Durante años los funcionarios en altos mandos que laboraban en los organismos reguladores independientes como la CRE, IFT, Banxico o el INE recibieron salarios superiores a los 140 mil pesos mensuales más múltiples prestaciones, beneficios que hoy se ven amenazados por la austeridad republicana y que luchan por mantener
A finales de 2018, cinco de cada 10 mexicanos económicamente activos ganaban por su trabajo menos de dos salarios mínimos -es decir hasta 5 mil 302 pesos mensuales-, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Inegi.
En ese mismo periodo, algunos de los funcionarios de mando de órganos autónomos registraron percepciones cercanas a los 200 mil pesos mensuales, además de disfrutar de privilegios como tener chofer, apoyo para compra de vehículo, acceso a recursos para gasolina, seguros de vida o bonos de riesgo por desempeñar sus labores.
En las últimas semanas las altas remuneraciones de comisionados, subgobernadores o consejeros que integran estos órganos han estado en el centro del debate, luego de que mostraran resistencia a disminuir sus percepciones con la propuesta en el Congreso de la Unión de reformar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual pretende que todo este personal perciba un salario menor al del Presidente de la República
Esta situación derivó en una serie de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitidas por el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre otros, para que las remuneraciones de su personal se mantuvieran intactas.
Acorde a su política de austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, redujo su salario a 108 mil pesos mensuales al llegar a la Presidencia y ha sido ese discurso el que le ha servido como herramienta para emitir señalamientos contra los órganos autónomos.
Desde el inicio de su gobierno, el jefe del Ejecutivo ha cuestionado férreamente los altos salarios que perciben los funcionarios de estos organismos, además de retarlos frontalmente a combatir la corrupción y los conflictos de interés en su desempeño.
Por esta postura, el mandatario también ha recibido críticas y acusaciones de intentar controlarlos a pesar de ser constitucionalmente independientes.
IFT con transporte VIP
El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones está integrado por el presidente, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, y los comisionados María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González.
La responsabilidad de estos servidores públicos es planear, regular, formular y conducir políticas y programas para el desarrollo de las telecomunicaciones en México
El comisionado presidente percibió el año pasado 197 mil 734 pesos netos mensuales, mientras que sus compañeros del Pleno recibieron 193 mil 504 pesos.
Sin embargo, además de cobrar este salario, los comisionados del IFT cuentan con prestaciones que son cargadas al erario, a las que difícilmente los trabajadores de la iniciativa privada de este país acceden.
Por ejemplo, el artículo 26 del Manual de Remuneraciones del 2018 del Instituto estipula que “el Personal que ocupe un puesto de Comisionado, Coordinador Ejecutivo, Titular de Unidad, Secretario Técnico del Pleno y Coordinador General, podrá optar por un apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su propiedad y utilice en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando no cuenten con vehículos asignados por el Instituto como apoyo para el desarrollo de las funciones”
Dicho apoyo para la compra de un vehículo nuevo fue de 180 mil pesos para los comisionados y de 142 mil pesos para directores generales en el 2018.
Pero, si los comisionados optaban por utilizar un automóvil propio para trasladarse a su lugar de trabajo, el IFT les entregaba 3 mil 750 pesos por concepto de “depreciación mensual”, además de una cuota fija mensual de otros 3 mil 750 pesos para “gastos” de su unidad.
En el caso de los directores generales las prestaciones de depreciación de vehículo y gastos también aplicó, pero se les entregaron 5 mil 916 pesos mensuales en total por ambas.
Si algo queda claro al hacer un análisis de las prestaciones que el IFT reparte a su personal es que a este Instituto no le basta con otorgar altas cantidades de dinero para transporte.
Mediante una solicitud de información realizada por Reporte Indigo, el IFT informó que en el 2018 gastó 497 mil 700 pesos extra en dar reembolsos “de pasajes terrestres para el personal que realiza labores de chofer”.
El casi medio millón de pesos erogado por el Instituto fue distribuido en el pago de 259 viajes, cada uno con un costo promedio de mil 900 pesos.
No obstante, estos gastos por choferes son un esquema que el IFT ha utilizado en los últimos años, pues en el 2017 destinó 489 mil 900 pesos para estas actividades; en el 2016 la cifra fue de 467 mil 267 pesos; y en el 2015 de 396 mil 900 pesos.
