La forma como se procesó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional en el Senado, dibujó la dinámica de un Estado. El Presidente manda una reforma controversial, que enmiendan en el Congreso, por lo que pide que se corrija en el Senado para mantener su propuesta de militarizar la seguridad pública, y después exige que o le dan atribuciones a los militares para dirigir las tareas policiacas, o denunciará las razones ocultas de los legisladores. Los senadores rechazan sus amagos y aprueban una ley contraria a sus deseos. Pero el Presidente no denuncia nada, sino que felicita al Senado por el gran trabajo que hicieron. Todos se congratulan. Todos satisfechos. Todos cedieron algo para ganar mucho. Así funciona una democracia. Atrás de lo público fue muy diferente.

Las negociaciones de 20 días con los senadores fueron políticamente muy violentas, con enfrentamientos en la Junta de Coordinación Política, donde su presidente, el morenista Ricardo Monreal, estaba decidido a forzar a la oposición para satisfacer el deseo del Presidente: Guardia Nacional con mando militar, sujeta al fuero militar, y atemporal su tarea en seguridad pública. Desde un principio, la oposición, particularmente los panistas, dijeron que no.

Incluso, una reunión de gobernadores con el gabinete de seguridad, el 15 de febrero, fue boicoteada por los del PAN para evitar que les pidieran cabildear con sus senadores el apoyo al proyecto presidencial. Ese desaire fue una señal clara, pero en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador no parece que se los perdonarán. Los gobernadores del PRI sí asistieron y eso fue lo que intentaron. Presionaron a sus senadores para que aprobaran la ley en los términos como planteaba Monreal, pero no tuvieron eco. Las conversaciones en el Senado, mientras tanto, se volvían más intensas.

Hubo un momento, de acuerdo con personas que estuvieron en la mesa de las negociaciones, que el conflicto llegó al punto de explosión, cuando Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, gritó que él dejaba las pláticas en la sesión del 18 de febrero. Monreal lo acusó de ser él quien estaba promoviendo la oposición a la reforma y que había manipulado al resto de los coordinadores en el Senado, lo que motivó una intervención de Miguel Ángel Mancera, del PRD, reclamándole con cierto sarcasmo que les diera el beneficio de una oposición real.

Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue uno de los factores que contribuyó a que no reventara la mesa de negociaciones que se había instalado en Bucareli, no sólo por su conocimiento sobre los procesos parlamentarios, sino por su mano suave y conciliadora. En las reuniones estaba el emisario de López Obrador, Julio Scherer, coordinador jurídico de la Presidencia, y participaba activamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien se encargó de hablar con los militares para explicarles las posibilidades reales que tenía el proyecto original donde ellos tendrían el mando, y buscar su apoyo.

El Presidente no quería que las cosas no fueran como él deseaba, por lo que jugó rudo con amagos. Al coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, López Obrador mismo lo amagó en una conferencia, al decir que iba a informar sobre corrupción en el área de seguridad y en las compras de alimentos para reclusorios y penales, que fue su responsabilidad en el sexenio pasado como secretario de Gobernación. A la panista Xóchitl Gálvez le reciclaron en la prensa imputaciones de malversación de fondos cuando era delegada en la Miguel Hidalgo. A Mancera le echó en cara la procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que había maquillado las cifras de incidencia delictiva. Ningún senador de la oposición se amilanó y se mantuvo firme. Los emisarios del Presidente buscaron entonces persuadir a senadores en lo individual y fueron hablando con un grupo por separado para tratar de alcanzar el número de votos que necesitaban para aprobarla, pero descuidaron al Partido Verde, que decidió sumarse a la oposición.

El problema que tenían para el miércoles eran los militares. Insistían en el fuero militar para que sirviera como un incentivo para mantener la disciplina, y estaban totalmente en desacuerdo que prevaleciera el fuero civil. Durazo fue quien más trabajo hizo con ellos, quienes al final se comportaron institucionalmente, pero la molestia persistió. Un análisis elaborado por un militar de rango al que se tuvo acceso, decía: “La reforma constitucional resultante en mi opinión es muy mala, ya que de las 250 páginas, el 80% es la versión estenográfica de lo que dijeron en los foros, que fueron una serie de denostaciones, dogmas y supuestas reflexiones de cómo y por qué las Fuerzas Armadas son violadoras de los derechos humanos.

“El hecho de que le hayan quitado a la Secretaría de la Defensa Nacional toda injerencia en el manejo y operación de la Guardia Nacional, y sólo sea responsable de que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la Fuerza Armada permanente, se puede traducir en que los resultados positivos de su acción se atribuyan a la Secretaría de Seguridad y los negativos, por corrupción, infiltración o excesos del personal, se castiguen a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Los militares no quedaron nada satisfechos con la reforma constitucional, como tampoco quedó el Presidente. Pero contrario a lo que muchos pensaron –incluido quien esto escribe–, el consenso interno y externo que tuvo la oposición para oponerse al proyecto de López Obrador les dio la fuerza para no doblarse y mandar una señal al gobierno: pese a ser una fuerza minoritaria, hay momentos donde, si se mantienen unidos, pueden frenar la colonización nacional de la cuarta transformación.