A punto de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidenció la mentira del “peritaje” que José Luis Torero dijo haber practicado en el basurero de Cocula, en que concluyó que en ese sitio no hubo incendio alguno en que pudieran haber sido quemados los cuerpos de los normalistas desaparecidos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo suyo para torpedear la cuestionada verdad histórica.
El 28 de noviembre, la CNDH informó que durante el desarrollo del abominable acontecimiento ninguna autoridad actuó para evitar los hechos y que el suceso “solo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.
Nada complaciente con la versión oficial, el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, informó que el equipo del titular de la Oficina Especial para el caso, José Trinidad Larrieta Carrasco, documentó que al menos 70 de los imputados en el crimen fueron torturados o recibieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, y juzgó “indebida” la diligencia policiaca del ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón (gracias a la cual se recuperaron casi 17 mil fragmentos humanos en el río San Juan, entre los que estaban los que resultaron corresponder a dos de los estudiantes, con dos muestras genéticas: a plenitud Alexander Mora Venancio y con altas probabilidades de acierto a Joshivani Guerrero de la Cruz, en los prestigiosos laboratorios de la Universidad de Innsbruck, Austria).
Por escéptica y crítica de las investigaciones oficiales que sea la CNDH, en su informe dejó claro que al menos 19 cuerpos humanos fueron quemados hasta su carbonización en el basurero de Cocula.
No solo: atribuye también al “desaseo y poco profesionalismo” el que se hayan subestimado 41 “porciones petrosas” de huesos temporales, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos, susceptibles de someterse a pruebas de ADN, hallados en la bolsa recuperada por Zerón en la ribera del río San Juan, entre las que resaltan protuberancias redondeadas llamadas cóndilos (forman un encaje óseo en que se insertan los ligamentos que sujetan los músculos y la articulación), en este caso de 19 maxilares.
Pasaron diciembre, enero, febrero y la mitad de marzo sin que la autoridad (¿Fiscalía General de la República? ¿Comisión de la Verdad?) envíe a Innsbruck las piezas que la CNDH recomienda analizar (los anteriores fragmentos fueron seleccionados en acuerdo entre la desaparecida PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense).
Con o sin acuerdo ahora con instancias extranjeras, es inadmisible que esos restos permanezcan ignorados y que no sea tomada en cuenta la principal instancia de derechos humanos del Estado mexicano...