La peor masacre en la historia de Guanajuato sucedió en la madrugada del sábado 9 de marzo en el bar La Playa Men’s Club.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acababa de visitar la ciudad de León: durante el acto se había celebrado el arranque del operativo “Golpe de timón” (en el que participan elementos federales y estatales), tendiente a desarticular el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Esa noche, a las 12:30, al menos siete sujetos armados y vestidos con uniformes tácticos ingresaron en el centro nocturno ubicado en la colonia San Roque, una de las más conflictivas de Salamanca.

El lugar estaba atestado de clientes cuando iniciaron las detonaciones: los testigos dijeron que los agresores abrieron fuego indiscriminadamente, “y se llevaron de paso hasta a los meseros”.

La policía recogería más tarde 70 casquillos percutidos. Cuando llegaron las autoridades, 13 hombres carecían de signos vitales y en el lugar yacían siete personas más gravemente heridas. El saldo final fue de 15 muertos.

Sobrevino un laberinto de rumores y versiones encontradas.

Que sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación buscaban al líder del Cártel de Santa Rosa, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, en aquel table dance de Salamanca.

Que sicarios del Cártel de Santa Rosa habían detectado en La Playa a varios miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y habían ido por ellos.

Que podría haber una vinculación entre el ataque al table dance y el operativo que fuerzas federales habían desatado en contra del Marro en las inmediaciones de Santa Rosa de Lima.

Que se trataba, en realidad, de una estrategia del Marro “para generar distracción y poder llevar a cabo otras acciones”.

Al final, la fiscalía del estado informó que las víctimas permanecían en calidad de desconocidas. Muy pronto, sin embargo, el colegio estatal de abogados señaló que entre los muertos se hallaba un conocido penalista, y exigió que la masacre fuera investigada a fondo.

Al poco tiempo, el noticiero de radio de Ciro Gómez Leyva informó que algunas víctimas no trabajaban ni para el Cártel Jalisco ni para el de Santa Rosa de Lima: eran, en realidad, según el reportero Humberto Padgett, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

Mientras todo esto ocurría, la alcaldesa de Morena Beatriz Hernández Cruz culpó a la administración anterior, del panista Antonio Arredondo Muñoz, por haberle dejado “las patrullas inservibles y las instalaciones descuidadas”, y denunció que la entrada del Mando Único, en septiembre de 2017, había dejado al gobierno de Salamanca “limitado en materia de seguridad”.

Mientras todo esto ocurría, Angélica “N”, cuñada del Marro, detenida por el gobierno estatal y presentada como operadora financiera del Cártel de Santa Rosa, fue liberada por el Ministerio Público Federal en compañía de su pareja sentimental, un agente federal en activo. Ambos habían sido detenidos en un filtro de seguridad. La orden de aprehensión, según la autoridad estatal, nunca llegó.

A la fecha no existe información alguna sobre la masacre de Salamanca.

De acuerdo con el conteo de Lantia, en Guanajuato hubo 13 masacres en los últimos tres meses de 2018. Hubo cuatro en octubre, tres en noviembre, seis en diciembre. Dejaron en total 61 muertos.

En esos meses hubo 121 ejecuciones en Salamanca y 759 en el estado. Solo en el mes de diciembre 292 personas fueron ejecutadas en Guanajuato.

El estado vive el peor momento de su historia en términos de violencia. En su visita a León, el presidente afirmó que había plena coordinación en materia de seguridad entre las autoridades federales, estatales y municipales.

A pesar de todo, la violencia sigue creciendo, las matanzas siguen ocurriendo y las autoridades no atinan más que a culpar al pasado, y a echarse la bolita.

 

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