El arranque del 2019 ha sido el más violento de toda la historia de Morelos. Hasta el medio día de ayer 247 habían perdido la vida de manera violenta en distintos hechos delictivos. El problema es enorme y puede hacer colapsar al gobierno. En promedio, más de cuatro personas han muerto cada día en los primeros dos meses del año.
Los niveles de violencia que registra el estado en este inicio del 2019 son alarmantes; a la inseguridad que se ha apoderado del estado y afecta a todos los sectores, se suma una oleada de sangre que ha arrebatado la vida a más de 240 personas en menos de dos meses. No hay manera de explicar o entender este fenómeno, los gritos alarma surgen en todos lados y dejan mudas a las autoridades. Hay que pasar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, dice el comisionado de seguridad en Morelos. ¿Y eso qué significa?
No tengo idea de lo que quiere decir el almirante José Antonio Ortiz Guarneros con su reciente planteamiento de Seguridad Ciudadana, me parece que se trata de una expresión política para salir al paso de las entrevistas porque no tiene argumentos para defender lo indefendible o justificar lo injustificable.
Hace unos días el gobernador Cuauhtémoc Blanco salió al paso de las preguntas de los reporteros con las frases cotidianamente utiliza: ténganme paciencia, no les voy a fallar, nos dejaron un cochinero, no tengo una varita mágica… Lo único nuevo que dijo el mandatario en esta ocasión fue que el estado no estaba rebasado por la delincuencia.
Declaraciones van y vienen sobre el mismo tema, muchas de ellas forman parte de vocabulario típico de los políticos, es la narrativa que se repite día tras día, sexenio tras sexenio y que al final no dice nada. Es la retórica de los gobernantes para huir o tratar de evadir la realidad.
El problema es que más allá de declaraciones de todos los actores de poder no se ve ningún hecho concreto que marque un alto a la delincuencia, ni siquiera se percibe un cambio de estrategia o un ajuste notorio a la manera como ha venido actuando la policía en los últimos años. No podemos esperar que las cosas mejoren o que los resultados sean diferentes cuando las autoridades siguen haciendo lo mismo de siempre, lo que ha demostrado que no funciona.
El tema de inseguridad ya rebasó la capacidad de respuesta del estado y es comprensible que así sea: antes de irse Graco Ramírez desmanteló la estructura de seguridad; hoy el gobierno de Morelos tiene una fuerza muy limitada que no alcanza siquiera para cubrir todos los municipios. Por ejemplo: la poderosa Comisión Estatal de Seguridad a la que Graco Ramírez inyectó miles de millones de pesos sólo tiene 22 vehículos para patrullar todo Morelos. ¿Cómo podemos esperar que las cosas funcionen de esa manera?
Antes de dejar el cargo el perredista dio un golpe mortal a la Policía Morelos: las patrullas que presentó en actos públicos y que mostraban el poderío, la modernidad y el equipamiento del C5 eran rentadas y todas se devolvieron el último día de su mandato; de los más de 5 mil elementos que conforman la nómina de la Comisión Estatal de Seguridad y que simbolizaban (Graco dixit) el resultado de 5 años de depuración, profesionalización y equipamiento de la Policía Morelos, sólo hay mil 200 uniformados en activo (incluyendo a la Policía Industrial Bancaria). Igual que en materia financiera, en seguridad los datos que daba a conocer el gobierno del PRD eran falsos.
Y más: la gran mayoría de los integrantes de la Policía Morelos no tienen la capacitación que durante años presumió el comisionado anterior; la CES erogó decenas de millones de pesos en cursos para el personal, pero dichos cursos nunca se impartieron, simplemente se entregaron reconocimientos a los uniformados sin brindarles el aprendizaje por el cual, dicho sea de paso, sí pagaba el gobierno de Morelos.
