Hasta ahora, la posición del gobierno federal ha sido que, en la primera mitad de esta administración, es decir, hasta 2021, no se propondrá ninguna reforma fiscal.

Y, por los datos que conocimos en los Pre-Criterios de Política Económica para 2020, así pareciera, por lo menos para el próximo año.

De acuerdo con el documento, los ingresos tributarios no petroleros del gobierno federal crecerán el próximo año en 1.5 por ciento este año, en el contexto de un crecimiento de 1.9 por ciento para el PIB.

Es decir, el único crecimiento de la captación tributaria será el explicado por el propio crecimiento de la economía.

No estoy seguro si esta circunstancia se podrá mantener así a lo largo del año en un contexto en el que el sesgo de los riesgos a la baja es superior a la oportunidad de un mayor crecimiento.

Uno de esos riesgos es la posibilidad de que la producción de petróleo no llegue a 1 millón 916 mil barriles por día que prevé el gobierno.

El último registro para un mes completo, correspondiente a febrero marca una producción de 1 millón 701 mil barriles diarios. Es decir, para que se cumpla el escenario previsto, se requiere un aumento de 215 mil barriles por día.

Hace más de 15 años que no se da un aumento de esta magnitud en la producción.

En contraste, la partida para pago de pensiones creció el año pasado a una tasa de 7 por ciento anual en términos reales y en el Presupuesto de 2019 se programó un incremento de 6.4 por ciento real.

Pero, hasta el mes de febrero, el crecimiento de este concepto es ya de 7.9 por ciento real, por lo que no sería extraño, que requiriera más recursos este mismo año.

Si en lo que resta del mes de abril se pasa la iniciativa para poder usar el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales para prepagar vencimientos de la deuda de Pemex, habrá alrededor de 140 mil millones de pesos menos para afrontar alguna contingencia en las finanzas públicas, lo que deja menos margen de maniobra aún.

No se diga si los temores respecto a una recesión en Estados Unidos en 2020 se hicieran efectivos, pues ello impactaría negativamente en la captación tributaria del próximo año.

En resumen, hay en el escenario probabilidades nada despreciables de que tengan que venir ajustes fiscales antes de que lo que el gobierno anticipaba.

Si éstos no se operan el próximo año, sería muy difícil procesarlos en 2021, pues se trata de un año electoral, así que tendrían que darse hasta que se instalara la siguiente legislatura, en septiembre de 2021, para que tuvieran afectos hasta 2022.

Quizás para entonces las finanzas públicas ya tendrían problemas más serios.

La realización, el día de hoy por la mañana, del Foro en Materia de Reforma de las Haciendas Públicas que organizan las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, es una buena oportunidad para discutir algunos elementos de esta reforma, que, se realice pronto o hasta la segunda mitad de esta administración, es algo inevitable, como también lo es que implica una redefinición del pacto fiscal federal, pues sin cambios en los esquemas locales de tributación, no se ve cómo pueda tener sustentabilidad nuestro sistema fiscal.

Los raquíticos ingresos propios de estados y municipios no pueden seguir como hasta ahora, lo que implica que los gobiernos y congresos locales asuman costos políticos en los que mayormente no han querido incurrir.