Aunque sería injusto suponer que los aproximadamente 100 mil profesores de enseñanza básica de la Coordinadora Nacional de (dizque) Trabajadores de la Educación son ineptos, lo cierto es que su facciosa dirigencia los hace abandonar tantas veces las escuelas (y los incentiva para que participen en movilizaciones) que su calendario escolar, en vez de comprender de 185 a 195 días por año, es en promedio de solo tristes 150, y mantienen a casi 2 millones de educandos en el peor índice de aprovechamiento.
Hacen que educan, pero abundan los carentes de conocimientos esenciales para confiarles un salón de clases (por eso este gobierno les regaló el cadáver del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación).
El breviario viene al caso porque la contrarreforma educativa en marcha será como la CNTE quiera.
La idea de abrogar las leyes del peñanietismo se inspiró en la resistencia de esa facción a las evaluaciones profesionales, los exámenes de oposición para ganar plazas y a que se le quitara el regenteo presupuestal que hacía de sus dirigentes los rectores de la enseñanza en sus cotos de dominio.
Tan es así que el Presidente de la República dijo ayer que instruyó al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para que “en todo aquello que pueda significar que se mantengan disposiciones que afecten a los maestros, se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan que somos iguales, no…”.
Como es evidente, el problema de fondo es conceptual porque la contrarreforma que se gesta debiera tener como centro de atención la calidad de la enseñanza, no los apetitos gremiales (sean éstos conservadores, liberales, metrosexuales, ateos, religiosos, progresistas o neoliberales). Y tampoco, desde luego, es un asunto personal, por lo que al Presidente no le debe preocupar con quién o quiénes pueda ser equiparado, ya que muy por encima de los derechos laborales, de las posiciones ideológicas y políticas o de las comparaciones, está el derecho de los niños de preescolar, primaria y secundaria, pues la Constitución dice con toda claridad que debe protegerse a la infancia como “el interés superior” de la nación.
Puesto contra la pared y con sus correligionarios en San Lázaro vueltos kleenex de los creciditos y envalentonados maistros, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, lo sabe bien: “Que quede claro: lo que están defendiendo hoy los sindicalistas (no: el sindicato nacional no es quien ha estado saboteando ésta ni ésta ni la anterior legislación) es la continuidad de las reformas de Peña Nieto. Con toda evidencia, no quieren resolver el problema…”.
Desde luego que no. De resolverse, esta organización criminal perdería su modus vivendi. La oposición a la de Peña le redituó el cobijo de Morena para alzarse con 40 diputados, pero va por más.
Ilusa, la CNTE cree que puede poner de rodillas a López Obrador...