En este 2019, el Instituto ya reúne un gasto de 35 mil 800 pesos en 19 viajes realizados con chofer.
Los trabajadores del IFT, además de tener un transporte VIP, también cuentan con seguros que corren a cuenta del dinero que el Estado destina a sus labores.
Entre estos seguros se encuentran uno de vida institucional que es la suma de 40 meses de la percepción ordinaria bruta mensual. En el caso de los comisionados que obtuvieron en el 2018 un salario bruto de 206 mil 336 pesos en promedio, este aseguramiento les garantiza una bolsa de 8 millones 253 mil 472 pesos.
El seguro de vida institucional es una prestación que tienen trabajadores de todos los niveles, sin embargo, este se puede potenciar dependiendo el rango del personal, pues este producto puede ser de hasta 68 meses de remuneración bruta.
Además, existe un seguro para el retiro el cual ampara un pago único de 25 mil pesos en función de la edad y años de cotización del personal, este también aplica a toda la plantilla laboral.
Los funcionarios considerados de mando del IFT también tienen derecho a un seguro de gastos médicos mayores que puede ser de 333 UMA (Unidad de Medida y Actualización) que en el 2018 equivaldría a 26 mil 840 pesos; no obstante, en un apartado del Manual de Remuneraciones se señala que este seguro también se puede potenciar hasta 34 mil 219 UMA, lo que significa una suma de 2 millones 758 mil 051 pesos.
Los comisionados y directores generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones no sólo reciben un sueldo mensual por encima de los 190 mil pesos, también obtienen grandes cantidades de dinero para pagar traslados y seguros médicos y automotrices
El IFT promovió una controversia constitucional ante la SCJN con el propósito de suspender la reducción salarial a su plantilla de trabajadores. Pero el 15 de enero el ministro Jacobo Pérez Dayán rechazó esta suspensión.
CRE en la mira
El último episodio de conflicto entre el Gobierno federal y un órgano autónomo, fue el que protagonizaron el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador y Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía.
A mediados de febrero, la nueva administración inició un movimiento de toda su maquinaria para investigarlo por un posible conflicto de interés y lavado de dinero.
Dicha indagatoria ameritó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le siguiera la pista a una licencia entregada por la CRE a una empresa del sector energético en la que laboraba un familiar en cuarto grado de García Alcocer cuando este ya presidía el órgano.
El presidente de la CRE respondió al mandatario, solicitándole una audiencia para desahogar las imputaciones en su contra y después de la reunión todo quedó resuelto entre ambos.
La pugna inició luego de que García Alcocer considerara que los aspirantes a sustituir a cuatro comisionados de la Comisión no eran los perfiles idóneos para el órgano; mencionó que los propuestos estaban muy especializados en materia de hidrocarburos pero no en cuestión de electricidad.
Actualmente se analizan los perfiles de los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía en el Senado de la República debido a que los comisionados Marcelino Madrigal, Monserrat Ramiro Ximénez, Neus Peniche y Jesús Serrano renunciaran a su cargo; de los 12 aspirantes, 11 de ellos recibieron el aval de la Cámara alta el jueves pasado para continuar con el procedimiento, aún cuando también fueron criticados por desconocer las funciones de este órgano regulador.
En relación a sus gastos, la CRE también goza de altas remuneraciones salariales y prestaciones.
De acuerdo con datos obtenidos en el Portal de Transparencia del INAI, el comisionado presidente, García Alcocer, recibió el año pasado 146 mil 168 pesos netos de salario cada mes; es decir, un monto anual por un millón 754 mil pesos
Mientras que los comisionados Cecilia Monserrat Ramiro Ximénez, Marcelino Madrigal Martínez, Neus Peniche Sala, Luis Guillermo Pineda Bernal, Jesús Serrano Landeros y Guillermo Zúñiga Martínez, percibieron 141 mil 226 pesos netos mensuales por sueldo.
Esto implica que los Comisionados reciben 30 mil pesos por encima del salario del presidente, López Obrador.
