Nunca ha sido sencillo gobernar Morelos: Jorge Carrillo no pudo y tuvo que renunciar, a Sergio Estrada le costó muchos millones de pesos evitar que lo destituyeran y Marco Adame apenas pudo aguantar su mandato. A Graco Ramírez lo protegió el congreso local y su amistad con el presidente. Entre ejercer el poder y gobernar hay un mar de diferencia.
Gobernar
La diferencia entre ejercer el poder y tener un plan de gobierno es enorme; lo primero es simple, basta estar en la posición de mando y actuar; aquí no importa el sentido, ni los objetivos, todo se reduce a dar ordenes sin pensar en las consecuencias. Lo segundo demanda de mucho más esfuerzo, implica actuar apegados a un programa, fijar metas y evaluar cada paso. La diferencie entre una cosa y la otra son los resultados.
Los tiempos presentes obligan a todas las autoridades a actuar con más planeación que ocurrencia, so pena que de no hacerlo las consecuencias pueden ser terribles. La sociedad se ha vuelto mucho más demandante con sus representantes populares, les exige más, los vigila más y pierde mucho más rápido la paciencia.
Lo que vemos hoy en el país es una sumatoria de conflictos que ponen a prueba al gobierno y su peculiar forma de ejercer el poder; hasta ahora las cosas han salido regularmente bien en el plano federal a pesar de que constantemente el presidente se mete en camisas de once varas y se complica sólo; el último ejemplo de ello es la petición de disculpa al gobierno español.
La popularidad de Andrés Manuel López Obrador es el más fuerte blindaje del ejecutivo federal frente a la crítica política, a la resistencia de los partidos y al reclamo de varios sectores que no ven con buenos ojos sus decisiones. El mandatario ha sabido sortear la crisis con ingenio, cada mañana en sus ruedas de prensa fija la agenda del país y luego con sus expresiones ataja hasta los abucheos que comienzan a presentarse en sus actos.
Es muy pronto para pedir al nuevo gobierno federal resultados en los grandes temas que aquejan al país, pero en términos generales las cosas han salido bien a la Cuarta Transformación en estos primeros cuatro meses de mandato; a pesar de los vaticinios de algunos sectores especializados, incluyendo las calificadoras internacionales, la economía nacional se mantiene estable y la paridad cambiaria vive sus mejores momentos.
El eje del discurso del presidente López Obrador no ha cambiado desde la campaña; combatir la corrupción es el mensaje central de todas sus exposiciones y ayudar a los que menos tienen se ha convertido en el estandarte de su administración. Aunque en varios rubros el nuevo gobierno no marcha como todos quisiéramos, mantener vigente el mensaje contra los corruptos ha ayudado al Presidente a sortear las crisis que se le presentan.
Y es que cuando se observa el rumbo de la administración federal se puede dar cuenta de un punto sustantivo: no existe un plan de gobierno. Andrés Manuel López Obrador y Morena se prepararon durante años para ganar la elección, pero no para gobernar el país, de ahí que en sectores como el energético, el turismo, el financiero, el agropecuario o la seguridad, por mencionar algunos, no se ve un planteamiento que vaya más allá del discurso simplista de combatir la corrupción. La suerte y la enorme animadversión social hacia los gobiernos pasados son todavía aliados del nuevo gobierno federal.
En el caso de Morelos pasa más o menos lo mismo, salvo que el ejecutivo estatal no tiene la presencia ni el manejo discursivo del Presidente. Cuauhtémoc Blanco también enarboló desde la campaña la bandera contra la corrupción y se convirtió en el adalid de la lucha contra Graco Ramírez, sólo que ese mensaje se ha desgastado porque hasta la fecha no se ve una acción concreta contra quienes lastimaron a los morelenses y mermaron el patrimonio del estado.
Un problema severo que enfrenta actualmente el gobierno estatal es la división interna, la formación de bloques dentro del gabinete y el golpeteo entre secretarios; por más que el gobernador ha insistido en que son un mismo equipo y no debe haber grupos, las diferencias siguen y cada vez son más notorias hacia fuera.
Este punto es sustantivo en el rápido desgaste que sufre el nuevo gobierno: al no haber camaradería y coordinación interna, los ataques que llegan al ejecutivo desde otros frentes ocasionan un mayor deterioro. Lo único que provoca la división del equipo de gobierno es facilitar las cosas a quienes desde enfrente apuestan por el fracaso de la administración.
Habría que poner varias cosas en perspectiva: a seis meses de gestión es sintomático que el mandatario y su equipo estén tan cuestionados, los tiempos electorales se han adelantado mucho y en unos meses más comenzará la efervescencia política por las elecciones intermedias; si el escenario no cambia, Cuauhtémoc Blanco no tendrá a Morena como aliado en las urnas, ni podrá impulsar figuras que para que desde el congreso local lo acompañen en la segunda mitad de su mandato.
Aunado a ello hay que observar que la Revocación de Mandato aprobada a nivel federal se va a replicar en los estados y Morelos no será la excepción; con este instrumento en funciones, todos los que desde ahora apuestan por la caída de Blanco Bravo tendrán camino libre para impulsar un plebiscito y poner contra las cuerdas a un gobierno que rápidamente va perdiendo popularidad entre los ciudadanos. ¿Cómo saldría Cuauhtémoc Blanco de un proceso de este tipo?
Aunque caminaron juntos en la campaña, la actual legislatura no es afín a los intereses ni al proyecto del gobernador; temporalmente el ejecutivo logró amainar las cosas y con la ayuda de Tania Valentina poner fuera de la jugada a uno de los principales opositores legislativos a su gobierno (José Casas), pero este acuerdo es temporal, poco consistente y de ninguna manera durará a lo largo de la legislatura.
