Para la nueva reforma educativa se requiere la aprobación de al menos dos tercios del Congreso federal y 17 legislaturas estatales, lo cual es imposible por la férrea oposición del profesorado faccioso.
El titular de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió hace días que si la CNTE no deja trabajar a los legisladores, se quedará como está lo que se aprobó en el peñanietismo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisará de nuevo el tema, a fin de abrogar lo que insiste en ver como “la mal llamada reforma educativa” y restituir lo rescatable de la legislación anterior a 2013.
Cualquiera que fuese el escenario, lo delicado es que lo que se quisiera legislar deben aprobarlo mayorías calificadas (dos tercios del Congreso federal y 17 estatales) pero, como se ha visto, senadores y diputados están a merced de lo que les permita la ensoberbecida CNTE.
De ahí la importancia de tomar en cuenta lo que un constitucionalista irreprochable, el doctor Diego Valadés (Instituto de Investigaciones Jurídicas, universitario de excelencia, ex procurador general, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia), dice en El asalto a la razón de MILENIO Tv: la mejor salida es que el Presidente de la República deje las cosas como están y no tocar la reforma peñanietista, sino aplicar la nueva política educativa que desee.
Este enfoque me sorprendió porque he dado por sentado que todo debe partir de la Constitución, pero Valadés me hizo entender que una cosa son los preceptos básicos y otra la monserga de que se detalle lo que puede resolverse en leyes secundarias o en el ejercicio de la política pública. Lo entiendo así: una cosa es que haya derecho a la salud y otra que en la carta magna se incluya el directorio de hospitales y clínicas, o que en el derecho a la alimentación se incluyan recetas de cocina.
Me explicó que la de Peña fue reforma constitucional para darle rango a las evaluaciones y evitar los amparos de la justicia federal. López Obrador, en vez de una nueva reforma, puede manejar las evaluaciones y otros ángulos sensibles por la vía de incentivos, no de lo que considera una política “punitiva”.
Dado el empantanamiento de la nueva reforma (tampoco “contrarreforma”, como equivocadamente la he calificado), la fórmula propuesta me parece de lo más sensato, sobre todo considerando el picoso ingrediente que acaba de ponerle al tema la profesora Elba Esther Gordillo, quien, en plena coincidencia con su enemiga la CNTE, que la quiere de nuevo en la cárcel, opina también que la de López Obrador es la misma gata de Peña, pero revolcada.
Esto pasa por darle vuelo a las demandas ilegítimas de los peores “educadores” y regalarles 40 diputaciones federales, por ignorar al sindicato que tiene la titularidad del contrato y por darle alas a la guerrera que quiere recuperar el liderazgo.