Kirstjen Nielsen renunció a la Secretaría de Seguridad Territorial, y el impacto por su salida del gabinete del presidente Donald Trump no tardaremos en verlo. Perdió la parte moderada del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y perdió México. Apenas la semana pasada, funcionarios mexicanos mencionaban que los problemas migratorios de Trump no eran sólo con México, sino que se encontraban sobre todo dentro de su gabinete, donde el choque más fuerte era con Nielsen. Les preocupaba su salida, que finalmente se dio, ante la eventual llegada de halcones y radicales en políticas de migración. Paradójicamente, quien parece haberle dado inadvertidamente la puntilla a Nielsen fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es cierto que Nielsen llevaba una relación tortuosa con Trump prácticamente desde que relevó hace casi año y medio a su mentor, John Kelly, que fue nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca –y tiempo después removido. Fue la responsable de la política migratoria de tolerancia cero, que afectó a árabes, mexicanos y centroamericanos. Sobrevivió en medio de aguas turbulentas hasta la crisis de migrantes centroamericanos que inició en octubre de 2018, pero ya no pudo neutralizar los cambios en las políticas migratorias del nuevo gobierno. La clave sobre el papel que jugó el presidente López Obrador en el desenlace final de la secretaria, la dio Kevin McAleenan, quien será su sustituto a partir del miércoles, quien el pasado 7 de marzo compareció en el Comité Judicial del Senado, como jefe de la Patrulla Fronteriza.

En esa comparecencia, McAleenan afirmó que las organizaciones criminales trasnacionales estaban “ganando tremendamente” gracias a los problemas de los migrantes centroamericanos, que estaban buscando llegar a Estados Unidos a través de México en números atípicamente crecientes. Los datos de Washington para este año eran utilidades en los dos primeros meses del año de 5 mil millones de dólares, con un crecimiento de aprehensiones de 360 mil personas, superior al total de capturas que se dieron durante todo 2017.

“Los contrabandistas de humanos escogen el momento y el lugar para que esos grupos crucen estratégicamente, a fin de dislocar los esfuerzos de seguridad fronteriza, crear una distracción del narcotráfico y permitir que individuos evadan ser capturados e intenten inmigrar”, agregó. “Peor aún, esos contrabandistas cometen una violencia horrible, asaltos sexuales y extorsión en algunas de las personas más vulnerables de nuestro hemisferio”.

McAleenan dijo a los senadores que una parte de la responsabilidad del incremento masivo de inmigrantes centroamericanos era del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus políticas de regularización de migrantes y la laxitud en la aplicación de las leyes para repatriarlos, como había sido con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con la primera de varias caravanas en octubre. En esa convicción estaba la molestia de Trump, quien amenazó con cerrar la frontera con México si eso no se revertía. Nielsen fue apoyada por el gobierno mexicano, que no sabía que su final se acercaba, cuando le dieron victorias pírricas para entregar a Trump: aceptar en mediano plazo hasta 9 mil deportados por mes, para tener tiempo de asimilarlos de manera definitiva en territorio mexicano, e incrementar las deportaciones de inmigrantes centroamericanos. Trabajarían conjuntamente para capturar a líderes de redes tráfico humano en Chiapas y Veracruz, y romper sus redes financieras. Obvio, no fue suficiente.

La salida de Nielsen concluyó una creciente frustración de Trump y su principal asesor político en materia migratoria, el extremista Stephen Miller, quienes consideraban que la secretaria no había dado resultados convincentes en una negociación exitosa con México. Nielsen era dura, pero no halcón. Días antes, Trump retiró el nombramiento de Ronald Vitiello, apoyado por ella, para dirigir la Oficina de Aduanas y de Inmigración del Departamento de Seguridad Territorial, porque el presidente había cambiado de opinión y buscaría implementar una política “más dura” en ese campo.

No está claro si McAleenan será ratificado, como adelantó el domingo la cadena de televisión CBS. Este es el problema que ven los moderados en Estados Unidos y algunos funcionarios mexicanos con la salida de Nielsen, porque redefinirá la política migratoria y abre el camino al nombramiento de un radical en el cargo. McAleenan no dio esa impresión al dirigir la Patrulla Fronteriza, pero tiene experiencia en el combate al terrorismo, como director de la Oficina Contraterrorista del FBI que participó en la guerra contra Osama bin Laden, los talibanes y Saddam Hussein.

De manera coincidente o no, Trump ha coqueteado en las últimas semanas con reclasificar a los cárteles de la droga de organizaciones criminales transnacionales, a terroristas, con lo que elevaría el nivel de lucha y las atribuciones de su gobierno. Pero su nombramiento, aunque sea como refresco de la gestión de Nielsen y de Kelly, que reconocían perfectamente el problema de la seguridad como un fenómeno regional, no tiene el perfil de ser una persona que podría tener largo kilometraje en la administración Trump.

El temor en las áreas más sensibles del gobierno mexicano es quién moverá realmente los hilos de la política migratoria. Las noticias son ominosas. Quien ganó la batalla en la Casa Blanca fue Miller, que expandió su influencia en la casa Blanca y se convirtió, de facto, en el zar migratorio. En un correo electrónico al portal conservador Daily Caller, hace una semana, Miller adelantó que habría “un agresivo esfuerzo para utilizar a cada autoridad para reducir la migración indocumentada”. Ya revisó y la purga comenzó. También el endurecimiento de la política migratoria de Trump, resultado no deseado de la política migratoria romántica y de visión estrecha del gobierno mexicano, causantes colaterales de esta radicalización.