Defender los combustibles no basta para revertir la crisis en materia energética que enfrenta México, el Gobierno federal también debe delinear una estrategia que más allá de ayudar a solventar la deuda con la que carga la CFE y su falta de productividad, evite que se siga hurtando la electricidad y fomente el uso de nuevas tecnologías
La crisis financiera y de producción que aqueja al sector energético del país se conjuga con las pérdidas multimillonarias que dejan año con año el robo de hidrocarburos y de electricidad.
Aunque el Gobierno federal inició un combate frontal contra el hurto de combustible, en el robo de electricidad todavía no marca una pauta decisiva para hacerle frente, aun cuando esta problemática también lesiona las arcas del Estado por miles de millones de pesos.
Datos obtenidos por Reporte Indigo vía Transparencia revelan que en los últimos 13 años (2006-2018) la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas por 20 mil 750 millones de pesos por robo de luz.
Pese a que los registros de hurto datan de hace dos sexenios, el quebranto ha sido cada vez más severo.
Mientras en el 2006 el robo de electricidad significó una pérdida por 71.3 millones de pesos, para el 2018 la cantidad fue de 5.7 mil millones, lo que hace de este delito una práctica que ha ido a la alza ante los ojos de la autoridad
Sin embargo, en la última administración federal los robos repuntaron considerablemente. Mientras en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la CFE registró pérdidas por 3.8 mil millones de pesos en total, en el último gobierno priista la suma por hurto fue de 16.8 mil millones.
En los últimos 13 años mil 595 personas han recibido una pena por robo de energía, de las cuales el 80 por ciento (mil 262) ocurrieron entre el 2013 y el 2018.
1,262 personas han recibido una pena por robo de energía entre 2013 y 2018
De las sanciones mil 278 ocurrieron en el estado de Veracruz, otras 156 -aclaró la CFE- en las inmediaciones de Veracruz y Oaxaca, otras 45 en Nuevo León y hay otras 106 de las que no se tiene registro en qué parte del país se suscitaron; el resto acontecieron en San Luis Potosí, Morelos, Jalisco y Yucatán.
Los motivos por los cuales se detuvo a las casi mil 600 personas fueron “robo de fluido servicio directo”, robo equiparado de energía eléctrica y consumir energía sin haber celebrado el contrato respectivo y ajuste a la facturación.
Pese a que las detenciones de personas en conflicto con la ley por robo de energía se concentran en Veracruz, la CFE explicó mediante su respuesta oficial que las entidades en las que más hurtos ocurren son el Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México y Jalisco
Veracruz aparece hasta la quinta posición en donde más hurto eléctrico ocurre, le siguen Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Coahuila.
La sustracción ilegal de energía eléctrica está considerada en el Código Penal Federal, el cual indica en el artículo 368 fracción II que “el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido, o de cualquier medio de transmisión sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos” merecerá sanciones.
Las penas por el robo de electricidad van de tres a 10 años de prisión y hasta mil días de multa e incluyen también a los participantes que después de la ejecución de este ilícito posean, trafiquen o adquieran los objetos o productos resultantes del ilícito, de acuerdo con el artículo 368 Bis del Código Penal Federal.
El detalle de las pérdidas
Los esfuerzos de la Comisión Federal de Electricidad por detener el robo de luz han incluido la compra de tecnología para evitar que este delito siga al alza.
Después de haber tenido pérdidas en el 2014 por mil 254 millones de pesos, para el 2015 la CFE inició la colocación de medidores digitales en los hogares para así evitar la instalación de los “diablitos” mediante los cuales se generaban quebrantos a gran escala en millones de servicios domésticos.
En el 2014, la Comisión estimó que el 17.3 por ciento de la luz distribuida en el Valle de México fueron de pérdidas por robo.
El proyecto incluyó en un inicio la distribución de dichos medidores en la Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco, donde se encontraban las cifras más altas de incidencia de hurto.
Aún con estas medidas, la CFE sigue reportando agravios en lo económico. El año pasado, con el récord más alto de merma por el delito de sustracción de electricidad, enlistó las diferentes prácticas en las que su servicio fue aprovechado ilegalmente.
