El encargado de esa instancia sigue multiplicando el déficit; urge se designe al nuevo titular, dijo
Cabe recordar que el pasado 29 de noviembre, Vicente Loredo externó su dimisión por “razones personales”
La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Rosalina Mazari Espín, observó que existe un regazo de casi cinco años, en las responsabilidades de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
De igual forma, expuso que el encargado de esa instancia sigue multiplicando el déficit, por lo que es urgente que se designe al nuevo titular. Es preciso recordar que, el pasado 29 de noviembre del 2018, Vicente Loredo Méndez externó su dimisión, al aducir “razones personales”.
La parlamentaria agregó que hay diversas (no precisó la cifra) irregularidades que se han percibido; sobre todo, en materia de auditorías hacia los municipios. Dijo que ésa es una de las razones por las que se debe dar celeridad a la conformación de la nueva estructura.
Asimismo, extremó que, luego de escudriñar el trabajo hecho hacia 15 comunas, hay observaciones que impidieron la publicación de estos documentos. Por tanto, en este tema, sí existieron inconsistencias.
La lideresa de la fracción parlamentaria de esa fuerza política, manifestó que se debe hacer un análisis adecuado y “meticuloso” de las cuentas públicas para que, una vez que lleguen al Congreso, éste haga las declaratorias correspondientes, sin perder el tiempo de emitir objeciones (como es el caso, ahora).
Estableció que la 54 no es una legislatura sólo de “trámite”, sino de acuerdos; nunca al “amparo del poder ni en lo obscurito”. Como presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, destacó que todo se hará “conforme a derecho y con mucha transparencia; es lo que a mí me anima, junto con los integrantes de este órgano”.
El periodo del ex auditor concluiría en el 2023; en el 2015 fue designado por ocho años; sin embargo, por presiones de los legisladores locales, decidió renunciar.
Entonces, Loredo Méndez fue señalado de haber protegido a ex diputados de la LIII Legislatura, en presuntos malos manejos de recursos públicos y, por ello, aseguraron que iniciarían un proceso de destitución en su contra.
Incluso, José Casas González (quien aún pertenecía al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo) lo asoció con la desaparición de información administrativa y financiera del Congreso del estado. Aquél rechazó cualquier imputación.