LOS ERRORES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LOS MORELENSES LOS PAGARÁN HASTA CON SANGRE…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó terminar con la portación personal de drogas o “para consumo” de cada individuo y quienes sean detenidos sean privados de su libertad de 10 meses a tres años de prisión.
La medida pudiera considerarse buena, pero no positiva porque al haber constantes actos de corrupción entre los elementos de las diversas corporaciones policíacas, les otorgan elementos para extorsionar desde adolescentes hasta ciudadanos.
Un ejemplo reciente es la actuación del Mando Único cuando fue impuesto en Morelos y ahora con el Mando Mixto Coordinado siguen dándose casos de violaciones a las garantías constitucionales y derechos humanos de los morelenses, cuando son detenidos por los elementos policíacos.
Cuando llegó la beca-salario universal para los estudiantes del tercero de secundaria, medio superior y superior (al sexto semestre) los elemento de la policía estatal utilizaron sus mañas para detener a los alumnos y quitarles los recursos económicos que recibían del gobierno federal.
La extorsión no fue la única realizada durante la época de Jesús Alberto Capella Ibarra como comisionado estatal de Seguridad Pública, porque a los jóvenes al quitarles los 300, 500 y 800 pesos también les sembraban droga.
Con los mismos teléfonos celulares que traían los adolescentes les llamaban a sus padres para también extorsionarlos con cantidades ofensivas, a cambio de dejarlos en libertad.
Hoy como antes, la sociedad le tiene miedo más a los elementos policíacos que a los delincuentes, porque saben que con quien daña su patrimonio no pasa de ahí y con el vigilante todavía hay que enfrentar la cárcel y el desprestigio.
Por ello hay quienes siguen sin estar de acuerdo con varias de las decisiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hoy le han dado un gran negocio a los policías de Morelos.
Actualmente, para un 99.9 por ciento de los habitantes de Morelos la policía es desconfiable, por eso pidieron la entrada del Ejército, la Marina, y Policía Federal.
La SCJN le ha dado un elemento más a los policías estatales para continuar con sus actos de extorsión hacia la sociedad morelense, al aprobar que hasta el consumo mínimo de droga es punitivo, o de cárcel.
Los elementos policíacos, actualmente tienen todos los argumentos para salir y atropellar los derechos constitucionales y derechos humanos de la población morelense, basados en lo aprobado por el máximo tribunal al convertirse –de facto- en ley.
Así es que desde ahora los morelenses no solo tendrán que cuidarse de la delincuencia, también de las corporaciones policíacas estatales que saben sembrar droga a quienes detienen.
Es un asunto difícil pero que la sociedad también tiene derecho a expresar, sobre todo porque son los jóvenes morelenses quienes más resentirán la medida en tiempos de corrupción policíaca local.
Hace algunos días en las redes sociales fue visto un video donde los elementos de la CES violaron las garantías constitucionales de un joven estudiante, pero más aún lo trataron como un delincuente.
De ahí que los ministros incurrieron en un error social al aprobar –por mayoría- privar de su libertad la portación simple de droga que incluye la marihuana, cocaína, psicotrópicos y otras más.
Algunas personas quizá no sea para uso lúdico o bien drogarse como locos, sino medicinal y entre que son peras o manzanas podrían tener más que afectaciones física mentales al ser detenidos.
Quizá los ministros de la SCJN desconozcan lo que pasa al nivel pueblo, porque con sus salarios de 600 mil pesos mensuales viajan en camionetas de lujo y blindadas, pero aparte sus hijos tienen también –como ellos- vigilancia especial.
Pero abajo en el pueblo, la realidad es totalmente distinta, el hambre cunde y las drogas circulan menos en las escuelas públicas que en las privadas, porque los estudiantes que acuden al sistema oficial no tienen –en muchas ocasiones- ni para el transporte, no así en las privadas donde quizá estén los dilers que pudieran ser los hijos de los ministros de la SCJN.
Así es la realidad del México del siglo 21 y sobre todo en justicia administrativa, en donde la corrupción está a todo lo que da.