No llegarán fuerzas federales
Aunque se solicitó y se confirmó, al final no llegará a Morelos el apoyo requerido al Gobierno de México. A pesar del clima de violencia que prevalece a lo largo y ancho de la entidad, la administración federal considera que el problema no es tan grave como en otras entidades, de ahí que por el momento no se enviarán más policías. ¿Cuántos muertos hacen falta para que la federación considere que el problema de violencia es realmente grave en la entidad?
Tras los hechos de violencia ocurridos la noche del jueves 28 de febrero en el bar Sophía de Cuernavaca el gobernador Cuauhtémoc Blanco solicitó a la federación el envío de 250 elementos de la Policía federal para combatir a los grupos delictivos que operan en la entidad; unos días después el jefe de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz confirmó la llegada de 180 efectivos que reforzarían las tareas de prevención en los municipios donde se han acentuado los hechos de violencia. Esta semana el Gobierno de México denegó el apoyo requerido porque otras entidades, dice, tienen problemas de inseguridad más severos. La lucha contra la delincuencia en Morelos se tendrá que dar con nuestros propios recursos.
La negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la petición del gobernador Cuauhtémoc Blanco cayó como balde de agua fría al gabinete y al estado; en el equipo del ex seleccionado nacional daban por hecho que antes de que se implementara la Guardia Nacional, Morelos recibiría apoyo extraordinario para combatir a los 5 cárteles que operan en la entidad y de esa manera disminuir de manera significativa los índices de violencia que agobian a todos los municipios, pero no fue así.
La noticia no es buena para nadie y aunque la justificación del Gobierno de México nos parece inaceptable, habría que considerar que el arranque de sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el más sangriento de la historia moderna de nuestro país. La violencia que se vive en Morelos no es única, en todos los estados del país se ha desatado una lucha entre cárteles con un enorme derramamiento de sangre que mantiene atemorizados a los ciudadanos de toda la república, incluyendo la capital mexicana.
Quizá por eso lo que pasa en la tierra de Zapata no llama la atención al Presidente de México ni representa una prioridad para el gobierno federal; tal vez porque a los ojos del secretario de seguridad federal, Morelos es una entidad pequeña y aunque localmente la violencia nos parece agobiante, para él este clima de inseguridad no es distinto al del resto del país y por esa razón no se justifica el envío de más policías.
Puede ser incluso, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siga confiado en que la violencia y la inseguridad se acabará “con el ejemplo” y “combatiendo la corrupción” y por eso no tienen una valoración nacional del problema, ni diseñaron un plan de seguridad para combatirlo; tal vez por eso hoy el país está viviendo la etapa más violenta de los últimos años.
Pero independientemente de lo que sucede en el resto del país y de las cifras negras que surgen en todos los estados de la república, para quienes vivimos en Morelos no nos agrada la negativa de ayuda de la federación; es cierto que en muchas otras entidades el problema delictivo es mayor y el derramamiento de sangre duplica o hasta triplica las muertes que se registran en nuestra entidad, pero tampoco en esos lugares el gobierno federal está mandando refuerzos. ¿Por qué?
Veámoslo de esta manera: en Guerrero la violencia se ha apoderado de la mayor parte de los municipios y opera de manera impune en los puntos turísticos; en el Estado de México y en la Ciudad de México los cárteles pelean a sangre y fuego y las ejecuciones han comenzado a darse a plena luz del día en restaurantes, plazas comerciales y hasta en la avenida más emblemática de la capital: Reforma. En Puebla, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León o hasta en el apacible Campeche la violencia ha tomado por asalto a la gente, marcando récords históricos de ejecuciones. Tampoco en esas entidades ha llegado la ayuda federal.
La negativa del gobierno federal representó un duro golpe para todos en Morelos: para el gobernador Cuauhtémoc Blanco que ya había anunciado la llegada de policías, para los presidentes municipales que representan la primera línea de batalla contra la delincuencia y el eslabón más vulnerable de la cadena de mando. Pero sobre todo para los ciudadanos que confiábamos que con la presencia de elementos federales podría mejorar la situación.
No hay manera de verle el lado bueno a la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los morelenses; la policía estatal está mermada y desmantelada, su capacidad de reacción es mucho menor a la fuerza de los grupos criminales y en los ayuntamientos los alcaldes están más preocupados en pagar la cuota que les imponen los grupos criminales que en resolver la crisis de violencia.
El tema de la inseguridad es el más importante y difícil en la agenda del gobierno de Cuauhtémoc Blanco; la respuesta del gobierno federal obliga al ejecutivo a replantear la estrategia local, a buscar la suma de fuerzas para enfrentar el problema y a implementar junto con las autoridades municipales y el poder judicial medidas de prevención y combate más eficientes.
La batalla es sumamente complicada, pero no se puede dar por perdida. El presidente le dio la espalda a Morelos.
· posdata
Se llevó a cabo el segundo encuentro con la sociedad civil y el gobernador de Morelos; como el primero, el acto fue acartonado, sin mucha trascendencia y con la presencia de los mismos que desde hace años van los eventos de los gobernadores y siempre repiten lo mismo.
El acto sirve para la foto, pero nada más; es un formato que luce, pero que no permite a ninguna de las partes ir al fondo del problema, sobre todo en un momento tan complicado como el que vive nuestro estado.
