Derivado de los actos de corrupción, el saqueo multimillonario que hicieron en perjuicio de cientos de empleados, además de los beneficios a sus familiares y amigos, provocó que la 53 Legislatura haya sido considerada la peor en la historia de Morelos. Sin embargo, la actual, los de la 54 en tan solo medio año se han esforzado tanto que en breve podrían destronarlos y ganarles el mote de los más corruptos del Congreso.
COMPROMISOS INCUMPLIDOS.- Desde el primer día que tomaron protesta como tal, los legisladores locales el primero de septiembre del año pasado, aseguraban que iban con todo contra sus antecesores. En el caso concreto de quien todavía es el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien advirtió que no serían comparsas de acciones que vayan en contra de las mayorías. Dijo que actuarían de forma diferente a quienes los antecedieron en el cargo. Algo que es totalmente falso porque son iguales o peores a ellos.
Indicó en su discurso: "Tenemos la obligación de buscar soluciones a los problemas que hoy nos heredan, y esto incluye también imponer castigo y todo el rigor de la ley, a quienes con desfachatez se han enriquecido y han abusado del poder que les confirió el pueblo". A seis meses no han realizado absolutamente nada para investigar y hacer que se les castigue con todo el rigor de la Ley. Es más, tal parece que son cómplices como se ha documentado en diversos medios de comunicación.
Por lo tanto, los compromisos que hicieron públicos fueron una falacia porque nada han hecho para hacer que se cumplan, como por ejemplo, las pensiones “doradas” e ilegales que otorgadas por sus antecesores en favor de sus familiares, amigos y gente a fin, según se iban a echar abajo y no ha pasado absolutamente nada. Y conforme avanza el tiempo, el tema se va agotando y al final quedará en el olvido y otra vez, volverá a reinar la impunidad como ha sucedido en las últimas décadas cuando se cometen actos ilegales y de corrupción.
CORRUPCIÓN IGUAL A IMPUNIDAD.- La pasada legislatura realizó la aprobación de jubilaciones “doradas” para funcionarios y esposas de los propios legisladores, a través de la complicidad de los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PSD y PANAL quienes permitieron que mediante documentos falsos de municipios como Jiutepec, donde gobernó la última década Julio Espín Navarrete y su gente, permitieron barbaridades y atrocidades jurídicas para su beneficio.
Por ello, no fue extraño que por instrucciones del ex gobernador Graco Ramírez, se haya logrado jubilar a quien fuera su secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez; al secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna; al exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez; así como al exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado (Idefomm), Francisco Velázquez Adán, quien incluso, incumplía con los requisitos de tener residencia porque antes era regidor en Guerrero.
Dichas acciones de los ex legisladores provocó que abogados como Pedro Martínez Bello, decidieron presentar denuncias penales contra ellos por los delitos de ejercicio ilícito y ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, sobre todo por las reformas aprobadas antes de concluir con su encargo. Las denuncias se basaron porque se aprobaron jubilaciones a personas que no tienen derechos adquiridos, incluso se habló de que deberían ser inhabilitados para no ocupar un cargo público. Hasta el momento no ha pasado nada.
LOS EXCESOS Y ABUSOS DE LA 54.- Cuando se habla de corrupción de inmediato nos referimos al Congreso del Estado, donde sus integrantes, desde los primeros días que tomaron protesta decidieron demostrar su verdadero rostro y por tanto, poco les importó el qué dirán por el bienestar de su familia. Es así que la repartición de los “huesos” que primordial sobre todo en las áreas administrativas destinada para sus familiares y amigos. Un ejemplo de ello el de la diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, quien no desaprovechó la oportunidad para colocar a su padre Gerardo Sánchez Mote, en la Jefatura de Adquisiciones. Se habló que sería destituido para evitar supuestos malos entendidos, pero esta acción jamás se reflejó en la nómina porque sigue cobrando.
Otro caso ejemplar, el de la Nadia Díaz Roca, del Social Demócrata, quien también colocó a Israel Rafael Yudico Herrera, de su partido en la Dirección Administrativa. Andrés Duque Tinoco, del PES, designó a su familiar Edgar Duque Granda, en la Jefatura Activos Fijos. Pero no es todo, también, gracias a su oficio político alcanzó a colocar –previo acuerdo con el Estado- a su esposa Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, como directora general del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).
Y de las consideradas políticas más “honestas” está la diputada priista Rosalina Mazari Espín, quien al carecer de un líder y un partido que hoy en día está “huérfano” al no tener padre ni madre, decidió hacer alianzas con el gobierno y apoyarlo en todo, a cambio de que su hermano Arturo fuera el rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) que hoy sigue ocupando.
Por todo esto y más, no es extraño que el objetivo de la reducción de 30 a 20 diputados fue para lograr ahorros importantes y aplicar el plan de austeridad, algo que no se cumplió y por el contrario, se incrementaron más siendo menos, por lo que hoy, nuevamente el Congreso, tiene una plantilla inflada, elevada y ésta nuevamente tiene que ver con la designación de familiares y amigos en más de un centenar de personas que se refleja en la abultada nómina. Ya que anteriormente se tenía el registro de 315 empleados contratados y ahora aumentó a 407. Y estos son nuestros, disque representantes populares.
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