Lo dijo en campaña, lo dijo al tomar posesión y lo ha repetido incansablemente durante cuatro meses: cárcel a Graco. Obvio: si no lo cumple, su gobierno fracasa.
Superado el tema presupuestal, lo que retoma su carácter prioritario en la agenda del gobierno estatal es el cumplimiento de la única promesa de campaña del gobernador Cuauhtémoc Blanco: justicia. El enfrentamiento con el congreso y la parálisis que provocó la falta de certeza económica obligó al ejecutivo a enfocar su atención en el parlamento, pero ahora debe regresar al punto más importante de su gobierno, el que más le reclama la gente: cárcel a Graco. Si no es capaz de llevar a proceso a quienes reiteradamente ha acusado de ladrones, el ex seleccionado nacional habrá perdido la principal virtud que le concedieron sus votantes. Es la cárcel para Graco o el fracaso de Cuauhtémoc.
Para el Comisionado Estatal Anticorrupción el tema está muy claro: hay que enjuiciar a Graco, a su familia y a sus socios; hay que meterlos a la cárcel y obligarlos a que regresen al menos una parte de lo que se robaron. Así lo dice Gerardo Becerra:
“Dicen que el movimiento se demuestra andado y estoy seguro que la denuncia que se presentó en la FGR es solo inicio de todo aquello que Cuauhtémoc Blanco prometió como candidato y que lo llevó a la gubernatura; no es fácil porque los estamos acusando de ser corruptos no de ser tontos, nos hemos dado a la tarea de acopiar mucha documentación y también de confirmar mucha (información) que ya teníamos. Los actos que se relatan en la denuncia presentada en la FGR tienen que ver con delitos en el ámbito federal como el uso de recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada.”
La batalla entre el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y el ex gobernador Graco Ramírez no es fácil, ni se dará sólo en tribunales; procesar a alguien como el perredista implica un esfuerzo mayor de parte de los abogados, pero también requiere operación política, cabildeo nacional y manejo de la percepción pública. Los plazos de ley juegan un papel muy importante en este asunto: la administración actual tiene tiempos bien definidos para actuar, so pena que de no hacerlo los delitos pueden prescribir.
Los ilícitos que se le atribuyen a Graco Ramírez y a su familia no son menores, de comprobarse representan desvíos millonarios y fraudes como nunca antes los habíamos visto en Morelos.
Es muy grave lo que hicieron, dice Gerardo Becerra. “Yo creo que todavía no hemos puesto en tesitura el tamaño del daño que le hizo a Morelos el gobierno de Graco Ramírez. No solamente fue el rompimiento social, es el daño que le hizo a las finanzas del estado de Morelos; voy a dar algunas cifras: Graco Ramírez recibió el estado con una deuda pública de 1600 millones de pesos de manos de Marco Adame y sin embargo ahora que Graco le entrega el gobierno a Cuauhtémoc Blanco la deuda pública sobrepasa con mucho los 9 mil millones de pesos.
El gobernador Ramírez dijo que bajó recursos federales para obra pública por más de 10 mil millones de pesos; solamente entre los créditos y obra pública hubo cerca de 20 mil millones de pesos que entraron a Morelos, sin embargo es increíble que eso no se refleje en nuestro Producto Interno Bruto. Hay otra explicación: fueron actos de corrupción manejados desde las altas esferas del gobierno de Graco Ramírez. Hubo años en el sexenio pasado que Morelos decreció, lo que nunca se había sucedido; no hay que ser muy ducho para entender porqué no creces después de recibir esa cantidad de dinero: te los robaste”.
La lucha por la justicia en Morelos no es sólo jurídica, el ex mandatario contrató a un despacho de abogados para que lo defiendan, pero también ha buscado interlocutores políticos para entrevistarse con diversos funcionarios federales y amigos del presidente López Obrador. Antes de irse Graco Ramírez colocó a dos incondicionales en las fiscalías General y Anticorrupción y en las últimas semanas estableció comunicación con diputados de la actual legislatura para obtener su apoyo para la no remoción de los fiscales.
