Puente de Ixtla: paraíso de la documentación falsa
La falsificación de documentos para las jubilaciones
Ni perdón ni olvido. Todo el daño que provocaron al estado y a los morelenses los ex diputados de la 53 legislatura local, no debe de ser perdonado porque fueron ellos, parte del proyecto que provocó un endeudamiento a Morelos por las próximas tres décadas; saquearon las arcas del Congreso y se convirtieron en los nuevos millonarios, ocasionando un retroceso económico, político y social en la tierra del general Emiliano Zapata.
PUENTE DE IXTLA… Hoy en día, se habla por parte de los actuales diputados locales que van con todo contra las “pensiones doradas”, que beneficiaron a sus familiares, amigos y gente a fin. Salarios que cobrarán de por vida y que lo menos que se otorgaron fue de entre 8 y 12 mil pesos pero hay casos ofensivos cuyos montos mensuales son aproximados a los 60 mil pesos. Una ofensa para los miles de jubilados que por tres décadas de servicio les otorgan de entre 5 a 8 mil pesos mensuales.
Sin embargo, lo que no dicen es ¿cómo y por qué lograron su jubilación?
Para especialistas en el tema, las jubilaciones doradas son el inicio de una red de delincuentes que tendrán que ser desenmascarados para evitar la sangría que le representan al erario los cobros excesivos y abusivos de muchas personas que no pueden acreditar sus años de servicios y pese a ello, hoy son beneficiarios de salarios que perciben a costa de los actos de corrupción que se construyó en la pasada legislatura pero en la que hay muchos involucrados y eso, no es otra cosa que delincuencia organizada.
Existe ya el antecedente de los diputados locales, particularmente los de MORENA quienes alertaron sobre un presunto fraude administrativo que se pudo haber cometido desde el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, en virtud de que se ha descubierto con las declaraciones de los propios lugareños que evidenciaron que el cabildo en el trienio pasado autorizó 70 pensiones a trabajadores y funcionarios.
Es decir, hubo diarrea de pensiones antes de que concluyera la administración de la perredista Dulce Medina Quintanilla, quien hizo una copia en el municipio que mal gobernó, de lo que sucedió en el Congreso local con las jubilaciones. Y lo triste es que no hay hasta el momento ninguna imputación al respecto.
Por ello, es tiempo de que se abra la cloaca de los Ayuntamientos y sobre todo en Puente de Ixtla, un municipio al que le han pegado severamente por la grave crisis de inseguridad que agobia a sus habitantes y no conforme con ello, todavía han tratado de asfixiarlo y exprimirlo hasta más no poder tan solo, por beneficiar a la familia Espín que ha tenido la administración de la zona durante décadas.
Dulce Medina Quintanilla, ex alcaldesa de Puente, de negros antecedentes, aprendió y siguió a la perfección todo lo que le dijo su esposo, José Espíndola, -primo del ex diputado Julio Espín-, quién es de los beneficiados en la pasada legislatura y obvio, presentó toda la documentación de su municipio natal. Esto, bajo el amparo de que nadie puede obtener la documentación que presentó para su jubilación por ser considerada como confidencial.
En septiembre pasado, quienes se pensionaron en Puente de Ixtla fueron las esposas del síndico José Santos Cabrera así como de uno de los integrantes de la Comisión de Prestaciones Sociales, Jesús Castro, lo mismo que Mario Sergio Talavera alcanzó ese beneficio en medio de un mar de dudas y actos irregulares en la documentación que no cuadra los números de años laborados con la edad que tienen. De estos casos son muchos.
LAS SANCIONES POR FALSICACIÓN DE DOCUMENTOS.- El artículo 243 del Código Penal, señala claramente que en el caso del delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa. Algo que se presume se realizó por un número importante de beneficiarios que hoy cobran pensionas de las denominadas doradas y que han afectado, a los trabajadores que sí cumplieron en tiempo y forma con la entrega de su documentación y los años de servicios pero que ante la duda, también serán sujetos a revisión.
De igual forma, hay quienes mencionan que en este sucio y espantanoso caso, el artículo 339 fija una sanción de seis a nueve años de cárcel, por lo que se presume hay gente que falsificó firmas, por lo que también la ley estipula por este delito en caso de rúbricas falsas o por la imitación o alteración de letras o firmas, entre otras causales,
Pero y ¿qué es la falsificación de documentos públicos? Se trata de casos en los que algún funcionario público que ejerciendo un acto de su función, hiciere un documento falso o alterare un documento verdadero, y para lo cual la ley estipula una sanción de castigado con tres a diez años de cárcel.
Por ello, es evidente que pudo constituirse la figura de la delincuencia organizada, en razón de que actuaron funcionarios en los Ayuntamientos, como por ejemplo en Puente de Ixtla, además la persona que los recibió y sabiendo que eran falsos los presentó a una dependencia pública como es el Congreso del Estado para lograr una pensión dorada. Y es justamente en el legislativo donde el funcionario en cuestión también pudo incurrir en situaciones anómalas y por ende, se tendrá que investigar para deslindar responsabilidades jurídicas y penales.
Email: gerardonoticias01@gmail.com
Twitter: @gerardosuarez73