Las anomalías identificadas por la Comisión indican que se perdieron 5.4 millones de KWH (Kilowatts por hora). De ellos, 2.1 millones de KWH fueron robados por usuarios que se instalaron directos a la red sin realizar un contrato, 1.7 millones de KWH por conectar cableado que deriva la energía antes de la medición –los también llamados diablitos.
Otros 299 mil KWH correspondieron a un quebranto porque se intervinieron las conexiones para disminuir los registros, 297 mil KWH se registraron de merma porque los usuarios permanecían consumiendo la energía sin un contrato y 351 mil KWH fueron por diferentes alteraciones o anomalías en la medición.
Al robo también se le suma otra problemática que es la falta de pago del servicio de luz por parte de usuarios o de entes gubernamentales -de los niveles federal, estatal o municipal- lo que implica que la CFE también deje de percibir ingresos.
Para la Comisión Federal de Electricidad solucionar el robo de energía en el país no sería suficiente para revertir sus problemas financieros y económicos, pues también se enfrentan a otras dificultades como la falta de pago por parte de los usuarios
De acuerdo con el Informe Anual de la Comisión Federal de Electricidad (2017), en el 2015, la cartera vencida fue de 43 mil 319 millones de pesos; para el 2016 la cifra fue de 38 mil 637 millones; y para el 2017 se instaló en 42 mil 71 millones de pesos.
En el 2017, la CFE señaló que el 79 por ciento de la cartera vencida, es decir, 33.2 mil millones de pesos, fueron adeudos concentrados en cinco entidades del país: el Estado de México, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas y Guanajuato.
Para ello, la CFE informó que realizó acciones para mitigar esta falta de pago, realizando convenios “peso por peso” para adeudos domésticos y municipales de Tabasco; también negoció con municipios de Chiapas; y realizó acuerdos con productores agrícolas de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí para el pago del servicio eléctrico.
En el apartado de indicadores estratégicos del Consejo de Administración de la Comisión se indica que una de las principales negativas de cumplimiento con los requerimientos en el sector doméstico tiene que ver con “problemáticas de la cultura de no pago en algunos estados del país” y la dificultad de pago en zonas agrícolas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Guanajuato.
En febrero pasado, Manuel Bartlett, director de la CFE, dijo queen 2018 la cartera vencida de la empresa productiva del Estado era de 45 mil millones de pesos y que de esta cantidad 14 mil millones correspondían a adeudos de organismos de los tres niveles de gobierno.
Crisis y rescate
La Comisión Federal de Electricidad atraviesa por un momento financiero crítico y la administración federal actual se ha propuesto revertirlo.
El 22 de febrero pasado,Manuel Bartlett señaló en conferencia de prensa que la empresa productiva tiene una deuda que asciende a 60 mil millones de dólares, misma que buscará reestructurar
Dicha deuda se desglosa en cinco factores que son: 19 mil millones de dólares como “deuda documentada”, un pasivo laboral también por 19 mil millones, pagos a productores externos de energía por 7 mil millones, Obra Pública Financiada por 7 mil millones y en gasoductos detenidos 16 mil millones de dólares.
El rescate a CFE propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla que en una primera etapa se inviertan 24 mil millones de pesos en el mantenimiento de sus centrales y así reactivar la generación de energía eléctrica
Otra de sus prioridades es reducir la compra de energía al sector privado y que eventualmente la empresa productiva del Estado sea autosuficiente en el otorgamiento del servicio eléctrico.
Bartlett también indicó que CFE solicitará mediante un esquema de inversión 10 mil millones de pesos con el propósito de competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas del mercado eléctrico.
También destaca la dificultad en gastos que han derivado siete gasoductos que se encuentran detenidos por “diversas problemáticas sociales” y que han derivado en un gasto, sólo en 2018, por 5 mil 800 millones de pesos.
El director de la CFE comentó que de manera independiente al plan de rescate, buscará que las tarifas por el servicio de luz no se incrementen más que la inflación.
No obstante, Bartlett Díaz también señaló que el subsidio que otorga el Gobierno federal a las tarifas de las empresas será revisado, mientras que en domicilios de bajo consumo se mantendrá.
El plan de rescate que busca emprender la CFE también llevó consigo la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo en la Línea de Transmisión Interconexión Sinaloa-Baja California Sur y el concurso abierto del proyecto “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia – Yautepec Portencia”, bajo el argumento de que estos procedimientos son contrarios a los intereses de la empresa.
El 11 de febrero pasado, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) –que se encarga, entre otras actividades, de asignar el precio de la electricidad-, aseguró que de no invertir en infraestructura que incluyera a la iniciativa privada, se corre el riesgo de que ocurra falta de luz en diversas partes del país.
El nuevo gobierno se ha puesto como una de sus metas revertir la difícil situación en la que se encuentra la CFE, un reto mayúsculo ante los elevados niveles de deuda que presenta y sus bajos niveles de producción
“Sí lo hay (riesgo de apagones), si no invertimos en generación, si no se utilizan las herramientas que tiene a su disposición el Gobierno de la República, puede haber apagones en un periodo de tiempo relativamente corto (…) El mismo verano de este año y en tres años mucho más, más grave”, señaló García Alcocer en una entrevista.
En respuesta, el director de la CFE negó que existan consecuencias severas, como las mencionadas por el titular de la CRE.
“No habrá apagones, aunque el Comisionado Presidente de la CRE diga que si no hay más inversión privada habrá apagones, es una falacia, es terrorismo eléctrico”, aseguró Bartlett Díaz.
Transitar al uso de energía solar
Además de las pérdidas por el robo y la cartera vencida de energía eléctrica, hay otro elemento que también ocasiona que los ingresos de la CFE se vean disminuidos. Se trata del subsidio que el Gobierno federal otorga a usuarios de la red.
El 99 por ciento de los hogares mexicanos tuvieron un subsidio en 2017. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre el 2004 y el 2014, el monto del subsidio a la luz en el país ascendió a poco más de 1 billón 350 mil millones de pesos en valor presente
En días recientes, el IMCO lanzó una propuesta para que el sector eléctrico en México transite hacia un modelo de colocación de paneles solares en los hogares y con ello disminuir el golpe presupuestal que significa el subsidio a la luz.
La organización asegura que la cantidad por concepto de subsidio habría sido suficiente para instalar celdas solares en todas las casas del país.
“El problema es que esto afecta mucho al presupuesto por el alto monto del subsidio que se está destinando. Tampoco sabemos realmente cuál es el precio de la electricidad. No es como en otros países donde incluso hay más precaución en el uso; en México somos menos cuidadosos por el mismo hecho de saber que el servicio está subsidiado (…).
“El Gobierno debe destinar mucho presupuesto para pagar la diferencia entre lo que realmente le está costando la energía y el consumo que se hace, o sea lo que paga un hogar en promedio”, explica Ivania Mazari, investigadora del IMCO.
70% del territorio nacional es viable para instalar paneles solares y con ello aprovechar esa energía sustentable que genera un menor costo en beneficio de los mexicanos
El IMCO afirma que el 70 por ciento del territorio nacional es viable para instalar los paneles solares y con ello aprovechar esa energía sustentable que genera un menor costo.
Para transitar del subsidio generalizado a un subsidio de inversión para la implementación de las celdas solares, el IMCO indica que es necesario diseñar un programa para ir colocando esta tecnología de manera gradual, iniciando por los hogares de escasos recursos.
Uno de los elementos que le provoca grandes daños a los ingresos de la CFE son los subsidios que entrega, realidad que se podría revertir si se invierte en nuevas tecnologías para la producción de energía eléctrica
También considera que se debe diseñar y definir un esquema de financiamiento para la instalación de los equipos solares. El Instituto recomienda que para ello se podrían definirse programas de crédito con el apoyo de instituciones como el Infonavit, el Banco del Bienestar o Fonacot.
“La energía solar es más barata que la electricidad que se genera en algunas plantas del sistema actual. Entonces podrías ir sustituyendo y cuando tengas cierto acervo ya no vas a necesitar comprarle energía a las plantas que son más caras y algunas contaminan mucho y se podría ir construyendo un sistema más eficiente”, agrega Mazari.
Esta propuesta podría implementarse como un programa piloto en la ciudad de Méxicali, Baja California, y así aprovechar el alto nivel de radiación de la zona.
De sustituirse la generación de luz eléctrica con un modelo de celdas solares, la especialista determina que se beneficiaría tanto al usuario como al Gobierno, debido a que desaparecería el subsidio y podría aprovecharse la energía solar para reducir los efectos contaminantes de generar electricidad con otras fuentes.