“El fiscal General y el Anticorrupción fueron alineados por la anterior legislatura para proteger al ex gobernador Graco Ramírez y no podemos hacer otra cosa por el momento, más que presentar las denuncias, pero el nuevo sistema de justicia adversarial nos da la oportunidad a todos aquellos que presentamos una denuncia ante la Fiscalía de podernos quejar ante el Tribunal Superior de Justicia y entonces tendría que ser un juez de control el que tendría que exigirle a la fiscalía que actuara en consecuencia”, dice Becerra Chávez.
“Lo digo con responsabilidad: cuando se empiecen a conocer los hechos tan escandalosos de corrupción cometidos por Graco Ramírez pudiéramos llegar a pensar en la movilización social para hacerle sentir a los fiscales la presión ciudadana. Y nosotros no vamos a sacar a 250 gentes como lo hicieron ellos, vamos a sacar a miles a la calle para que les exijan a estos señores el cumplimiento de sus funciones”.
El asesor anticorrupción del gobierno estatal tiene muy clara la importancia de que este gobierno cumpla su promesa de hacer justicia; el también vocero de la CMMC conoce las implicaciones que tendría no hacerlo y el peligro político que representa para Cuauhtémoc Blanco dejar que la impunidad prevalezca.
“Meter a la cárcel a un ex gobernador tiene que pasar primero por un protocolo jurídico y el primer paso tiene que ver con la presentación de las denuncias. En el gobierno de Cuauhtémoc Blanco vamos a hacer que se cumpla lo que dicta la ley. La denuncia que se presentó en FGR contiene un bagaje jurídico suficiente para que los cuatro que están nombrados cuando menos puedan ser sometidos a proceso; ya será un juez federal el que determine si son culpables o no son culpables. En esa carpeta se habla de dos personajes más: de un notario público en funciones del que no voy a dar su nombre y de una empresaria del estado de Morelos”.
En la denuncia presentada en la FGR se habla de un par de empresas fantasmas, empresas fachada, inclusive dice Gerardo Becerra, pudiesen ser señaladas algunas otras personas y personajes cercanos al ex gobernador de Morelos.
“En este nuevo sistema de justicia hay algo que los abogados le llaman criterio de oportunidad, es decir, puede haber algún delincuente que haya hecho cosas y acercase a nosotros y recibir ciertos beneficios; es el momento de que todos los que se hayan comido algo que no debieron haberse comido, se acerquen para poder buscar un beneficio; así paso con Javier Duarte. En el caso del ex gobernador Miguel Ángel Yunes al menos dos personas muy cercanas al ex gobernador Duarte se acercaron para brindar información y obtener beneficios; esos son los criterios de oportunidad. Son como testigos protegidos.
Graco y su familia están en la mira. La justicia sí lo puede alcanzar.
· posdata
La operación política de Pablo Ojeda y Ulises Bravo en el congreso local permitió destrabar el presupuesto 2019; ambos personajes se metieron de lleno al cabildeo legislativo en un tema que había paralizado el funcionamiento del estado y representaba el primer gran conflicto político del sexenio.
Una vez votado el paquete económico la duda queda ¿La operación fue sólo para el presupuesto o se trabajó para componer las cosas en la cámara de diputados, deshacer el G15 y retomar la relación entre poderes?
Sin duda sacar adelante el presupuesto era importante, pero no es lo único que este gobierno necesita de los legisladores; en la agenda hay varios temas que necesitan ser atendidos, empezando por la modificación de la ley que protege a los fiscales General y Anticorrupción y su cambio por personas que cumplan con el perfil profesional y sobre todo con la solvencia moral para ocupar dichos cargos.
