La cuarta transformación poco ha servido para cambiar la difícil situación que viven los periodistas en México desde hace más de 12 años, prueba de ello es que en apenas cuatro meses seis informadores han sido asesinados y en lugar de mejorar los mecanismos de protección, el presidente se ha dedicado a atacar a la prensa que lo critica
Seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos han sido asesinados en los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La integridad de las personas que laboran en el gremio periodístico está en el limbo y bajo el riesgo de amenazas y agresiones, pues a casi cuatro meses de que inició sus funciones la administración federal encabezada por el tabasqueño, apenas ayer admitió que el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos implementado por el gobierno anterior no funciona y deberá modificarse.
A este panorama de violencia que atenta contra la libertad de expresión en el país, se suma el mensaje que lanzó ayer el presidente en su conferencia matutina, dirigido a estigmatizar a un sector de la prensa a la que llama “fifí”, por evidenciar e informar las fallas que ha tenido su gobierno.
Omar Iván Camacho, periodista deportivo que desempeñaba su labor en el estado de Sinaloa, fue encontrado muerto la noche del domingo en el municipio de Salvador Alvarado
Unas horas antes de que se difundiera la noticia de su muerte, Camacho participó en la transmisión radiofónica del partido de béisbol entre los Garbanceros de Guamúchil y los Diablos Rojos de Cubiri, de la Liga Arturo Peimbert Camacho.
Después del evento deportivo, los familiares del periodista perdieron la comunicación con él. Fue hasta el 24 de marzo cuando se reportó la aparición de una persona sin vida debajo de un puente de la autopista Benito Juárez; se trataba de Omar.
El informador de 35 años se convirtió en la sexta víctima de homicidio relacionada con la labor periodística en lo que va del Gobierno lopezobradorista; solo 10 días antes se había registrado la quinta: el periodista Santiago Barroso, quien fue asesinado el 15 de marzo al salir de su domicilio en el municipio San Luis Río Colorado en Sonora.
La respuesta por parte del Gobierno federal y la acción de comenzar a modificar el mecanismo de protección a periodistas debió ocurrir desde inicios de su gestión, explica Sebastián Salamanca, oficial del Programa de protección y defensa de periodistas de la organización Artículo 19.
“Que el Estado reconozca las carencias del mecanismo, es un primer paso. El problema es que es un anuncio tardío (…)
“Un amplio sector de las organizaciones que trabajan en derechos humanos y libertad de expresión venían gritando que se estaba recibiendo un país en crisis de violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos y que necesitábamos una respuesta contundente y urgente desde el Gobierno federal. Lo que vemos es que se tardan más de 100 días solamente para reconocer que las cosas no van por buen camino”, expone Salamanca.
Laura Rojas Hernández, diputada del PAN que preside la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara baja, coincide en que la respuesta de la administración federal fue lenta aun conociendo las deficiencias del mecanismo.
“Es muy preocupante que en estos meses que van del sexenio se haya registrado la muerte de seis periodistas. Esto quiere decir que evidentemente el mecanismo de seguridad sigue sin funcionar, todos sabemos que no ha sido eficaz prácticamente desde su creación, lo que sí llama la atención es que siendo un tema tan urgente, tan importante y tan sensible, apenas se esté revisando por parte del nuevo gobierno”
Datos de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión y de periodistas, aseguran que del año 2000 a la fecha en México han ocurrido 124 homicidios contra informadores.
Las estadísticas muestran que desde el 2000 cada año son asesinados en promedio 6 periodistas; no obstante, el 2017 y el 2016 fueron los periodos en los que más agresiones mortales hubo, con 12 y 11 casos, respectivamente.
De los 124 integrantes de la prensa que han sido víctimas de homicidio, Veracruz es la entidad con más número de casos, con 26. Le siguen Tamaulipas con 14, Chihuahua con 13, Oaxaca y Guerrero con 12, y Sinaloa con 6.