Todavía más: Cuauhtémoc Blanco ya no tiene el apoyo de un partido nacional y en las elecciones del 2021 Morena difícilmente le permitirá impulsar candidatos; peor: si la relación se sigue desgastando, Morena será el principal punto de preocupación del gobernador, porque serán ellos quienes impulsarán la revocación de mandato para sacarlo del gobierno.
Todavía es tiempo de que el jefe del ejecutivo recomponga su escenario y vea más allá de lo inmediato, de que anticipe las cosas y actúe. Los conflictos que hoy enfrenta su administración son mediáticos, le desgastan, pero aún no le ponen en un verdadero riesgo político; lo que hay en la agenda federal y en los partidos, en cambio, sí puede ser un problema mayor si el titular del gobierno estatal no replantea su camino y comienza a recuperar la popularidad que tuvo en campaña.
Cuauhtémoc Blanco y su gabinete necesitan tener un plan de gobierno y necesitan avanzar unidos.
·posdata
En medio de las malas noticias sobre inseguridad y violencia apareció una buena: en menos de 30 minutos elementos de la Policía Morelos rescataron a una persona que había sido privada de su libertad con lujo de violencia en el municipio de Yautepec. El operativo fue rápido y efectivo y la clave del tema fue la utilización del Segurichat, una aplicación creada por la Comisión Estatal de Seguridad, paralela al 911, cuyo objetivo es actuar de manera inmediata en este tipo de situaciones.
Más allá de lo plausible del hecho, al Gobierno Morelos le convendría aprovechar este logro para desde ahí recuperar la confianza ciudadana perdida. La clave es el mensaje: si la gente denuncia, la autoridad actúa y hay resultados.
El Segurichar, cuentan en la CES, es una plataforma digital auxiliar al 911 que atiente emergencias ciudadanas en materia de seguridad, médicas y de protección civil; para que funcione se tienen que organizar las comunidades de los Comités de Vigilancia Vecinal (Convives) en coordinación con la CES, quien les asigna un número de chat para que estén en comunicación permanente y directa, para que reporten hechos que pudieran representar delitos. En el Segurichat están los mandos operativos y se coordina de acuerdo con el Convive, con la unidad más cercana.
El rescate de una persona secuestrada el lunes y la recuperación de varios vehículos robados el martes son puntos a favor del gobierno estatal en materia de seguridad; en lugar de que la nota del día sea el número de ejecutados, lo importante es comenzar a hablar de las acciones que realiza el estado en materia de combate a la delincuencia.
Es cambiar la narrativa, pero con hechos.
·nota
La semana pasada el asesor en materia de corrupción del gobierno estatal presentó una denuncia en contra del ex director de administración y finanzas del Sistema DIF Morelos con Elena Cepeda de León; los señalamientos son muy graves, lo acusa de Enriquecimiento ilícito, Operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, Tráfico de influencias y Defraudación fiscal.
Según el escrito de Gerardo Becerra, Alejandro Alonso Arriola ganaba 28 mil 60 pesos mensuales y adquirió inmuebles con un valor comercial de 25 millones de pesos. Alonso Arriola fue un personaje cercanísimo a la esposa de Graco Ramírez, Elena Cepeda, y le describen como el encargado de gestionar y obtener contratos ante la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo (UPAC) para recomendados de Rodrigo Gayosso Cepeda, por los cuales, presumen, obtenía comisiones superiores al 20 por ciento.
Quienes conocen a Alejandro Alonso Arriola refieren que antes de participar en el gobierno de Graco Ramírez no poseía el capital que hoy tiene, vivía como cualquier persona de clase media y no poseía los lujos que ahora tiene.
En el DIF, cuentan los que saben, se hicieron muchísimos negocios ordenados por Elena Cepeda y José Domingo Ramírez. Alonso Arriola fue un simple operador.
·post it
Cuentan que este lunes el ex subsecretario de obras del gobierno de Graco Ramírez y primer encargado del plan de reconstrucción en Morelos, Sergio Beltrán Toto, se presentó al juzgado tercero a solicitar un amparo.
El ex funcionario es una de las figuras más señaladas por la actual administración, le acusan de haber cometido faltas muy serias en su responsabilidad dentro de la Secretaría de Obras y desvíos millonarios con el dinero de la reconstrucción de las zonas dañadas por el sismo del 2017.
Sergio Beltrán Toto fue un hombre muy cercano a Graco Ramírez y estuvo dentro del cuarto de guerra de Rodrigo Gayosso; junto con Andrik Ruíz de Chávez se les ubica como los principales operadores de negocios en el sexenio pasado y piezas clave en el desvío de recursos y actos de corrupción de la familia gubernamental.
Llevarlos a proceso, cuentan en los pasillos de poder, es el primer paso para llegar hasta Graco, Rodrigo, Elena y José Domingo.
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Así lo refiere el portal Animal Político:
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gerardo “A”, exsecretario de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEMOR), por su presunta participación en el desvío de más de 22 millones de pesos en 2014 en complicidad con la Sedesol, bajo el esquema conocido como La Estafa Maestra.
De acuerdo con la FGR, Gerardo fue vinculado “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades”.
La vinculación se obtuvo con la medida cautelar consistente en presentación periódica cada 15 días, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) presentó los datos de prueba suficientes al Juez de Distrito, con residencia en el Reclusorio Preventivo Norte.
Gerardo “A” habría sido el responsable de firmar, en su papel de secretario de rectoría de la UAEMOR, un convenio que generó un presunto daño patrimonial por 22 millones 944 mil 101 pesos con la Dirección de Tecnologías de la Información de la Sedesol.
Gerardo “A” se encuentra preso en el Reclusorio Norte bajo el número de causa penal 30/2019.
Comentarios para una columna sonriente:
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