El pasado 7 de marzo regresó la pesadilla de los secuestros colectivos en Tamaulipas. Ese día, a las 6:25 de la mañana, un autobús de Transpaís, con número económico 9596, había salido del puerto de Tampico y se dirigía a Reynosa.

Según el reporte de la empresa, a lo largo del trayecto habían subido 52 personas: 24 hombres, diez mujeres, nueve adultos mayores y nueve menores de edad.

Después de más de seis horas de trayecto, a las 12:55, en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, una camioneta de color gris y una camioneta Lobo doble cabina, de color negro, le cerraron el paso.

El chofer del autobús, José “N”, declaró más tarde que tras estos vehículos aparecieron más camionetas, “no recordando sus características”.

En ese momento, de 52 pasajeros que fueron abordando y bajando en las distintas estaciones de la ruta —Aldama, Altamira, Miguel Alemán, Soto la Marina— quedaban en el autobús 41.

De las camionetas bajaron hombres armados que abordaron la unidad y comenzaron a escoger a los pasajeros. De acuerdo con el chofer, se llevaron a entre 19 y 22 de ellos.

El convoy tomó camino hacia el norte y, dijo el chofer, más adelante retornó, “desconociendo qué rumbo tomaron”.

El autobús siguió su marcha una hora más. Llegó a la central de Reynosa hacia las 14:00 horas. Los pasajeros se negaron a denunciar lo que había ocurrido, y “se retiraron inmediatamente por temor”.

El chofer manejó hasta la pensión de Transpaís en el centro de Reynosa. El reporte llegó 20 minutos más tarde a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas. La noticia, sin embargo, no llegó a los medios locales.

La policía ministerial logró recabar el testimonio del chofer, y de un testigo, Carlos “N”. Servicios Periciales acordonó el autobús e inició su procesamiento.

Las autoridades tienen los nombres de las personas que iban en el autobús. Pero hasta el día de ayer, no habían logrado determinar la identidad de quienes fueron privados de su libertad.

Hace nueve años, en agosto de 2010, dos autobuses en los que viajaban 77 migrantes procedentes de Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala, fueron interceptados por los Zetas. Los llevaron al ejido El Huizachal: ahí los encerraron en una bodega y les hicieron una oferta: ser reclutados por el grupo criminal.

72 de ellos se negaron.

Los Zetas los tendieron en el suelo. Un sicario los fue matando uno a uno de un disparo en la cabeza. El país se conmocionó. En aquellos días negros unos diez mil migrantes fueron secuestrados en México, según un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A algunas de las víctimas se les llegaron a exigir hasta mil 500 dólares a cambio de su libertad. Tamaulipas ocupaba el tercer lugar nacional en secuestro de migrantes.

A principios de marzo, la Fiscalía General de la República detuvo en San Luis Potosí a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador o Escorpión, líder del Cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. El Contador había sido detenido un año antes por la Marina. Pero solo estuvo dos días en manos de las autoridades: su familia presentó un conjunto de videos que probaban que lo habían detenido en un sitio que no era el que la Armada afirmaba.

Volvió a la calle hasta que la FGR lo acusó de privación ilegal de la libertad. En Tamaulipas comenzaron a aparecer a partir de entonces mantas (una de ellas dirigida incluso al presidente de la República) que anunciaban una revancha. Una línea de investigación procura determinar si el secuestro de los migrantes está relacionado con la captura de Escorpión.

En todo caso, mientras en el país se cometen cuatro asesinatos cada hora y aumenta el número de masacres (en Salamanca acaba de ocurrir la más reciente: 15 personas muertas), una antigua pesadilla está de vuelta en Tamaulipas.

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