Aun cuando administraciones federales anteriores han intentado mitigar las agresiones contra la prensa, sus acciones han sido insuficientes.
Según el informe de Artículo 19 “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” presentado en febrero pasado,el 99 por ciento de los crímenes cometidos contra comunicadores siguen impunes.
La organización defensora del gremio periodístico destaca en el documento que ha observado desde hace al menos 13 años – durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- que los informadores son blancos constantes de homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables y represión en protestas.
En el Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas, Artículo 19 también evidencia que24 periodistas están desaparecidos desde el 2003 a la fecha.
Del año 2000 a la fecha en México han ocurrido aproximadamente 124 homicidios contra informadores
Para Beatriz Paredes, legisladora del PRI y secretaria de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, el gobierno debe poner énfasis en las medidas preventivas para contener la violencia contra los periodistas.
“Es inadmisible que el periodismo se haya convertido en una profesión riesgosa, por eso me parece que todos los órdenes de gobierno –municipales, estatales y federales- tienen que coadyuvar con el ejercicio del periodismo. En ese sentido ninguna medida debe escatimarse, primero para llegar a profundidad y castigar a los agresores y a quienes han cometido estos crímenes y con acciones preventivas que me parecen esenciales para proteger al gremio periodístico”, apunta la senadora.
Lucha fallida
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos presenta deficiencias que deberán modificarse.
En la conferencia matutina de la Presidencia de ayer, Encinas Rodríguez informó que entre las fallas que presenta el mecanismo están escoltas mal capacitadas y la desconfianza de los periodistas hacia el gobierno.
Actualmente, las medidas de seguridad abarcan un total de 792 personas de las cuales 292 son periodistas y 498 defensores de derechos humanos, según la información proporcionada por el subsecretario.
“De los 792 botones de emergencia que hay, 209 usuarios lo tienen apagado por más de 150 días debido a la falta de confianza en la autoridad, no quieren que la autoridad sepa dónde se encuentran”
Encinas también mencionó que de los seis periodistas víctimas de homicidio en lo que va de la gestión de López Obrador, solo Rafael Murguía –asesinado en Baja California en el mes de enero-, estaba bajo la protección del mecanismo.
El hecho de que un comunicador inscrito en el mecanismo de protección haya sido ejecutado habla del nivel de violencia al que está expuesta la prensa en México, afirma Sebastián Salamanca
“Debe encender todas las alarmas que uno de esos periodistas que han sido asesinados tuviera medidas de protección y que esas medidas no lograran impedir el homicidio, lo único que quiere decir es que el mecanismo no está cumpliendo su papel”, agrega el especialista de Artículo 19.
Ante los mecanismos de seguridad para los integrantes de la prensa, Alejandro Encinas informó que han detectado anomalías en el desempeño de la empresa RCU, la cual se encarga de la protección de periodistas en riesgo.
Actualmente el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos tiene bajo su cuidado a 792 personas de las cuales 292 son periodistas y 498 defensores de derechos humanos
Es por ello que el subsecretario anunció que se instrumentará una auditoría al fideicomiso que contiene los recursos para la protección de periodistas y que personal del Ejército Mexicano y de la Policía Federal realizará labores de escolta para el mismo fin.
El encargado de la subsecretaría de Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Gobernación, presentó las tres medidas con las que cuenta el mecanismo de protección.
Se trata de acciones urgentes, tales como la evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados y protección de inmuebles.
Otras de las medidas de seguridad son las tecnológicas y físicas, en las que se encuentran los botones de emergencia, instalaciones de cámaras y la entrega de chalecos antibalas.
También se prevén acciones de prevención que se tratan de difusión y capacitación sobre la importancia del trabajo que realizan periodistas y defensores; y la distribución de instructivos y manuales de auto protección.
El mecanismo de seguridad es una medida que fue implementada en julio de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, con el decreto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas, con la que se buscó no tolerar las agresiones a este sector.