Si la operación de la nueva dupla política del estado es eficiente, pronto veremos que el reinado de Tania Valentina y José Casas irá a pique. Por lo pronto el voto de ambos en el presupuesto fue distinto (ella a favor y él en contra), en tanto que el tercer personaje que opera contra el gobernador (Ana Guevara) se mantuvo del lado del grupo opositor a Cuauhtémoc Blanco.
Las cosas están cambiando en la cámara de diputados, las diferencias entre Valentina y Casas son notorias y el reacomodo de piezas permite a los operadores del ejecutivo retomar la relación, establecer nuevos canales de comunicación y negociar en términos distintos a los que planteaban Tania Valentina, José casas y Ana Guevara.
Es momento de que la operación política aparezca y entre ambos poderes se establezca una relación de respeto y sana convivencia. Nadie, excepto los pillos, gana cuando los poderes de un estado se mantienen en pugna.
· nota
Los problemas en torno a la termoeléctrica de Huexca no terminarán a pesar de que el pueblo sabio se manifestó a favor en la consulta ordenada por el presidente López Obrador. Es más, los conflictos se van a agudizar y seguramente veremos momentos de mucha tensión provocados por los grupos opositores que ya han externado que se mantendrán en resistencia.
Al gobierno federal le urge operar , necesita encontrar un punto de diálogo con las comunidades inconformes y abrir mesas de negociación que den paso a un acuerdo. Al propio gobierno de Cuauhtémoc Blanco le urge que así sea (deben exigirlo) porque la inconformidad está en Morelos y aunque el problema es de índole federal, las acciones realizadas impactarán en la gobernabilidad.
¿Puede Hugo Erick Flores con el tema?
· post it
Primer acto: Samir Flores Soberanes, un hombre de 31 años vecino de Amilcingo, líder agrario, conductor de una radio comunitaria y uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca fue asesinado unos días antes de que se llevara a cabo la consulta para definir el funcionamiento de la central de ciclo combinado de Huexca. Sujetos llegaron a su casa, pidieron hablar con él y lo ultimaron a balazos.
Segundo acto: el Fiscal General de Morelos dijo que el homicidio de Samir Flores fue perpetrado por la delincuencia organizada; unas horas después de su asesinato Uriel Carmona Gándara afirmó que por la forma como se había cometido el crimen, el arma y sobre todo la cartulina que colocaron a un lado de su cuerpo firmada por un grupo autodenominado Comando Tlahuica, las autoridades concluían que el homicidio era atribuible al crimen organizado.
Tercer acto: la principal prueba pericial de la muerte de Samir Flores se extravió; la cartulina que según el Fiscal General de Morelos confirma que el asesinato del líder opositor habría sido cometido por la delincuencia organizada nunca ha formado parte de la carpeta de investigación. “Cuándo la Fiscalía General del Estado llegó al lugar de los hechos la cartulina ya no estaba, los peritos no recibieron físicamente la cartulina, estamos recabando la información, no hacemos ninguna conjetura, estamos viendo quien la pudo haber resguardado o tomado, pues es un indicio en la investigación”.
Pregunta: ¿Si nunca tuvieron en su poder dicha cartulina (tal vez ni siquiera exista) porqué el Fiscal Uriel Carmona se aventuró a declarar públicamente el día del homicidio que Samir Flores había sido ejecutado por la delincuencia organizada?
Conclusión: por este tipo de cosas los ciudadanos dejan de tener confianza en las autoridades. La actuación del Fiscal de Morelos enrarece un tema de por si complicado, genera suspicacias y provoca mucha más tensión en un asunto que hoy está en la agenda estatal y también en la del presidente López Obrador.
Insisto: por este tipo de cosas (entre muchas otras) es que Uriel Carmona Gándara debe dejar la Fiscalía General de Morelos. No es confiable y es incapaz.
· redes sociales
Hoy la verdadera oposición a los gobiernos está en las benditas redes sociales.
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