Violencia ¿Quién va perdiendo la batalla?
El problema de violencia en Morelos es enorme y no tiene precedente. El número de muertes se combina con otros delitos que ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal ha podido contener. ¿Cómo se debe afrontar una situación así?
Violencia ¿Quién va perdiendo la batalla?
El problema de inseguridad y violencia nos ha rebasado a todos: a los gobiernos en sus tres niveles, a la sociedad y a la opinión pública; los primeros no han podido encontrar la forma de contener el avance de los grupos delictivos, la sociedad se ha sumergido en una vorágine de desconfianza y enfado y la opinión pública muchas veces confunde el sentido de las cosas. El final todos perdemos, todos quedamos mal y todos padecemos los embates de los grupos delictivos. Los únicos que ganan en este escenario son quienes actúan fuera de la ley.
El problema delictivo que enfrentamos en el país y en el estado es mucho más grave de lo que parece; institucionalmente representa un reto mayor, el más grande de todos y el que más tiempo va a llevar resolver. Enfrentar a la delincuencia con los escasos recursos con los que cuenta el estado no sólo es una tarea titánica, también requiere de un fuerte acompañamiento social y un buen plan de medios.
Pero lo de fondo en esta historia es entender que el problema históricamente nos ha dividido como sociedad y recurrentemente hace perder la brújula a unos y a otros. Cuando la violencia aumenta (cosa que ha sucedido recurrentemente en Morelos durante los últimos 20 años) se abre una brecha entre sociedad y gobierno que termina por enfrentar a todos los que apuestan por la paz. Explico:
En las crisis de inseguridad el gobierno se queda solo, se separa de los ciudadanos y enfrenta individualmente el problema; algunas veces como un acto consciente de las autoridades y otras como resultado de la falta de una estrategia, pero al final la pelea se da en forma desigual, colocando a las autoridades como los enemigos y a los policías como el mal que se debe de combatir. Ahí empieza el error.
Es imposible que un gobierno (cualquiera) pueda combatir sólo a un monstruo de mil cabezas y salir victorioso; nunca ha pasado. La lucha contra los grupos delictivos y la violencia requiere de la participación colectiva, de la suma de voluntades y de la claridad de que autoridades y ciudadanos están en el mismo bando.
Las declaraciones que ayer hicieron por separado el Jefe de la Gubernatura José Manuel Sanz y el Comisionado de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros tienen mucho de verdad, aunque carecen de eco entre los ciudadanos. Sin la participación de la gente, si no hay denuncias y el ciudadano no colabora con las autoridades, es imposible resolver el problema. La gente no denuncia y eso fortalece a los grupos criminales.
Pero habría que entender que la falta de participación ciudadana a través de las denuncias no es casual, sino resultado de la desconfianza de la población hacia sus autoridades. Y no faltan razones: Con Jorge Carrillo Olea los secuestradores operaban desde la Procuraduría; con Sergio Estrada Cajigal los delincuentes estaban coludidos con la Policía Ministerial; Marco Adame brindaba protección al narcotráfico a través de su Secretario de Seguridad y Graco Ramírez pactaba vía Alberto Capella. ¿Con qué confianza se puede denunciar?
Hoy la batalla contra la delincuencia la va perdiendo el estado y la vamos perdiendo todos. Los ciudadanos y la opinión pública nos hemos convertido en severos críticos del actuar de las autoridades, los señalamos, los censuramos, los acusamos sin tomar en cuenta que lo único que logramos es hundirnos más en un problema que todos los días arrebata vidas humanas y gana terreno en todos los sectores.
No digo con esto que el camino sea aplaudir al gobierno o celebrar las estrategias fallidas de seguridad, de ninguna manera, me refiero a la necesidad de hacer una pausa en el camino y entender que el asunto nos está carcomiendo y se convierte en un problema de proporciones mayúsculas que puede conducirnos a un callejón sin salida.
Pongamos por ejemplo a Detroit en los Estados Unidos: hace 50 años era la ciudad más rica del mundo, ahí estaban instaladas más de 40 plantas armadoras de autos y la calidad de vida era superior a la de casi todas las metrópolis del planeta… hasta que se agravó el problema de inseguridad. Treinta años de violencia sin control bastaron para que esa ciudad se fuera al hoyo y casi todas las empresas e industrias huyeran; la calidad de vida se perdió, las plantas armadoras cerraron (hoy sólo quedan dos) y la ciudad se volvió una de las más pobres el mundo. Todo en 30 años.
Independientemente de la estrategia policial que definan las autoridades, el gobierno estatal tiene que cambiar la visión de cómo enfrentar el problema. Los grupos criminales son mucho más fuertes que el estado, están ocultos y todos los días se multiplican; incluso la capacidad financiera de las bandas delictivas es mayor a la del gobierno y su fuerza en todos los sentidos es superior a la de los policías. ¿Qué hacer ante ello?
Un punto fundamental es que las autoridades de los tres niveles entiendan que esta batalla no se puede ni se debe dar individualmente, se necesita forzosamente del apoyo de la ciudadanía y para que ésta participe es condición indispensable restablecer los lazos de confianza. Nadie denunciará o colaborará con las autoridades si se cree que los policías y el gobierno están coludidos con la delincuencia.
Incluso para el manejo de la percepción es sustantivo que el gobierno recupere ese valor: si el gobierno se acerca a la gente y conquista de nuevo su confianza, la lucha contra la delincuencia y todas las demás acciones que lleve a cabo la administración (cualquiera que sea) serán más sencillas. La pregunta clave es ¿Cómo lograrlo? He ahí el dilema.
