La jerarquía eclesiástica mexicana trae la cara pintada de guerra. Es una afrenta al Estado laico que pasa por el insulto abierto y grosero al Presidente de la República. Su descalificación y agresión verbal contra Enrique Peña Nieto, un hombre formado por el Opus Dei, atento a los mandamientos éticos de la Iglesia, y probablemente el Ejecutivo más católico de todos los que se recuerdan en el México posrevolucionario, es inadmisible. Sus ataques obedecen a que como Presidente, Peña Nieto gobierna para todos los mexicanos bajo los principios del Estado laico, y no de sus agendas bíblicas. La intolerancia a la discrepancia, de quien sea contra cualquiera, es inadmisible. Pero en el caso de la Iglesia católica, la Constitución restringe sus derechos y haberes como institución. Que no se les olvide.

Los portavoces de la jerarquía católica expresan la indignación del clero por la iniciativa presidencial sobre matrimonios igualitarios, planteada por el Presidente dentro el contexto de los derechos humanos. ¿Por qué lesbianas, homosexuales y transexuales no pueden tener los mismos derechos que el resto de los mexicanos? ¿Por qué la Iglesia católica dice que atentan contra el orden natural de las cosas? Sus creencias, bajo los cuales rigen sus principios y su moral, no están inspiradas en Darwin, sino en la Biblia. Respetable su posición, pero nada más. Su fe no rige los Estados, salvo los fundamentalistas, como en la República Islámica de Irán o el califato que pretende el Estado Islámico. Su fe aporta soporte moral a los creyentes, pero en aquellas naciones donde el Estado está separado de la Iglesia, su filosofía, doctrinas y orientaciones se quedan dentro de los templos. Sus actividades públicas también están restringidas en varios países, como México.

El inciso “e” del artículo 130 constitucional establece: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”. Sin embargo, tanto la Iglesia católica, como otras iglesias, están violando este precepto y, en protesta por la iniciativa presidencial sobre los matrimonios igualitarios, utilizaron el púlpito para buscar la incidencia en el voto. No está claro aún si influyeron o no en él en estados como Aguascalientes y Tamaulipas, pero lo que sí se encuentra en los límites de la legalidad es la actividad política que realizaron y que, explícitamente, reconocen.

En una entrevista con el diario El Universal, el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, editor del semanario Desde la Fe, que lleva tres años y medio en campaña abierta contra el presidente Peña Nieto, negó que los sacerdotes y prelados hubieran realizado acto alguno de proselitismo. “Directamente no lo hubo”, agregó. “Lo que sí hubo fue una serie de orientaciones de obispos y sacerdotes que advertimos el peligro de estas iniciativas”. En una conferencia de prensa, el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, Arturo Farela, añadió: “No hicimos proselitismo; llamamos al voto responsable”.

Farela enmarcó la posición de cristianos y evangélicos como un acto de libertad de expresión. “Mientras no se fomente la discriminación, la homofobia, la falta de respeto a todos los grupos, no se debe tener miedo al debate”, dijo. En los hechos, lo que promovieron sus pastores fueron precisamente la discriminación, la homofobia y una sociedad partida entre ellos y los que adoptan la Ley Natural como credo ciego, y el resto. La jerarquía católica es menos sutil. En el editorial del domingo pasado en el semanario Desde la Fe, el sacerdote Valdemar escribió: “No cabe duda que el hartazgo ante la corrupción, la ineficiencia y la impunidad, así como la imparable violencia y la inseguridad en la que vive secuestrada la ciudadanía, han sido los factores que llevaron a la derrota del partido en el poder.

“Por eso… nos preguntábamos… si el Presidente no tenía prioridades que atender antes de hacer una propuesta legislativa destructora de la familia, de sus derechos y de sus valores. Ante dicha agresión… la sociedad se ha movilizado… manifestando un rechazo total a una iniciativa –que se pretende autoritaria–, y detrás de la cual está el intervencionismo extranjero… que financia esta perversión de los valores... No hay duda que la sociedad, inconforme con esta imposición destructiva e inmoral, ha reaccionado, y ha emitido un voto de castigo al Presidente y a su partido”.

La grey ha rebasado las fronteras del respeto y la convivencia. Hace unos días, el obispo de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, recordó la iniciativa de los matrimonios igualitarios, antes de insultar: “¿No será que (el Presidente) anda buscando gavioto en vez de gaviota?”. Nadie de la jerarquía eclesiástica lo desautorizó. Tampoco a Valdemar. Por tanto, uno supone, están de acuerdo con lo que plantean. Las iglesias se han pintado la cara de guerra. Si quieren hablar en el marco de las libertades, que se quiten las sotanas y que dejen de lado sus privilegios fiscales y económicos. Si no quieren que les quiten las prebendas, que respeten el Estado laico en el que viven. Que recuerden que este debate no es sobre la libertad de expresión, sino sobre leyes.

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