Diputados alistan reforma laboral que cumple con exigencias del T-MEC, como garantías de democracia sindical y restricciones a empleadores.
La presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, advirtió el miércoles que no aprobarían el reemplazo del Tratado de Libre Comercio (TLC) a menos de que México impulse una legislación que proteja los derechos de los trabajadores.
Ayer circuló en San Lázaro el dictamen donde se plantean garantías de democracia sindical, la prohibición de injerencia de empleadores en actividades sindicales y la existencia de autoridades independientes para conciliar y resolver conflictos laborales.
"En el marco del anexo 23-A del T-MEC esta comisión dictaminadora atiende e incorpora de manera completa e integral los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en dicho instrumento, a través de diversos artículos", cita el proyecto que se entregó a miembros de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Dicho anexo señala que México deberá establecer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, así como prohibir el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción.
En respuesta a ello, el proyecto de dictamen establece en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo que los patrones o representantes tienen prohibido realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores.
Mientras que el artículo 358 prevé que los miembros de los sindicatos, federaciones, y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación, que implican la garantía de que nadie puede obligar a formar parte de un sindicato.
Empujan apertura sindical
El dictamen de la reforma laboral de la Cámara de Diputados busca obligar a los sindicatos a tener mayor transparencia e informar sobre la administración de los recursos financieros de la organización, los documentos de registro, estatutos y actas, entre otros.
Ello implica, además, que se conozcan datos del patrimonio de los sindicatos y que cada seis meses se obligue a rendir cuentas de los mismos.
El texto reconoce que las reformas legislativas de 2012 y 2014 se quedaron cortas en la transparencia sindical y que tampoco han sido suficientes las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para abrir a las organizaciones.
"Pese a los avances logrados en materia de transparencia sindical, las y los legisladores de esta Comisión dictaminadora reconocemos que éstos han sido limitados. Consideramos necesario retomar la opinión y experiencia de académicos, organizaciones sindicales, empresariales, abogados laboralistas y autoridades del Poder Judicial para fortalecer puntos clave en esta materia", menciona el proyecto.
El dictamen prevé una reforma al artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo para señalar que se deberá dar publicidad a la información de los registros de los sindicatos, a fin de armonizar sus disposiciones sobre transparencia respecto a la obligación de las autoridades, administrativas y jurisdiccionales, en materia laboral.
Estos documentos incluirán las tomas de nota, los estatutos, las actas de asambleas y todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical.
Asimismo, se estipula que la información deberá estar disponible en los sitios de internet del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
"Los sindicatos, federaciones y confederaciones podrán solicitar a la autoridad registral copias certificadas o simples de los documentos que obren en sus respectivos expedientes, así como cualquier persona que lo solicite, conforme a la legislación aplicable en materia de acceso a la información y protección de datos personales", cita el dictamen.
También se reforma el artículo 373, relativo a la rendición de cuentas a la que está obligada la directiva sindical sobre la administración del patrimonio de la organización.
El texto indica que deberá existir un informe semestral ante la asamblea, levantarse en actas y entregarse a la autoridad registral, así como a cada miembro del sindicato en forma completa, dejando constancia de su recepción.
"La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, debiendo levantar acta de dicha asamblea (...) la cual deberá ser entregada dentro de los 10 días siguientes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para su depósito y registro en el expediente".
El proyecto de dictamen estipula que las obligaciones no son dispensables.