Ganar la confianza no es un tema sencillo, la confianza y la desconfianza son condiciones humanas que se mueven por diferentes factores y en el caso de la credibilidad en las instituciones se requiere de mucho tiempo y esfuerzo para consolidarla. Pero hay que empezar.
Cuauhtémoc Blanco y su equipo deben entender que la batalla contra la delincuencia es demasiado grande para que la den solos, tienen que superar sus recelos personales hacia los demás y hacer equipo con la sociedad. El mandatario tiene que acercarse a la gente, abrir su agenda, escuchar a los ciudadanos y sumar voluntades en una lucha que lo supera como gobierno y nos rebasa a todos como sociedad.
Debemos entender que el problema nos está carcomiendo como estado, arrebata vidas, cierra negocios y rompe familias. No se trata de asumir una postura optimista o romántica frente a un escenario sumamente complicado, sino de dimensionar que el problema es mayor y se requiere de mucho más que policías para resolverlo.
La clave es la reconciliación entre la gente y sus autoridades. El primer paso lo tiene que dar el gobierno.
- posdata
La diputada petista calificó de ineficaz la estrategia de seguridad implementada en Morelos y exigió al gobierno del estado que implemente otras medidas diferentes en el combate a la delincuencia.
Tania Valentina, por cierto, es acusada por su homólogo José Casas de incurrir en actos de corrupción y varias veces en los últimos años ha sido señalada de tener vínculos con grupos delictivos y utilizar a su partido para postular a gente relacionada con el narcotráfico.
El tema de seguridad y violencia en Morelos es muy complejo y en él convergen muchos factores e intereses; los delincuentes no son sólo aquellos que roban y trafican, los que matan o secuestran, también están los que protegen y les brindan facilidades para actuar a los criminales.
El llamado de la legisladora es válido, pero tendría que ser acompañado de la participación real de un poder (el Legislativo) que debe sumarse más allá de una declaración.
Declarar sólo para salir en la prensa es sencillo. Asumir un compromiso real con la ciudadanía y con el bienestar colectivo, no es tan fácil.
- nota
Era el primer día de abril del 2012, habían transcurrido apenas unos meses de que inició la nueva administración y el gobierno estatal a través de su secretario de gobierno Jorge Messeguer Guillén declaraba en rueda de prensa que “la cuenta pública hasta septiembre de 2012 no presenta la situación financiera real del estado, en desapego a las normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.”
No fue una declaración banquetera, sino una rueda de prensa en la que participaron el secretario de gobierno Jorge Messeguer Guillén, los secretarios de Hacienda y de la Contraloría, Adriana Flores Garza y José Enrique Iñesta Monamay y el Procurador Fiscal Juan Salazar Núñez.
En esa ocasión el jefe de la política interna habló de las irregularidades que encontraron y anunció que habían interpuesto una denuncia penal por un monto de 159 millones 964 mil pesos. También dijeron que analizaban una posible denuncia por la retención de impuestos a los trabajadores del Poder Ejecutivo Estatal que no fueron reportados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Secretaría de Hacienda federal por Impuesto Sobre a la Renta (ISR) y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, por un monto total de 207 millones 809 mil 165 pesos.
“De 67 expedientes revisados, por un importe de 175 millones de pesos, en 63 se observó falta de transparencia en la contratación de bienes y servicios, mediante procedimientos contrarios a la Ley de Adquisiciones”. El funcionario dijo que no era una actitud persecutoria, pero que no pasarían por alto irregularidades de esta naturaleza: “No es una cacería, no es borrón y cuenta nueva, no es una persecución, pero tampoco vamos a ser tapadera de nadie”.
Por su parte la secretaria de Hacienda Adriana Flores explicó que la deuda pública que recibió el Gobierno de la Nueva Visión tenía un saldo de mil 480 millones de pesos. “Existen 71 observaciones pendientes de solventar de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que suman la cantidad de 758 millones de pesos, a lo que debe hacer frente el Poder Ejecutivo”.
Seis años más tarde los carniceros se volvieron reces y las faltas que dejó el graquismo superan por mucho lo que hizo Marco Adame.
Y a pesar de todo en ninguno de los dos casos, hasta ahora, se ha sancionado a los corruptos.
- post it
Para entender el tamaño del problema de seguridad en México observemos los siguientes datos:
El Índice Paz en México tuvo un retroceso del 4.9 por ciento durante 2018, lo que lo coloca como el peor año desde que se realiza la medición; la principal razón del retroceso fue el aumento del 14 por ciento en la tasa de homicidios que en 2017 fue de 24 por cada 100 mil habitantes y para 2018 pasó a 27 por cada 100 mil habitantes.
El Instituto para la Economía y la Paz asegura que la violencia tuvo un impacto económico en el país de 5.16 billones de pesos, cifra que representa el 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 10 por ciento más que en 2017. “La violencia le costó a cada mexicano 40 mil pesos per cápita”.
El índice destaca que la paz mejoró en 10 estados, y tuvo un retroceso en 22 entidades, lo que confirma que el 2018 ha sido el peor año para la paz en el país. “La tasa de homicidios alcanzó niveles históricos altos al registrar 27 muertes por cada cien mil habitantes, es decir, más de 34 mil víctimas”.
- redes sociales
Guarneros dice una cosa y Carmona otra. ¿A quién le creemos?
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