El ejecutivo y su equipo de asesores tendrían que analizar la pertinencia de crear un espacio distinto o paralelo al de los Diálogos, uno más funcional, con personajes distintos, con gente que sufre la violencia en carne propia, que representa a distintos sectores y sobre todo, que no va a hablar para aparecer en la prensa.
Ante la negativa de apoyo del gobierno federal el jefe del ejecutivo morelense tiene que ir más allá de los viejos esquemas políticos, tiene que apostar por el apoyo ciudadano y eso sólo lo puede lograr rompiendo los moldes políticos tradicionales.
Quienes acuden a los Diálogos de Pacificación en Morelos son los mismos que fueron a los actos de Graco Ramírez y lo aplaudieron, son los mismos que estuvieron en las mesas públicas de Marco Adame y lo felicitaron, son los mismos que acompañaron a Sergio Estrada Cajigal en sus eventos y le ensalzaron. ¿Por qué actuarían diferente con Cuauhtémoc Blanco?
El problema de inseguridad y violencia es muy grave en Morelos y ante ello el gobierno debe moverse de manera distinta. Cuauhtémoc Blanco tiene el carisma necesario para ganarse la confianza de la gente (ya lo hizo en campaña) pero no lo logrará en un espacio como el de los Diálogos.
La idea de esa mesa puede ser bienintencionada, pero el formato ha demostrado una y otra vez ser inoperante.
· nota
El problema social por la termoeléctrica de Huexca acompañará al presidente López Obrador durante todo su sexenio; la puesta en marcha de la central eléctrica va a generar tensión en la zona y representa un riesgo latente de violencia.
Por lo pronto en Morelos, tierra obradorista por excelencia, pobladores de la región oriente del estado declaran persona no grata al Presidente de México. Así lo publica la revista Proceso:
“La Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos declaró al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador como “persona no grata en Morelos por incumplir su palabra empeñada en 2014 y del mismo modo exigimos la destitución del Delegado en Morelos Hugo Erik Flores y la atracción del caso de Samir por la Fiscalía General de la República”.
Reunidos en Amilcingo, los participantes convocaron a una movilización nacional “e internacional” en Chinameca el próximo 10 de abril, pues “no permitiremos que la muerte de nuestro caudillo del sur sea insultada con la presencia de quien busca impulsar los proyectos de muerte en tierra zapatista”.
Representantes de una centena de organizaciones indígenas, campesinas y populares, así como ejidatarios y comuneros que son afectados en diversas partes del país por los megaproyectos impulsados por el gobierno federal, convocaron a luchar contra la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) y “todos los megaproyectos de despojo que se están imponiendo por el gobierno” de Andrés Manuel López Obrador.
Además, se sumaron a la exigencia de justicia para Samir Flores Soberanes, uno de los líderes indígenas más visibles en contra del PIM que incluye la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto que atraviesa toda la zona volcánica del Popocatépetl, así como el acueducto que despojaría de agua a más de seis mil ejidatarios, sus familias y las que colaboran con ellos. Este líder fue asesinado el pasado 20 de febrero, unos días antes de llevarse a cabo la consulta convocada por el gobierno federal para decidir sobre el PIM.
Los participantes, reunidos en la plaza central de Amilcingo, decidieron también sumarse a la convocatoria al Encuentro de Pueblos que se realizará en esta misma comunidad el próximo 9 de abril, mismo que fue concebido primero por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. También en la convocatoria a este encuentro participa el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Para cumplir estos acuerdos, los participantes trazaron acciones concretas. Para empezar, habrá una reunión “de solidaridad con Amilcingo y los pueblos afectados por el PIM y justicia para Samir” el próximo 23 de marzo de 2019 en la ciudad de México, en lugar por confirmar. La intención es sumar a organizaciones campesinas, indígenas y populares de la capital del país a esta movilización, para que a su vez realicen sus propias acciones.
Además, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, presente en la reunión emergente de este fin de semana, acordó realizar el 7 de abril en Anenecuilco, cuna del General Emiliano Zapata, la sesión correspondiente del Congreso de Pueblos de Morelos, pero a la que se invitará a participar a todos quienes se sientan afectados por el PIM y demás megaproyectos en el país.
También se acordó impulsar una campaña nacional con el lema “Yo prefiero tierra y libertad”, con la cual “buscamos conjuntar todas las luchas y demandas que a nivel nacional siguen floreciendo en nuestro país contra el neoliberalismo salvaje, por lo que llamamos a todos los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones, colectivos y personas en general que, asuman esta campaña y consigna como propia y de todos nosotros”.
Finalmente se acordó “fortalecer la lucha del campamento zapatista en Apatlaco, Morelos”, mismo que ha impedido hasta ahora, con el cuerpo de los campesinos e indígenas presentes, la conexión del acueducto que llevará el agua a la termoeléctrica y que hasta ahora la mantiene sin funcionar, pues ese líquido es fundamental para enfriar sus turbinas.”
· post it
… Y de repente nos amanecimos con que el PSD había expulsado a sus propietarios. A través de un documento firmado por el representante del Partido Social Demócrata se dio a conocer que la diputada Naida Josefina Díaz Roca, esposa de Julio Yáñez Moreno había sido expulsada.
La respuesta de la legisladora fue a través de una misiva mal redactada que no dejó claro lo que sucedía, pero confirmaba las diferencias dentro del PSD.
Machetazo a caballo de espadas.
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Tuiteo, luego existo.
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