-Alfonso Sotelo confirmó que no hay ningún indicio de que las pesquisas avancen
Hasta el momento, las acusaciones contra los ex diputados, por supuestamente malversar recursos públicos, siguen estancadas.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que no hay ningún indicio de que las pesquisas muestren un proceso evolutivo.
Destacó que, cuando la comparecencia de fiscal general, Uriel Carmona Gándara se dé, se aprovechará para cuestionarlo sobre éste y otros temas que están pendientes, porque la ciudadanía clama justicia. Se tiene pensado que, tras concluir las comparecencias de los integrantes del gabinete del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se suscite, ante el pleno, la del fiscal. Esto se tendrá que acordar, en sesión ordinaria, con todos los parlamentarios.
El viernes próximo, 15 de marzo, tendrá verificativo la presencia del vicealmirante, José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad, quien tendrá que informar de las tareas que se han hecho para reducir los altos niveles de violencia en el estado; sobre todo, contra las mujeres.
Dijo que, por ahora, se dio un paso, con la aprobación de la Guardia Nacional. En lo sucesivo, cada uno de los poderes debe asumir la responsabilidad que les confiere su marco de acción, agregó.
Cabe decir que, en octubre del año pasado, un grupo de diputados del actual Congreso se presentó en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, que preside Juan Salazar Núñez. Ahí, presentaron una denuncia penal por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y desviación de recursos en contra de los ex presidentes de la Mesa Directiva, la Junta Política y de Gobierno (JPyG), y de la Comisión de Vigilancia en la LIII Legislatura.
Esta acción fue a consecuencia de los depósitos que los ex diputados debieron realizar al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, al desviar más de 20 millones de pesos.
Como parte de estas acciones, en enero pasado catearon el domicilio de un ex servidor del Poder Legislativo, a cargo de elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en busca de artículos, tales como pinturas y curules, propiedad del Congreso, que presuntamente fueron robados.