver lo que pasó con la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca: a través de los comunicados oficiales del gobierno federal o en “las benditas redes sociales” que tanto glorifica el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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