Así lo revela el Banco Mundial en su documento de trabajo Política de Carreteras en un gobierno dividido. La evidencia de México, en el que se muestra cómo los ex mandatarios también castigaron a las poblaciones donde ganó la oposición.
El trabajo, que combina datos georeferrenciados de carreteras y los resultados electorales de 1990 a la fecha, muestra que “los municipios que votan por los candidatos del partido del Presidente, posteriormente reciben una parte desproporcionada de carreteras financiadas por el gobierno federal”.
“Este contexto institucional y político de más de dos décadas nos arroja a la luz la interacción entre la política y la inversión pública”, detalla.
El estudio elaborado por los economistas Harris Selod y Souleymane Soumahoro demuestra "un patrón sorprendente entre la Presidencia y la construcción de carreteras. En los municipios donde el partido del Presidente obtuvo la mayoría en las elecciones legislativas reñidas, la longitud de la carretera federal fue más del doble respecto a los sitios donde ganó la oposición”.
Refiere que en los últimos 30 años las presidencias de PRI y PAN se caracterizaron por impulsar grandes programas de infraestructura vial: en 1988, Salinas de Gortari puso en marcha el “ambicioso” Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) al que asignó 15 mil millones de dólares para la construcción de 5 mil 800 kilómetros de carreteras en seis años.
Del mismo modo, los gobiernos panistas de Fox y Calderón dedicaron a la construcción y rehabilitación de vías 26 mil millones de dólares. Mientras que en el gobierno del ex presidente Peña Nieto se invirtieron 30 mil millones de dólares en infraestructura vial.
A la par de estos programas, los ex mandatarios nacionales proponían mayores recursos a los municipios donde ganaba su partido dentro de los Paquetes Presupuestales. Luego, la Cámara de Diputados “influía en la distribución estratégica”.
Caminos de la 4T
El pasado 22 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa Nacional de Infraestructura de Carretera con el que buscará expandir y dar mantenimiento a las vías de comunicación mediante la construcción de 5 mil 531 kilómetros de nuevos caminos y una inversión de 14 mil 200 millones de pesos durante los próximos seis años.
Agregó que el plan tendrá especial énfasis en la región sur sureste del país, la cual se rezagó del crecimiento del resto del país durante el periodo “neoliberal”.
“Lo primero es el mantenimiento a la infraestructuras, a las obras, lo segundo es en efecto terminar con obras inconclusas”, dijo.
En su turno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, señaló que son este tipo de programas a los que se dedicará parte de los recursos que en otras administraciones se usaron para obras suntuosas, y que se buscará acabar con la corrupción que por años ha “corroído” al sector de la construcción.
El mandatario nacional dejó en claro que su gobierno buscará que las comunidades decidan por ellas mismas la forma en que utilizarán los recursos, por lo que les recomendó no contratar a empresas, sino a la gente de la región para que sean ellos mismos los obreros y que el dinero se quede en la localidad, apoyados con capacitación técnica de la SCT.
Subrayó que con la entrega de estos recursos se busca acabar con la corrupción y los “moches”, porque anteriormente “no bajaban” o con la primera lluvia los caminos se deslavaban y volvían a ser de terracería.
El estudio revela que este fenómeno es más común cuando existen “gobiernos divididos”, es decir, cuando el partido del Presidente en turno no tiene mayoría en las cámaras, o bien, donde el Ejecutivo estatal es de otro partido.
“En México se registra un enfoque de regresión discontinua en elecciones cerradas, donde hay fuerte evidencia en la asignación de fondos federales para carreteras en las circunscripciones que eligen legisladores del partido del presidente en ejercicio.
El efecto más fuerte se da con un gobierno dividido, cuando el Presidente no tiene mayoría y busca controlar el Legislativo”, señala.