La reforma educativa es el siguiente tema en el que se concentrarán el gobierno del presidente López Obrador y sus bancadas en el Congreso, según me han revelado fuentes muy bien informadas. Lo políticamente explosivo, me dicen, es que los cambios que se incluirán no gustarán a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE.

Concretamente, no se les estaría regresando el control del reparto de plazas de maestros a nivel estatal, que es una de sus demandas más relevantes. El cálculo de los estrategas del presidente AMLO es que esto puede generar enormes protestas y manifestaciones por parte de la CNTE, que dio su respaldo a la campaña de Morena, que tiene decenas de legisladores que responden más a la Coordinadora que al partido del presidente y que se podrían sentir traicionados y llevar las cosas (otra vez) a paros escolares, tomas carreteras, bloqueos ferroviarios y manifestaciones en las ciudades donde tienen más peso y en la capital del país. El gobierno de Claudia Sheinbaum ya fue alertado al respecto porque la Ciudad de México podría volverse el epicentro de sus más duras protestas.

Según el plan político del gobierno, en el asunto de la reforma educativa estarían buscando un respaldo casi tan robusto como el que obtuvieron en la Guardia Nacional. Pero saben de entrada que no cuentan con los diputados de la CNTE (aunque sean de Morena) y quizá enfrenten más oposición del PAN y el PRI.

Lo que tratarán de argumentar para conquistar a estos dos partidos rivales es que en el fondo, la “nueva” reforma educativa sería bastante parecida a la del presidente Peña Nieto. La “derogación” sería solamente del proceso punitivo de sacar a los maestros de las aulas cuando no aprueban sus evaluaciones. Y que ahora primero buscarán la capacitación del maestro y luego su evaluación, en vez de al revés.

Sin embargo, hay otros puntos sensibles. Particularmente la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), desde el que expertos en educación diseñaban y aplicaban las evaluaciones, y su remplazo por un consejo integrado por un maestro indígena, un profesor de telesecundaria, un maestro rural, etc., que serían los nuevos encargados de examinar y avalar a los maestros en todo el país.

El PAN podría tener serias objeciones a la desaparición del INEE, al remplazo de expertos, y a la suavización de las evaluaciones que podría acarrear peor calidad en los profesores. El PRI tiene además otra disyuntiva: la reforma educativa era una de las mejor evaluadas de las aprobadas en el Pacto por México del gobierno del presidente Peña Nieto, pero los que están actualmente al mando del PRI en el Congreso (como el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, líder de los senadores priistas) no eran de los más entusiastas promotores de esta reforma (como sí lo fue el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, con quien terminó enfrentado).

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