Desde su creación, este esquema de protección ha sido muy cuestionado debido a su falta de resultados positivos y a la reducción en su presupuesto para atender la problemática para la que fue conformado.
De acuerdo con cifras de Artículo 19, de diciembre de 2010 a diciembre de 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició mil 140 investigaciones de las cuales solo 186 han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa solo el 16.3 por ciento del total de las denuncias
De esas más de mil investigaciones, se han obtenido solamente 10 sentencias, lo que representa sólo el 0.87 por ciento de efectividad por parte de la FEADLE.
El mecanismo de seguridad implementado en julio de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón ha sido un fracaso, pues carece de resultados positivos debido a su pobre aplicación, la cual también genera desconfianza entre quienes lo utilizan
Ante el problema, la descalificación
Durante su conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador volvió a criticar a la prensa que cuestiona el desempeño de su gobierno.
Andrés Manuel López Obrador ha prometido proteger la libertad de expresión y a quienes la ejercen, sin embargo, cuando ésta es utilizada para criticarlo, opta por atacar a la prensa con descalificaciones que, incluso, la hacen más propensa a sufrir ataques y agresiones
A la pregunta emitida por un reportero, sobre si las calificaciones como “fifí” o “conservadores” hacia algunos medios de comunicación derivaría en un desprecio innecesario hacia el gremio, el mandatario aseguró ser receptor de calumnias por parte de publicaciones periodísticas y que no se iba a quedar callado.
“Existe una prensa ‘fifi’, no es una invención, existe el partido de los ‘fifi’, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido, no están de acuerdo con nosotros, son nuestros adversarios.
“Entonces, el señalar de que existe un partido conservador, de que existe una prensa ‘fifi’, pues es decir lo que considero real, no es una inversión; y es parte de la democracia que podamos ejercer todos nuestro derecho a manifestarnos con libertad y con respeto”, expresó López Obrador.
El presidente de México asegura que existe una prensa “fifí” con una línea editorial dedicada a cuestionarlo y a “calumniar” todas sus acciones y a quienes se encuentran de su lado
El jefe de Estado añadió que las controversias en torno a su gestión tienen su origen en los dueños de dichos medios de comunicación.
“Si la prensa fifí todos los días, un día sí y el otro también se dedican a cuestionar y a veces a calumniarnos, todos los días, como sistema -porque hay una línea editorial en contra nuestra, no desarrollada a partir del pensamiento de cada periodista, de cada escritor, sino una consigna de parte de los dueños de los medios, del director, de un medio, de un periódico, una consigna a todos-, pues entonces tenemos el derecho de decir: existe esta prensa conservadora, fifí. Y es lo único que hacemos, señalarlo”, concluyó el presidente.
El discurso del Ejecutivo es una incongruencia con respecto a sus dichos de asumirse como una persona respetuosa, asegura la diputada Laura Rojas.
“Es condenable que el jefe del Estado mexicano que ahora tiene una función institucional de gobierno, que debería de asumirse él mismo como el presidente de todos los mexicanos, sea el primero en enarbolar esta narrativa de división y confrontación entre la sociedad, incluso de odio, entre unos ciudadanos y otros”
“Él no debería de distinguir, porque lo que está haciendo es absolutamente contradictorio. Él dice ‘yo soy respetuoso’ pero empieza a descalificar a todas aquellas personas que no están de acuerdo con todo lo que hace, no se prestan a una voz crítica que además es saludable en cualquier democracia”, expone la legisladora panista.
Al respecto, Sebastián Salamanca comenta queel presidente por un lado habla de garantizar y resguardar la vida de los periodistas, pero con sus descalificaciones pone en riesgo al mismo sector poniéndole etiquetas que lo hacen vulnerable de sufrir ataques.
“Vemos una contradicción en donde tenemos un Gobierno federal que por un lado dice ‘te voy a proteger’; pero por el otro te señala: ‘eres un aliado del poder, eres un ‘chayotero’, mentiroso o de la prensa fifí’”, apunta el integrante de Artículo 19.