Viendo las condiciones en las que se encuentra la Policía Morelos es perfectamente comprensible la situación de inseguridad que vemos en las calles; en la entidad no sólo hay “un chingo de delincuentes” como apropiadamente lo dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco, también hay una notoria crisis estructural en la policía, el C5 tiene severas limitaciones técnicas y el personal no fue capacitado ni depurado. El resultado es obvio: hay un chingo de muertos.
Al gobernador Blanco Bravo le está costando muy el problema de inseguridad y violencia que se vive en la entidad; cada día y cada muerto se suma a su bolsa, representa un duro golpe a su imagen y una merma constante a la confianza que le tienen los ciudadanos; quizá por ello el ex americanista es, de los gobernadores que recién tomaron protesta, el que más ha caído en la simpatía popular en estos primeros meses de gobierno.
En materia de seguridad no se puede improvisar, ni tampoco se puede actuar por ocurrencias. El tamaño de la delincuencia es enorme y hay (dicho por las propias autoridades) cinco cárteles se pelean el control de la plaza; con ese panorama el ejecutivo no puede ni debe descuidar el tema, no debe caer en la justificación simplona, ni mucho menos mantener el discurso de echar culpas al pasado sin resultados en el presente.
Cada gota de sangre que se derrama en Morelos, cada negocio que es extorsionado o cierra, cada persona que es agredida en la calle, asaltada en su casa o negocio o privada de su libertad culpa al gobernador de lo que está sucediendo; a cada uno de ellos (y son muchísimos), no se les va a convencer con frases como “No les voy a fallar”. El problema es mayor y las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido rebasadas por los grupos delictivos, aunque se nieguen a reconocerlo.
Algo tiene que hacer urgentemente el gobierno estatal en el tema de la seguridad; es evidente que cuando menos por ahora el gobierno estatal no tiene la capacidad técnica ni humana para dar la batalla a la delincuencia, ni los recursos para invertir en equipamiento o contratación de nuevos policías ¿Por qué entonces no piden de inmediato ayuda al gobierno federal?
La violencia y la inseguridad no sólo hundieron a los últimos cuatro gobiernos de Morelos, también acabaron con la imagen, la confianza y la credibilidad de sus titulares durante y después de que dejaron el cargo. Cuauhtémoc Blanco es una figura con fama nacional, querida y recordada por su actuación en la cancha, pero todo eso no sirve de nada cuando hablamos de su responsabilidad como autoridad. Peor: precisamente por su origen deportivo muchos lo consideran incapaz y pareciera que hasta los grupos delictivos han decidido retarlo en su propia cancha.
La paciencia de la gente en el gobierno estatal ya se agotó, la inseguridad representa un reto que el gobernador Cuauhtémoc Blanco no puede resolver solo. Hoy las autoridades están divididas entre si y distanciadas de la sociedad. Esto último se tiene que solucionar de manera urgente.
El primer paso para que las cosas mejoren es que el gobernador acepte la realidad; el segundo que actúe en consecuencia.
¿Lo hará a tiempo?
· posdata
La falta de operación política en el gabinete complicó el arranque del sexenio y retrasó la aprobación del paquete económico, pero parece que ese contratiempo ha quedado superado una vez que el ejecutivo encargó la operación política a dos personajes de su confianza.
En esta dinámica lo que el ejecutivo tendría que analizar es la pertinencia de apostar por una alianza política en ambos congresos: en el local para convivir civilizadamente y sacar adelante los temas que incumben a ambos poderes y en el federal para tener un margen de maniobra política mayor en el centro del país.
En Morelos Cuauhtémoc Blanco apostó por Alfonso Sotelo y ahora tiene de su lado a la priísta Rosalina Mazari; ninguno de los dos destaca por ser un político de grandes vuelos, ni tampoco por tener capacidad política, intelectual o profesional, pero de lo que hay en esta legislatura parece lo más rescatable, sobre todo en términos de confiabilidad.
