La rebelión de los criminales está en curso en Guanajuato. Esta semana, en respuesta a un operativo militar en Santa Rosa de Lima, movilizaron gente para bloquear carreteras y quemar vehículos en la zona de El Bajío que se conoce como “el triángulo rojo del huachicol”, igual a como se denominan los siete municipios poblanos donde se da el mayor robo de combustible del país. El operativo militar debió haber comenzado hace una semana, pero los soldados no pudieron entrar a esa comunidad que ha sido el epicentro de una lucha entre dos líderes de bandas delincuenciales.

Las unidades militares entraron finalmente a una zona de guerra entre el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez, apodado El Marro, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere arrebatarles el negocio del huachicol en la región. Decenas de muertes ha causado este enfrentamiento, que desestabiliza una zona que en los últimos años se había caracterizado por su creciente desarrollo en un corredor industrial detonado por inversiones extranjeras. El episodio es un déjà vu de lo que sucedía hace 15 años, cuando los criminales tenían control territorial en varias partes del país. Sin embargo, hoy se ha agravado.

En el gobierno del presidente Vicente Fox los cárteles de Sinaloa, Milenio y el Golfo tenían control territorial en casi 100 municipios. Pocos, en el comparativo municipal con el país, pero demasiado. El control era absoluto. Tenían en sus nóminas o amenazados a los alcaldes, a sus secretarios de Financias y de Obras, el de Seguridad Pública y a los jefes de policía. Pagaban protección en los estados y a jefes militares, y daban igualas a periodistas –algunos corresponsales de importantes publicaciones en la Ciudad de México. En esos años, ninguna fuerza federal entró durante mucho tiempo a los municipios en el norte de Tamaulipas, hasta que las presiones del gobierno de Estados Unidos que querían al jefe del cártel, Osiel Cárdenas, obligaron a ir por él a sus guaridas.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya muy criticada guerra contra las drogas elevó las tasas de homicidios dolosos, se logró arrebatar a los cárteles el control territorial en el país, que tuvo un retroceso en el de Enrique Peña Nieto, cuando dejaron de combatir a los cárteles, en su primer año de gobierno. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede en los campos de guerra del narco, es lo que pasaba en la frontera tamaulipeca: ninguna fuerza federal entra hasta que es insostenible su pasividad o evidente su complicidad.

Actualmente se ha agravado el estado de cosas porque López Obrador ofreció primero una amnistía a los narcotraficantes, lo que les permitió operar con mayor libertad, y luego proclamó el final de la guerra contra el narcotráfico porque, aseguró, no sirvió para nada, salvo para incrementar la violencia. Lo que desató aún no alcanzamos a medirlo en su total consecuencia. Santa Rosa de Lima no es un síntoma de lo que está pasando, sino una realidad. Una de las externalidades que ha provocado el robo de combustible en El Bajío es la cascada delincuencial provocada.

Un ejemplo es la carretera México-Querétaro, que se ha vuelto un peligro a todas horas. Son varios los casos de privación de libertad y robo. Uno de ellos reciente sucedió a las cinco de la tarde, cuando, por unas llantas en la autopista, el vehículo donde viajaba una familia se detuvo. Cuando retiraba las llantas llegó un convoy con 17 personas armadas y los privaron de su libertad. Nunca dejaron de tener la pistola en la cabeza del hijo menor, y obligaron al padre a darles todas sus tarjetas de crédito y darles su dirección para que recogieran los tokens y le vaciaran las cuentas. Cuando lo hicieron, los amenazaron: si cancelaban las cuentas, matarían al chofer, a quien habían golpeado fuertemente. Si los denunciaba, sabían dónde vivían y los matarían a todos.

No hay sorpresas. Enero fue el mes más violento en la historia, y la tendencia de homicidios dolosos sugieren que 2019 será más rojo que 2018, cuando se rompieron todos los récords. Esto no va a cambiar porque la estrategia del gobierno lopezobradorista contempla sólo el combate a la delincuencia del fuero común. Ni los cárteles ni el narcotráfico serán enfrentados porque en el análisis del gobierno el problema no son ellos, sino quienes roban, extorsionan, secuestran o cobran protección.

Es el mismo error que cometió Peña Nieto, quien soslayó que la delincuencia organizada tiene ramificaciones indivisibles con la delincuencia del fuero común. Si no los capos, sus subalternos y sus legiones de matones, mutan de delito o participan en los del fuero común y los del fuero federal. La estrategia de seguridad del gobierno federal toca únicamente a los delitos del fuero común. Para esto, identificó 259 puntos donde actuarán militares y policías como fuerza de reacción rápida. Es decir, una especie de sistema de emergencias 911.

La estrategia tendrá resultados positivos sólo en esas zonas en el corto plazo, pero será funesto para el resto del país y, en esas mismas regiones, en el mediano y largo plazo. Esto ya lo hemos visto. Esta estrategia elevará los índices delictivos cada mes, y llevará al Presidente a un fracaso en el tema de la seguridad. Cuando se dé cuenta del error, ya será demasiado tarde, como sucedió con Peña Nieto. López Obrador está a tiempo de corregirlo, pero necesita quién se lo explique correctamente, lo persuada de cambiar la estrategia y que la lleve a cabo. Le conviene finalmente, pero tiene que entenderlo.