Sin embargo, los más altos funcionarios de la CRE también cuentan con otros beneficios. Uno de ellos es igual al que reciben los comisionados del IFT, pues cuentan con una prestación de mantenimiento y depreciación vehicular, la cual es de 7 mil 500 pesos mensuales.
Los comisionados de la CRE también reciben un estímulo de 6 mil 568 pesos al año por “ayuda de despensa”. Reciben un aguinaldo de 33 mil 627 pesos y una prima vacacional de 6 mil 568 pesos.
La labor que debe desempeñar la CRE es garantizar piso parejo, las condiciones para que exista disponibilidad de energéticos en México y que éstos cuenten con la calidad necesaria a precios competitivos.
El organismo encargado de garantizar las condiciones para que exista disponibilidad de energéticos en México y que éstos cuenten con la calidad necesaria a precios competitivos sufrió una embestida por parte del Gobierno federal por presuntos conflictos de interés
Funcionarios de oro
En México, además de los comisionados de la CRE y el IFT, existen otros órganos autónomos que también se caracterizan por entregar un alto salario a sus funcionarios de mando.
Es el caso del Banco de México, su gobernador, Alejandro Díaz de León, ha percibido de sueldo cada mes del presente año 249 mil 032 pesos de manera neta, de acuerdo con datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia del INAI
Los subgobernadores Irene Espinosa Cantellano, Jonathan Heath Constable, Gerardo Esquivel Hernández y Javier Guzmán Calafell recibirán un salario de 241 mil 571 pesos cada mes para este 2019; es decir, más del doble de lo que percibe el presidente.
Este organismo, encargado de preservar el poder adquisitivo de la moneda mexicana, promovió una controversia constitucional ante la SCJN el 3 de enero de 2019, en el que solicitó que fuera el Máximo Tribunal el que estableciera y delimitara la aplicación de las remuneraciones salariales a su personal, tomando como base la autonomía que le confiere la Constitución a Banxico.
Por su parte, en los primeros meses de este 2019, el Instituto Nacional Electoral ha tenido que sortear un recorte de 950 millones de pesos a su presupuesto y optar por la vía de la controversia constitucional para buscar recuperar esa cantidad con el objetivo de organizar los procesos electorales en seis estados de la República y probablemente también la organización del proceso interno del Partido Revolucionario Institucional en el que se renovará la dirigencia nacional.
Antes de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año contemplara el recorte financiero al Instituto, éste ya advertía que estaban en riesgo las elecciones estatales por falta de liquidez.
Sin embargo, la Suprema Corte le negó al INE suspender la disminución financiera para su ejercicio, no obstante, los salarios de altos funcionarios se mantuvieron durante enero y febrero debido a un amparo otorgado por una jueza del séptimo Distrito Administrativo que sentenció congelar los mismos salarios del 2018 hasta que el Instituto no aprobara un nuevo tabulador.
Durante el 2018 y hasta febrero pasado, los 11 consejeros electorales mantuvieron una percepción de 178 mil 192 pesos, además de otras prestaciones como seguros de gastos funerarios, de vida, colectivo de retiro, de separación individualizado, además de aguinaldo, prima vacacional y prima quincenal
El jueves pasado, el Consejo General ajustó el nuevo tabulador para que las remuneraciones de consejeros y el resto de la plantilla del INE no supere a la del jefe del Ejecutivo, por lo que por concepto de salario recibirán hasta 108 mil pesos mensuales de manera neta.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es otro ente en el que cada una de las personas que integra el Pleno ganó más que lo que percibe actualmente el presidente.
Datos publicados en el sitio de Transparencia detallan que la comisionada presidenta recibió de manera neta 141 mil 461 pesos mensuales durante el 2018.
Al interior de Banxico, del INE y de la Cofece los funcionarios que en sexenios anteriores recibían salarios y prestaciones por encima de los 140 mil pesos ahora luchan por adaptarse a las políticas de austeridad del nuevo gobierno
Los comisionados Alejandro faya Rodríguez, José Eduardo Mendoza Contreras, Brenda Gisela Hernández Ramírez, Eduardo Martínez Chombo, Jesús Ignacio Navarro Zermeño y Martín Moguel Gloria, percibieron 140 mil 988 pesos cada uno, sin tomar en cuenta otras prestaciones.