A nivel federal el panorama es mejor, ahí el gobernador de Morelos tendría que revisar las cartas credenciales de los diputados federales y los senadores, para tener a la mayoría de su lado y operar con quienes cuentan con algo más que una curul; ahí está Alejandro Mojica, un hombre de Cuernavaca, con prestigio personal y, aunque limitado neuronalmente, tiene cierta representatividad. También vale la pena observar a Alejandra Pani, una dama que ha ido ganando presencia en la cámara alta sin dejar la representatividad en su región. En el senado la decisión es obvia, aunque para el ejecutivo las dudas sobre ella son muchas: Lucía Meza es la representante federal por Morelos con más liderazgo y capacidad política.
A los demás diputados y senadores federales también es conveniente tenerlos de su lado, aunque su representatividad social, capital político y capacidad profesional sea muy limitada.
La habilidad política se los operadores del gobernador se verá confirmada cuando la agenda estatal pase de los asuntos urgentes a los importantes, cuando en lugar de tener a su lado a legisladores de chocolate que pagan anuncios para hacerse notar (como Jorge Argüelles), suman a quienes le pueden ayudar a mantener la estabilidad y gobernabilidad en el estado y le permiten construir un proyecto de gobierno de largo plazo.
Para que eso suceda los operadores deben conocer de política, pero sobre todo conocer a los actores de poder.
· nota
Las pifias del fiscal Uriel Carmona sobre el asesinato de Samir Flores provocará que el tema pase de ser un asunto mediático a un elemento de fondo en el problema de la termoeléctrica de Huexca.
La pérdida de pruebas en la investigación sobre el homicidio del activista expuso la manera como opera la dependencia y también la incompetencia de su titular, quien apenas unas horas después de la muerte se aventuró a decir que se trataba de un asesinato relacionado con la delincuencia organizada.
Con esta pifia el problema se complicó porque ahora los opositores no sólo reclaman la ejecución, también consideran que Samir Flores fue asesinado por el estado y se convierte en el primer muerto político del sexenio.
Ayer Uriel Carmona trató de recomponer el escenario y sólo lo complicó más: ahora dijo que una de las líneas de investigación involucra a un funcionario, lo cual en lugar de bajar la presión al tema pondrá a los gobiernos (federal y estatal) bajo la lupa de la opinión pública nacional.
Con este fiscal nadie está seguro.
· post it
El Congreso de Morelos podría llamar a cuentas a algunos integrantes de la legislatura pasada por el desvío de recursos económicos de la cámara de diputados. En la mira están los ex presidentes Francisco Moreno Merino, Beatriz Viscera y Hortencia Figueroa, pero también se contempla emplazar a Julio Espín y Silvia Irra.
El objetivo de la 54 legislatura no es sólo iniciar un proceso penal contra los ex diputados señalados, también se contempla la posibilidad de que devuelvan el dinero faltante. Fueron ellos, dicen, quienes encabezaron el saqueo legislativo que hoy tiene hundido financieramente al congreso con una deuda superior a los 80 millones de pesos.
Además de los diputados antes mencionados, cuentan, se analiza en los dos poderes el actuar de Francisco Santillán, Alberto Mojica, Carlos Alaniz y Julio Yáñez; a los cuatro les adjudican participación en actos que derivaron en el desvío millonario de recursos y en el caso del primero se revisa el Fondo para pago de laudos que manejó como secretario del trabajo.
Puede ser que el proceso contra los acusados sea tardado y en algunos casos no concluya en su encarcelamiento, pero los obligará a defenderse, contratar abogados y los exhibirá ante la opinión pública, lo que les cerrará puertas de participación en contiendas electorales y negocios que tengan que ver con el gobierno en sus tres niveles en todo el país.
Dicen que la revancha contra los graquistas apenas empieza.
· redes sociales
El emplazamiento a huelga en la UAEM se pospuso hasta el 25 de marzo. El problema financiero de la universidad es enorme y para resolverse no bastan los discursos y las promesas, se necesita dinero.
Pobre Gustavo Urquiza, heredó una bomba de tiempo de Alejandro Vera.
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