La anomalía que veían los economistas se disolvió. Se preguntaban, ¿cómo es posible que baje el consumo en todos los rubros, haya inflación y desempleo creciente y la confianza del consumidor sea positiva? El INEGI respondió al dar a conocer el Índice de Confianza del Consumidor de febrero, donde los niveles son los más bajos del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los peores desde enero de 2017. Hay incertidumbre por la inseguridad, y desconfianza en la política económica. La percepción ciudadana se está alineando con la de inversionistas, analistas, bancos privados nacionales y extranjeros, instituciones multilaterales y organismos internacionales, que suman a esos factores dudas por las señales contradictorias de López Obrador. La más grande, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco.

Cancelar el proyecto como resultado de una consulta concentrada en los municipios pobres en el sur del país, tuvo consecuencias económicas inmediatas, pero sobre todo, lanzó una señal de alerta al mundo. Al gobierno de López Obrador lo empezaron a ver con cuidado. Las inversiones se frenaron y la economía se contrajo. La Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento para 2019 y 2020, pero el Presidente insistió que crecería en dos por ciento y que para finales del sexenio el crecimiento estaría en cuatro por ciento. El Fondo Monetario Internacional lo desmintió ayer al dar a conocer sus expectativas de crecimiento en el mundo. Las señales emitidas por el nuevo gobierno, llenas de incertidumbre política, produjeron un nuevo ajuste a la baja para estos dos años.

Frente a las noticias negativas, López Obrador siempre acelera el paso. Aún no reacciona sobre el nuevo balde de agua fría que le tiró el FMI, pero en situaciones similares en el pasado, disfraza los malos números con acusaciones a políticos, empresarios, órganos autónomos y prensa.

López Obrador no entiende de economía, y a sus colaboradores les cuesta mucho trabajo explicarle las cosas porque tampoco razona. La subordina a sus objetivos políticos, olvidando que acciones similares llevaron a la ruina al país. Él mismo lucha contra sus creencias y se mete en contradicciones. Las evidencias de que la economía del país estaba mucho más grave de lo que se imaginaba, lo ha hecho enfurecer en algunas ocasiones y molestarse con propios y extraños.

Tuvo que aceptar el recorte presupuestal que le propuso el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, cuyo tufo neoliberal es superior a los que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el que tanto se compara, al demostrarle que el dinero en las arcas del tesoro simplemente no alcanzaría, con todos los indicadores en contra, más la caída en la recaudación y en el empleo. El subsecretario Arturo Herrera dijo que para aumentar la recaudación contemplaban restablecer la tenencia de automóviles en el país, y horas después el Presidente lo desmintió por completo. Este choque con la realidad evoca un dicho tabasqueño: lo mejor de todo, es lo peor que se va a poner.

Pero para López Obrador, esto puede significar el final anticipado de su sueño transformador. ¿Qué puede hacer sin cometer un suicidio financiero? Enviar una señal a los inversionistas de que entendió que lo que quería hacer, como lo quería hacer, no funcionó, y es capaz de rectificar. ¿De qué escala tendría que ser esa rectificación? La respuesta sería tirar la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y reanudar la construcción en Texcoco. El mero planteamiento, dada la necedad del Presidente, parece descabellado. Sin embargo, una consideración que podría hacerse, es que la disyuntiva está entre restablecer un proyecto y encontrar la forma de tener el menor costo político posible, o pagar costos económicos, políticos y sociales de mayor envergadura en el largo plazo.

Santa Lucía es un aeropuerto que sí puede construirse, pero que de acuerdo con los estudios de aeronavegabilidad, no puede operar en forma simultánea con el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. Construirlo sería como añadir una pista más en la Ciudad de México sin ampliar el tráfico aéreo. No sólo organismos internacionales han concluido en ello, sino que un estudio de la Fuerza Aérea Mexicana dice lo mismo. Empeñarse en Santa Lucía, visto logísticamente, provocará una disrupción en las operaciones de las aerolíneas. Y en términos de seguridad, existe la certeza de la cancelación de vuelos internacionales.

El Presidente no sabe de estos temas y los responsables de él, tampoco. Pero dentro del gobierno hay personas con conocimiento técnico y financiero de lo que significa entercarse en Santa Lucía. López Obrador tiene una oportunidad, aunque en un principio parezca una locura política. Una pista más en Santa Lucía, disfrazada de nuevo aeropuerto, no provocará el crecimiento de Texcoco, aunque el gobierno diga lo contrario. Texcoco no era la mejor opción; era la única posible. Una de las empresas a las que se recurrió por su opinión, que así lo determinó, es Aeropuertos de París, a la que le comisionaron el Plan Maestro de Santa Lucía. Al paso que va, ni siquiera estaría lista su primera fase antes de terminar el gobierno. El nuevo aeropuerto de Estambul, como espejo, arrancó este fin de semana su primera fase operacional, tras casi cinco años de construcción sin problemas.

López Obrador puede intentar el rescate de la confianza de los inversionistas, y quitarles la idea de que es un aventurero como jefe de Estado y que sí es capaz de corregir una decisión equivocada. Para ello, sin embargo, se requiere que cuando menos crea los números que le presentan los no radicales, y que se aleje de quienes empapan todo en demagogia, retórica y, sobre todo, embustes.