Con el caso investigado hasta en los más absurdos y esotéricos resquicios; resuelto a plenitud sin encontrarse otra verdad que la del asesino único y con el victimario material e intelectual confeso, juzgado y sentenciado, el homicidio de Luis Donaldo Colosio desata de nuevo demandas de “esclarecimiento”.
El secretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene el pudor de decir que “en lo personal” no cree lo que de manera fehaciente está demostrado: que solo Mario Aburto Martínez cometió ese crimen, pero él considera que es “demasiado simplista" aceptar que "en el contexto de la madre de todas las batallas por el poder, que es el presidencial, el asesinato tuviera explicación en la mano de un asesino solitario. Nunca he aceptado esa tesis…”.
Por fortuna el problema no es de fe, por más difícil que sea digerir que no existen elementos racionales que conduzcan a un complot… excepto el que fraguó el tercer fiscal del caso, Pablo Chapa Bezanilla (hasta inventó un "segundo tirador"), para inculpar a Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y José María Córdova Montoya tanto del magnicidio como de las muertes del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y del ex secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.
Que Durazo desconfíe de que el asesinato se aclaró es lógico porque se fue con la finta de la conspiración que impulsaron antisalinistas oportunistas como el entonces senador José Luis Soberanes Reyes, el diputado Víctor Manuel Palma y dos o tres periodistas venales ("las viudas de Colosio”, les puso Monsiváis) que alentaron el sucio desempeño del "fiscal de las brujas": Chapa Bezanilla.
Las dos primeras fiscalías, a cargo de Miguel Montes y Olga Islas de González Mariscal, y la cuarta que encabezó el actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez (hizo la prueba del ácido a las indagaciones de sus predecesores y completó la investigación), concluyeron lo que no sacia las expectativas de quienes, 25 años después, necean con el imaginario complot.
Incomprensible por lo mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera el viernes que “hay que indagar, hay que insistir; que esto no quede impune, en el caso que se tratara de un crimen de Estado” (lo mismo prejuiciaba sobre el suicidio de Digna Ochoa cuando fue jefe del gobierno capitalino, pero su procurador Bernardo Bátiz y el subprocurador Renato Sales Heredia hicieron valer la verdad jurídica).
Maquinada esta sí, como se supo de inmediato por las revelaciones del sicario Daniel Treviño, fue la muerte de Ruiz Massieu, y la de Posadas resultó a causa de un narcofuego cruzado.
Con tanto problema por capotear, el gobierno debiera esquivar supercherías para no empantanarse creando comisiones para mantener vivos a los muertos. Sentimientos y creencias aparte, la de Colosio es una herida cicatrizada que no tiene sentido volver a abrir porque todo conduce, y nada más, a Mario Aburto Martínez.