La noche que todo cambió
Hasta antes del jueves las balaceras en Morelos eran entre grupos criminales y los ejecutados, casi todos, eran personas con antecedentes penales o vinculados a la delincuencia organizada. Esa noche las cosas fueron diferentes cuando a un bar al norte de Cuernavaca llegaron dos sujetos y sin mediar palabra dispararon contra los presentes. El modus operandi de los delincuentes ya cambió.
Algo cambió la noche que atacaron al bar Sophia de Cuernavaca; lo que ahí sucedió fue distinto a los que han padecido otros negocios de Morelos en los últimos meses; ahora no fue la agresión directa contra una persona, ni los disparos intimidatorios al inmueble como en otras ocasiones, sino el ataque contra ciudadanos inocentes. Algo cambió esa noche en Morelos: los muertos ya no son sólo criminales y sujetos vinculados a grupos delictivos, hoy cualquiera puede ser víctima mortal de la delincuencia organizada. ¿Por qué cambiaron las cosas?
Lo ocurrido la noche del jueves en la capital de Morelos marca un antes y un después en la historia delictiva del estado; a partir de ese momento nadie puede sentirse seguro porque la forma de actuar de los grupos delictivos es diferente y cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento puede ser víctima de un arma criminal.
El enfado colectivo por los niveles de violencia que se registran en Morelos es evidente y absolutamente justificado; la gente siente miedo, rabia e impotencia ante un panorama desolador en donde los criminales se mueven a sus anchas, la policía no tiene la fuerza para contenerlos, los jueces los liberan y el gobierno no sabe qué hacer para contenerlos. Eso sin contar que muchos negocios dedicados a la venta de alcohol son también centro de distribución de drogas.
El enojo popular es comprensible, porque este tipo de situaciones afectan la calidad de vida de todos: el cobro por derecho de piso se ha vuelto algo común, los secuestros aumentan, los asesinatos se cuentan por decenas cada semana y el precio de una vida en Morelos no rebasa los diez mil pesos. En la tierra de Zapata matar sale muy barato y es muy sencillo porque además las autoridades rara vez atrapan a los criminales y cuando los capturan, siempre es posible llegar a un acuerdo con un juez para salir en libertad a cambio de unos cuantos miles de pesos.
La balacera del bar Sophía obliga al gobierno estatal a tomar medidas urgentes en un problema que parece habérseles ido de las manos. El ataque de esa noche fue contra personas inocentes, contra jóvenes que no tienen nada que ver con la delincuencia y cuyo único pecado fue estar en el lugar y en el momento equivocado. El motivo de la agresión no está claro: no se sabe si se trata de la represalia por no pagar derecho de piso o porque, como lo mencionan algunas autoridades de la Fiscalía, el negocio está en vinculado con los grupos criminales.
Sea como sea después del jueves el gobierno ya no pueden alegar que la matanza es sólo entre cárteles y las víctimas son únicamente criminales o personas con antecedentes penales; ya ni siquiera es posible sostener que lo que estamos viviendo es culpa del gobierno pasado o consecuencia de que hay “un chingo de delincuentes”. Lo del bar Sophia acabó con el discurso oficial y las explicaciones simplonas de un gobierno que lamentablemente no sabe como atender el problema y una sociedad que en su desesperación ya no escucha razones.
Suponiendo que lo que paso esa noche es consecuencia de la negativa de los propietarios del lugar a pagar derecho de piso, lo que hicieron los agresores se sale de la lógica que habíamos visto en Morelos. ¿Qué hay de diferente en el caso del Bar Sophia para que la reacción de los criminales haya sido tan severa?
Varios negocios afirman ser víctimas de la extorsión de parte de la delincuencia organizada y casi todos se rehúsan a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General porque tienen la impresión de que esa oficina y su titular están relacionados con grupos criminales. El problema es muy grave porque los ciudadanos son amenazados y no confían en las autoridades. ¿Será por eso que en su último comunicado oficial el Gobierno de Morelos pide a la gente que denuncie ante la CES y no en la Fiscalía General?
La sociedad morelense está sola en este problema porque las autoridades estatales y municipales no tienen ni la fuerza, ni la capacidad ni la inteligencia para dar batalla a los grupos criminales y porque los jueces y la fiscalía parecen estar profundamente comprometidos con los cárteles. El problema de la inseguridad de Morelos es de fuerza, estrategia y capacidad de reacción del gobierno y de confianza ciudadana.
La violencia que se vive hoy en Morelos no tiene precedente, ha alcanzado niveles que nunca antes habíamos visto y se perfila como el nuevo punto de quiebre de las autoridades. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco debe hacer algo de inmediato, necesita actuar con rapidez y dar una muestra contundente de autoridad que genere confianza y de certeza a ciudadanos y empresas.
El golpe de la delincuencia en el bar Sophia fue muy fuerte, cimbró a la sociedad y dejó muy mal parado al estado. Luego de esa noche las cosas cambiaron en Morelos, los ciudadanos pasaron del miedo al enfado y esa combinación es sumamente peligrosa para cualquier autoridad.
Para salir al paso de esta crisis el ejecutivo estatal necesita tener de su lado a la población, no puede ir a una batalla en donde la gente considera al gobierno parte del problema y a la policía incapaz de resolver las cosas.
Cuauhtémoc Blanco tiene que mostrar que es capaz de conducir a buen puerto al estado, que tiene el carácter necesario para afrontar una crisis tan grave y el compromiso personal para luchar por la paz sin importar lo que ello implique.
