El sector empresarial observa que en el dictamen de Reforma Laboral que ayer aprobaron los diputados hay temas muy importantes que no se atendieron.

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar, ponen el énfasis en la libertad de no pertenecer a ningún sindicato.

El Artículo 390 Bis no garantiza la libertad de los trabajadores, sino que los limita a tener que votar por alguno de los sindicatos participantes en el procedimiento de negociación colectiva.

El Artículo 920 debe contemplar que el aviso de huelga se acompañe del acta de la votación en la que la mayoría de los trabajadores del sindicato aprueben las peticiones y el emplazamiento.

Sobre el derecho de la mayoría de terminar un movimiento de huelga, los empresarios plantean que el Artículo 929 incluya un párrafo sobre la posibilidad de terminar el conflicto por un acuerdo.

Éste debe ser entre el patrón y la mayoría de los trabajadores y no permitir que la huelga tenga una duración indefinida y a merced de quien represente al sindicato.

En el dictamen se adiciona que el patrón podrá solicitar la calificación de la huelga cuando transcurran 60 días, pero el sector patronal estimó que el término debe reducirse a 15 días.

Y es que el periodo, luego del estallamiento, es demasiado extenso y todo ese tiempo impacta y va en detrimento de la subsistencia de un centro de trabajo.

Según los expertos del sector privado, sobre la sanción de presentar hechos falsos sobre las condiciones de trabajo se incluyó el horario, pero faltó incluir la categoría.

Se considera vital evitar que los juicios sean de alta contingencia para los patrones, primordialmente aquellos que tienen micros y pequeñas empresas.

En esa tesitura es indispensable inhibir prácticas consistentes en señalar condiciones de trabajo distintas a las reales y regular de mejor manera la prueba de inspección.

Con todo, ayer, conforme a lo dicho aquí el martes: la palabra empeñada de los secretarios Marcelo Ebrard, Luisa María Alcalde y Graciela Márquez, de que habría reforma laboral, se cumplió.

Ahora viene el análisis de la letra chiquita.

FUE EN 2012 cuando un grupo de jóvenes mexicanos anunciaba la creación de un fondo inmobiliario en Estados Unidos, particularmente en Florida, para aprovechar las ofertas que había dejado la crisis de bienes raíces en ese país. Daban entrevistas, presumían sus conocimientos y triunfos en el sector y sobre todo prometían retornos atractivos a sus inversionistas. Quien los lideraba era José Ortega, hijo de José Ortega Martínez, el que fuera socio de Ignacio Guerra y dueño de la Universidad del Valle de México y de sus inmuebles antes de venderlos al fondo Laureate y vivir ahora de las rentas de esos edificios. Resulta que a 7 años de haber sido creado, el fondo Vulcan es un fraude y ha despojado de su patrimonio a sus inversionistas. Su director general, Iñaki Negrete, es acusado de lavado de dinero para el clan del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y fue expulsado de Estados Unidos. Se embargaron ya las propiedades de ese fondo, mientras que se tienen juicios abiertos en contra de Negrete y sus socios Ortega y Emilio Braun Burillo. Ortega aún no ha testificado y nos dicen que pronto podría ser llamado a cuentas por la autoridad en su calidad de fondeador principal de Vulcan, donde su hijo y amigos han cobrado millonarias cantidades a costa de los ahorradores. Este es uno de los fraudes mas importante del sexenio pasado, perpetrado con vehículos de inversión “legales”, pero con personas sin escrúpulos.

EL MIÉRCOLES SESIONÓ el Consejo de la Judicatura, que preside el ministro Arturo Zaldívar. Como le adelantamos, se propuso y acordó nombrar a Edgar Bonilla como director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom). Pero asumirá esa posición hasta el 1 de mayo. El funcionario se desempeña actualmente como vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Adalberto Palma. Fue director de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal, cuando la dirigía el ahora también ministro Javier Laynez. En lo privado, trabajó en Deloitte.

MÁS ALLÁ DE las complicaciones operativas que tuvo hace un par de semanas, fíjese que Interjet sostiene negociaciones con Banorte para acordar un producto de marca compartida. Se trata de una tarjeta de crédito corporativa para los clientes del banco que dirige Marcos Ramírez y preside Carlos Hank González. Santander que dirige Héctor Grisi, tiene una con Aeroméxico de Eduardo Tricio y Volaris que lleva Enrique Beltranena tiene otra con Invex de Juan Guichard. Lo de Interjet con Banorte todavía no está aprobado.

LO QUE SERÍA un “acuerdo de participación” en los Fondos Rotatorios para la Compra de Vacunas y el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, terminó siendo una “declaración de intención” entre la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de Salud. Nos dicen que desde la Secretaría de Hacienda, que comanda Carlos Urzúa, vino el jalón de orejas al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, por los altísimos costos que implicaba para México.

EN LA SECRETARÍA de Comunicaciones y Transportes, que comanda Javier Jiménez Espriú, hay un proyecto interesante que se está desempolvando. Se trata de construir una nueva autopista que conecte la CDMX con Querétaro. Se parte de la base de que la actual vía cada vez es más intransitable para vehículos particulares, dada la cada vez mayor proliferación de tractocamiones y camiones pesados. Este plan está en el escritorio del subsecretario de Infraestructura, Cedric Escalante.