Ex diputados, en el banquillo de los acusados
La audiencia de formulación de imputación que se realizará en contra de las ex diputadas locales: Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vícera Alatriste, así como de Patricia Bandera Flores, exdirectora de Administración del Congreso por la probable comisión del delito de peculado tiene muchas aristas. Uno, la desvinculación que hizo el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez con el ex gobernador Graco Ramírez Garrido. Dos, un posible intento por ganar confianza y credibilidad ante la sociedad con un golpe de autoridad como pueden ser los ex diputados. Y tercero, tener sacrificables por todo el daño que se provocó en el sexenio pasado.
LA REACCIÓN DE LAS EX DIPUTADAS.- La diferencia de postura entre las dos ex diputadas imputadas. Por un lado, Beatriz Vícera Alatriste está pensando en irse o no a Puerto Rico, a la isla del encanto y despejarse de estos señalamientos y olvidar los malos ratos que vendrán por su actuar en el manejo de los recursos cuando fue integrante de la 53 legislatura. En tanto que Hortencia Figueroa Peralta, acudió a la Ciudad Judicial en Atlacholoaya, para solicitar le sea notificada del acuerdo contemplado para el próximo 29 de marzo. El delito de peculado por el que han sido imputadas es por más de 20 millones de pesos. Sin embargo, la ex alcaldesa fiel a su costumbre, da la cara y se mantiene firme en sus convicciones al tiempo de “ser una mujer que cree en el estado de Derecho y respeta el trabajo de las instituciones y que también estoy consciente de que frente a cualquier señalamiento y cualquier imputación, se tiene derecho a un debido proceso”. En virtud de ello, adelantó que atenderá puntualmente la defensa legal de su persona.
Estos señalamientos son los primeros que se han empezado a judicializar después de varias denuncias que presentaron por diversos delitos que supuestamente cometieron los integrantes de la 53 legislatura local, sin embargo, hay muchos otros personajes que pronto tendrán que solicitar los servicios de sus abogados para iniciar su defensa, dado que se busca evitar la impunidad que hasta el momento ha sido el pan de cada día en la entidad morelense.
Lo cierto, es que el simple hecho de que comparezcan ante un juez de control tras la formulación de imputación que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, puso a temblar no solo a Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, así Martha Patricia Bandera Flores, sino a los demás diputados que hicieron un saqueo impresionante de dinero público y como ejemplo, basta recordar las transferencia por varios cientos de miles de pesos que recibieron los pseudo presentantes populares en detrimento de la clase trabajadora.
En caso de que vayan a profundidad contra los ex diputados y ex diputados que pudieron incurrir en actos ilícitos en el manejo de los recursos económicos, y no sea solo una “llamarada de petate”, varios más de los 30 ex representantes tendrán que comparecer ante diversos jueces por las acusaciones que se han hecho en su contra por diversos delitos.
IMPUNIDAD LEGISLATIVA.- Como olvidar los cheques y transferencias que se hicieron en favor de la mayoría de los ex diputados ocales entre ellos, quien fuera presidente de la comisión de hacienda Eder Eduardo Rodríguez Casillas, personaje de tristes recuerdos que cobró seis cheques por un total de un millón 270 mil pesos.
Los ex diputados perredistas: Enrique Javier Lattiffe Betron, se llevó casi un millón de pesos. Anacleto Pedraza Flores, Beatriz Vicera Alatriste, Francisco Navarrete Conde, Edwin Brito Brito, Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, José Manuel Tablas Pimentel, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez Alarcón, además de Hortencia Figueroa Peralta. Y es que, los recursos públicos fueron cobrados en Banorte en el que se beneficiaron 13 diputados que pertenecían al PRD, uno del PRI y otro del Verde Ecologista.
Todo esto, trae a colación que durante las últimas décadas y más en los últimos años, los legisladores han hecho y desecho en el manejo de los recursos económicos y no pasada absolutamente nada, ningún castigo y mucho menos algo que los lleve a Atlacholoaya. Y basta recordar antes de irse, a solo días los diputados, al menos 15 de los 30 legisladores se otorgaron 46 cheques por un total de 9 millones 856 mil 787 pesos que les fueron depositados los días 30 de julio así como el 17, 22 y 29 de agosto del año pasado y que provocó una denuncia penal por sus sucesores ante la Fiscalía General en octubre pasado. Todo mundo supo de las transacciones que se hicieron entre los ex diputados locales quienes salieron millonarios al concluir su periodo de tres años. Y pese a ello, jamás dijeron en qué ni cómo se los gastaron. Mucho menos el motivo por el cual se los depositaron a sus cuentas personales.
Y cómo olvidar lo que hicieron los angelitos ex diputados, quienes desaparecieron documentos y expedientes oficiales para intentar borrar evidencias de los presuntos delitos, como lo denunciaron los actuales. La considerada –aún- peor legislatura de Morelos, provocó acciones no éticos aunque quizá no ilícitos, y un ejemplo de ello fue el esposo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, Luis Fernando Báez Barranco, quien estaba en la nómina como auxiliar desde el inicio de la LIII Legislatura.
La que aprovechó la repartición de plazas, fue la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la legisladora del PRD, Silvia Irra Marín, fue otras de las señaladas por sus actos de corrupción en el Congreso, además de aprovechar su cargo para sindicalizar a su hija y sobrino, Mercedes Adriana Ríos Irra y Gabriel Irra Vázquez, respectivamente. Anacleto Pedraza Flores, también dejó a su hijo José Manuel Pedraza Rosales, como auxiliar administrativo y José Manuel Tablas Pimentel, también sindicalizó a su sobrino Alfredo Flores Tablas.
En fin, podemos seguir mencionando a varios de los ex legisladores que hicieron y deshicieron con los recursos económicos para favorecer su bolsillo, además de aprovechar su cargo para beneficiar a sus familiares y amigos, son los que pronto, podrían estar en el banquillo de los acusados para que paguen por sus abusos y excesos.
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