Hoy el gobernador de Morelos se está jugando su futuro y el de su administración, el golpe que ha dado la delincuencia organizada es mayúsculo y amerita una respuesta contundente.
El tiempo es un factor clave en esta historia.
· posdata
Es momento de que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco cambie su estrategia. Los conflictos en el arranque de la administración, los problemas sociales y los embates de la delincuencia obligan a la administración morelense a replantear su manera de actuar, de comunicarse y de enfrentar los retos.
Al mandatario le urge tener una agenda social que lo acerque con los ciudadanos, que lo ponga frente a frente con las personas y lo haga sentir cerca de su pueblo. Ante un panorama tan complejo como el que arroja la oleada de violencia no se puede actuar con titubeos, no se puede estar pasivo, ni tampoco es posible mantener la misma línea de actuación. El tiempo apremia.
Solicitar el apoyo de la federación para combatir a los grupos delictivos es importante para enfrentar al crimen organizado y recuperar la paz, pero igual es vital tener de su lado a la gente y mantener la confianza en su administración para que no se pierda de vista quien es el verdadero enemigo en esta historia.
La violencia azota al país entero y en varios estados, como Morelos, se han roto récords históricos en número de muertos. En Morelos la cifra negra supera los 250 ejecutados mientras que en Guanajuato el número de personas asesinadas en el mismo lapso ya está arriba de los 600.
Nunca antes un gobierno en la entidad enfrentó un arranque tan complejo como el que ahora se vive: Cuauhtémoc Blanco inició su gestión en medio de una severa crisis política y social, con un problema delictivo fuera de control y un estado quebrado. El margen de maniobra que tiene en muchos aspectos es sumamente limitado, no hay dinero en las arcas para implementar programas emergentes que apoyen la economía local, ni tampoco reciben ayuda extraordinaria del gobierno federal porque en el país se vive la misma historia. Vamos, en Morelos ni siquiera es posible reforzar la seguridad con más elementos y equipo porque a veces no tienen dinero ni para la gasolina de las patrullas.
Todos estos aspectos operativos que no conoce el ciudadano se han convertido en un punto de fricción entre sociedad y gobierno y representa un factor que lastima de manera permanente la imagen del gobernador y de su equipo. La gente no sabe exactamente qué es lo que esta pasando, ni tampoco el porqué de lo que ocurre, simplemente observa la crisis y vive en un clima de zozobra que de manera natural provoca una reacción de molestia en contra de las autoridades.
Por eso precisamente es urgente que el gobierno estatal replantee su estrategia y el gobernador se relacione más con el pueblo. Mantener al jefe del ejecutivo en un aparador, distante de la población y ausente de los conflictos provoca una sensación de vacío de poder que agudiza los problemas y genera rencores sociales.
En momentos tan complicados como el que se vive hoy en Morelos, la figura del gobernador tiene que estar más cercana con la sociedad.
· nota
Con la sentencia a favor del ex rector Alejandro Vera Jiménez el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez quedó exhibido por haber sembrado pruebas incriminatorias y actuar por consigna; ya se sabía, pero ahora quedó comprobado por una autoridad judicial. Las acusaciones presentadas por el fiscal fueron desechadas y con ello los imputados quedaron libre de culpas de las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
El problema no es sólo que la fiscalía haya perdido otro juicio (de los pocos que ha presentado), sino que públicamente fue evidenciado el actuar de un hombre que sigue sirviendo a los intereses del ex gobernador y se ha convertido en protector personal de los ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez.
Sembrar pruebas y actuar bajo consigna son acciones ilegales y corruptas cometidas por un funcionario cuya responsabilidad es precisamente actuar contra ese tipo de actitudes. Juan Salazar es parte de la estructura de la Fiscalía General e igual que Uriel Carmona fueron designados en el cargo por la pasada legislatura, la que manejaba a su antojo Rodrigo Gayosso.
La manera como un juez falló en el juicio que llevaba la Fiscalía Anticorrupción en contra del ex rector obliga a la legislatura a poner sobre la mesa la actuación de ambos funcionarios.
Again: mientras Uriel Carmona y Juan Salazar estén al frente de las fiscalías de Morelos es imposible que exista procuración de justicia y persecución a los funcionarios corruptos.
· post it
La diputada Tania Valentina contrató como asesor personal a Javier López Sánchez, el personaje panista que operó para Sergio Estrada las concesiones de taxis, el que fungió como coordinador de asesores, comunicación y negocios de Marco Adame y quien a últimas fechas fue el asesor legislativo del diputado Javier Bolaños, conocido también como el panista que entregaba maletas de dinero a los diputados.
La fama de López Sánchez lo precede, quienes lo conocen entienden sus motivaciones y su estilo de actuar, quizá por ello fue llamado al staff de una diputada cuya única motivación es económica y que el pasado reciente se autonombraba “la primera graquista de Morelos”.
Dios los hace y el dinero los junta.
· redes sociales
No hay manera de contener la crítica en redes sociales, menos cuando la estrategia es plana y obtusa, como ha sucedido en los últimos años. En estos espacios de comunicación el camino tiene que ser distinto, con información real, contenido y a través de líderes de opinión. Aún así es complejo modificarla opinión colectiva, aunque con un buen plan se logra entrar al debate y equilibrar la percepción.
Trolear no es comunicar.
Comentarios para una columna optimista:
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