El Presidente señaló que estas instancias han servido para legitimar contratos leoninos; son ciudadanos expertos, aparentemente autónomos, que avalan este tipo de contratos, dijo
Aunque la ley considera la participación de testigos sociales en licitaciones públicas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla su desuso por haber jugado un papel de “alcahuetes” o “figuras decorativas” en la asignación de contratos adversos al interés nacional y por orquestar mecanismos parecidos al soborno.
“Vamos a revisar todos estos procedimientos y terminar con la simulación”, dijo.
Crónica ventiló ayer el aval de la organización Transparencia Mexicana (TM) a los procesos de licitación de seis gasoductos, cuyos contratos representaron un desfalco para las finanzas públicas: se encuentran inactivos, pero la Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagar a las empresas involucradas sumas millonarias por su operación y arrendamiento.
Un séptimo tramo fue respaldado por la Academia de Ingeniería (AI).
Las compañías beneficiadas son Grupo Carso de Carlos Slim, Fermaca de Raúl Monteforte, IEnova de Carlos Ruiz Sacristán y TransCanada de Robert E. Jones.
A ojos de Presidencia, pese a la estafa y corrupción evidentes, TM y AI, como testigos u observadores sociales, aprobaron los proyectos y los calificaron como congruentes al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan de Infraestructura, tendientes a abaratar los costos de la energía eléctrica en el país.
“Estas instancias, supuestamente independientes de la sociedad civil, han servido para legitimar contratos leoninos, los testigos sociales son ciudadanos expertos, aparentemente autónomos, que avalan este tipo de contratos”, reprochó el mandatario.
“Son figuras decorativas, por decir lo menos, porque si decimos lo más son como alcahuetes y entonces firman que está muy bien el contrato, que se ajusta a la política de desarrollo y que es bueno para el país. Y entonces se cumple con ese requisito y adelante, cuando la negociación se hizo de antemano a puerta cerrada, con influyentísimo y con corrupción de por medio”.
Adelantó una revisión de todos los procedimientos, “porque a los testigos sociales se les paga, cobran, es una especie de soborno, imagínense estos contratos: se estimó que la construcción de un gasoducto costaría mil millones de dólares y se terminó pagando hasta ocho mil millones de dólares, lo más inaudito es que el gasoducto no pasa a ser propiedad de la CFE, la que paga la construcción, sino se queda como propiedad de la empresa que construye, es más que corrupción”.
Apoyar este tipo de contratos y catalogarlos como buenos para la nación, dijo, “es una falsedad”.
–¿Su gobierno utilizará a estos testigos sociales?
–No, vamos por la transparencia total y la no simulación.
En torno a las empresas favorecidas, explicó: “No queremos escándalos o que digan que estamos rescindiendo contratos, por eso les hacemos un llamado a la renegociación voluntaria, de lo contrario significa la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad”.
–¿Y hay apertura?
–Sí, porque están conscientes de que fue algo desmedido, sin límite. La culpa no sólo es de las empresas, sino del gobierno. Muchos de estos contratos ni siquiera pasaron por el Consejo de Administración de la CFE, buscamos arreglos, porque ya con cumplir el requisito de los testigos el expediente pasaba, y ya no será así.
LO QUE DICE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de la Unidad de Medida y Actualización y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales.
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de días de la Unidad de Medida y Actualización y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales.